El plan piloto del Govern para introducir agentes de los Mossos d’Esquadra de paisano en centros educativos ha irrumpido de lleno este miércoles en la sesión de control del Parlament y ha agravado aún más la ya tensa relación entre el ejecutivo de Salvador Illa y buena parte de la oposición, en un contexto marcado además por la creciente conflictividad en el sector educativo.. Lejos de recular, el president ha optado por cerrar filas con una iniciativa que ha definido como una “prueba de concepto” basada en la voluntariedad de los centros y sujeta a evaluación. Illa ha insistido en que el proyecto solo se aplicará allí donde sea solicitado y que, en función de sus resultados, se decidirá su continuidad. “Si ningún centro lo pide, no se llevará a cabo”, ha resumido, subrayando su confianza tanto en el criterio de los docentes como en la labor de mediación de la policía catalana.. El Govern defiende que se trata de una medida limitada en el tiempo, concebida a partir de demandas de algunos entornos educativos y alineada, según ha recordado el propio Illa, con prácticas existentes en otros países de la OCDE. Sin embargo, este argumentario no ha servido para rebajar la presión política ni social sobre el ejecutivo.. Críticas. La oposición ha respondido con un rechazo prácticamente unánime. Desde Junts per Catalunya, su portavoz Mònica Sales ha acusado al Departament d’Educació de “generar nuevos problemas” y ha defendido que la autoridad en las aulas debe recaer en los docentes, no en la policía. La formación independentista ha ido más allá y ha vinculado la medida con el malestar creciente del profesorado, recordando la convocatoria de hasta 17 jornadas de huelga hasta final de curso y denunciando que el Govern se mantiene “enrocado” ante las demandas sindicales. Ha recordado que los docentes piden «mejores sueldos, menos burocracia, mejores condiciones, ratios más bajas y una educación inclusiva real», y el Govern, «lejos de solucionar problemas, crea nuevos».. También Esquerra Republicana de Catalunya se ha mostrado crítica, aunque con un tono más contenido. Su portavoz, Josep Maria Jové, ha resumido su posición con una fórmula clara: más recursos educativos y menos presencia policial en los centros.. Donde el rechazo ha sido más contundente es en los grupos de los comuns y la CUP. Jéssica Albiach ha acusado al Govern de intentar abordar conflictos sociales con herramientas policiales, alertando de que la medida puede estigmatizar a los centros educativos y reclamando, en su lugar, más psicólogos, educadores sociales y políticas contra la pobreza infantil. En una línea aún más dura, la diputada de la CUP Pilar Castillejo ha acusado a Illa de asumir planteamientos propios de la extrema derecha y de impulsar una ofensiva contra la escuela catalana.. El choque político se produce además en paralelo a una crisis abierta con la comunidad educativa que amenaza con enquistarse. La convocatoria de 17 días de huelga por parte de sindicatos contrarios al acuerdo firmado por el Govern con CCOO y UGT ha elevado el conflicto a una nueva dimensión, hasta el punto de que la oposición habla ya de una impugnación general a la gestión educativa del ejecutivo.. Pese a ello, Illa ha defendido el acuerdo firmado con los sindicatos mencionados como el mejor alcanzado hasta la fecha y ha reivindicado su compromiso con una “educación excelente” en Cataluña. El president, sin embargo, no ha dado señales de querer modificar el rumbo ni en el frente laboral ni en el de la seguridad en los centros.
El president insiste en que la medida es voluntaria y evaluable pese a la oposición frontal
El plan piloto del Govern para introducir agentes de los Mossos d’Esquadra de paisano en centros educativos ha irrumpido de lleno este miércoles en la sesión de control del Parlament y ha agravado aún más la ya tensa relación entre el ejecutivo de Salvador Illa y buena parte de la oposición, en un contexto marcado además por la creciente conflictividad en el sector educativo.. Lejos de recular, el president ha optado por cerrar filas con una iniciativa que ha definido como una “prueba de concepto” basada en la voluntariedad de los centros y sujeta a evaluación. Illa ha insistido en que el proyecto solo se aplicará allí donde sea solicitado y que, en función de sus resultados, se decidirá su continuidad. “Si ningún centro lo pide, no se llevará a cabo”, ha resumido, subrayando su confianza tanto en el criterio de los docentes como en la labor de mediación de la policía catalana.. El Govern defiende que se trata de una medida limitada en el tiempo, concebida a partir de demandas de algunos entornos educativos y alineada, según ha recordado el propio Illa, con prácticas existentes en otros países de la OCDE. Sin embargo, este argumentario no ha servido para rebajar la presión política ni social sobre el ejecutivo.. Críticas. La oposición ha respondido con un rechazo prácticamente unánime. Desde Junts per Catalunya, su portavoz Mònica Sales ha acusado al Departament d’Educació de “generar nuevos problemas” y ha defendido que la autoridad en las aulas debe recaer en los docentes, no en la policía. La formación independentista ha ido más allá y ha vinculado la medida con el malestar creciente del profesorado, recordando la convocatoria de hasta 17 jornadas de huelga hasta final de curso y denunciando que el Govern se mantiene “enrocado” ante las demandas sindicales. Ha recordado que los docentes piden «mejores sueldos, menos burocracia, mejores condiciones, ratios más bajas y una educación inclusiva real», y el Govern, «lejos de solucionar problemas, crea nuevos».. También Esquerra Republicana de Catalunya se ha mostrado crítica, aunque con un tono más contenido. Su portavoz, Josep Maria Jové, ha resumido su posición con una fórmula clara: más recursos educativos y menos presencia policial en los centros.. Donde el rechazo ha sido más contundente es en los grupos de los comuns y la CUP. Jéssica Albiach ha acusado al Govern de intentar abordar conflictos sociales con herramientas policiales, alertando de que la medida puede estigmatizar a los centros educativos y reclamando, en su lugar, más psicólogos, educadores sociales y políticas contra la pobreza infantil. En una línea aún más dura, la diputada de la CUP Pilar Castillejo ha acusado a Illa de asumir planteamientos propios de la extrema derecha y de impulsar una ofensiva contra la escuela catalana.. El choque político se produce además en paralelo a una crisis abierta con la comunidad educativa que amenaza con enquistarse. La convocatoria de 17 días de huelga por parte de sindicatos contrarios al acuerdo firmado por el Govern con CCOO y UGT ha elevado el conflicto a una nueva dimensión, hasta el punto de que la oposición habla ya de una impugnación general a la gestión educativa del ejecutivo.. Pese a ello, Illa ha defendido el acuerdo firmado con los sindicatos mencionados como el mejor alcanzado hasta la fecha y ha reivindicado su compromiso con una “educación excelente” en Cataluña. El president, sin embargo, no ha dado señales de querer modificar el rumbo ni en el frente laboral ni en el de la seguridad en los centros.
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