La patronal CEOE va a trasladar una petición al Gobierno, consensuada entre 18 asociaciones empresariales, en la que se urge al reequilibrio de la contratación pública frente a la subida de costes energéticos y de suministros que está motivando el conflicto bélico en Oriente Próximo. Las alarmas han saltado en la construcción, entre operadoras de agua, proveedoras de servicios urbanos o en el transporte por carretera, entre otros sectores habituales en la relación entre compañías y administraciones. La propuesta se basa en la implantación de un mecanismo excepcional de actualización o revisión de precios básicos para la ejecución de los contratos y se remitirá al Ejecutivo previsiblemente este martes. Una vez superado el actual agobio se pide que esa medida coyuntural se convierta en estructural y se haga obligatoria en la contratación pública.. Seguir leyendo
Una veintena de asociaciones, entre ellas CNC, Seopan y Anci, coordinan en la CEOE la petición de una revisión excepcional de precios de los materiales, la mano de obra y la factura energética en los proyectos en marcha y en próximas licitaciones
La patronal CEOE va a trasladar una petición al Gobierno, consensuada entre 18 asociaciones empresariales, en la que se urge al reequilibrio de la contratación pública frente a la subida de costes energéticos y de suministros que está motivando el conflicto bélico en Oriente Próximo. Las alarmas han saltado en la construcción, entre operadoras de agua, proveedoras de servicios urbanos o en el transporte por carretera, entre otros sectores habituales en la relación entre compañías y administraciones. La propuesta se basa en la implantación de un mecanismo excepcional de actualización o revisión de precios básicos para la ejecución de los contratos y se remitirá al Ejecutivo previsiblemente este martes. Una vez superado el actual agobio se pide que esa medida coyuntural se convierta en estructural y se haga obligatoria en la contratación pública.. La reacción empresarial, explican fuentes cercanas a las negociaciones, ha sido impulsada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y las asociaciones Seopan y Anci, entre las que cunde el temor a la quiebra de los presupuestos de ejecución de la obra pública. “Hay obras de calado que ya se han parado hasta que se normalicen los precios, y los fabricantes de materiales están sufriendo restricciones y subidas de las materias primas, por lo que nos anuncian que van a tener que subir precios. Esto se ve claramente en la obra pública y afectará también a la promoción de vivienda”, explica el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén.. Los colectivos demandantes de un reequilibrio de la contratación pública en ejecución, y de la implantación obligatoria de la revisión de precios en futuras licitaciones, suman 64.000 millones en producción anual agregada y 1,6 millones de trabajadores en este país (7,4% del empleo total). En lugar de reclamar cada uno por su lado, han decidido sumar fuerzas en la patronal que lidera Antonio Garamendi.. Las mayores contratistas de obra pública, bajo el paraguas de Seopan y Anci, ponen de manifiesto que la crisis desatada por el ataque de EE UU e Israel sobre Irán, con el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz, se ha desencadenado cuando aún persisten los efectos inflacionistas derivados de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. El presidente de Seopan, Julián Núñez remarca la escalada “del 49% en el precio del betún asfáltico, básico para el nuevo plan de mejora de firmes de carreteras anunciado por Transportes, del 13,7% en el aluminio, de un 7% en el acero y de casi el 5% en la madera”, desde el inicio de la guerra en Irán. “Se están produciendo los mismos efectos que en 2022 motivaron la aprobación por el Gobierno del Real Decreto-ley 3/2022 de medidas excepcionales en materia de revisión de precios para paliar la coyuntura inflacionista del covid y la guerra de Ucrania”, sentencia Núñez, representante de la construcción y vicepresidente sectorial de CEOE.. Las obras en marcha para las distintas administraciones, se observa desde Anci, corren el riesgo de verse impactadas por sobrecostes en materiales básicos o en los combustibles y la energía. El colectivo que preside Concha Santos, maneja información interna que ratifica el citado encarecimiento del 10% al 25% en hormigones, áridos, acero, ladrillos o plásticos. Destaca muy especialmente la citada subida del betún, derivado del petróleo utilizado para aglomerar mezclas asfálticas en carreteras e impermeabilizar estructuras, coincidiendo con Seopan en que alcanza el 50%.. Además de complicar el avance de proyectos en marcha, desde Anci se sostiene que la inflación genera incertidumbre sobre los contratos futuros de obra pública. “La petición del mecanismo de revisión de precios se eleva a todos los órganos de contratación de las diferentes Administraciones: Gobierno, comunidades autónomas y Administraciones locales”, declara Santos. La actualización de los costes de ejecución en la obra pública se estrenó en España en 1945, pero su aplicación obligatoria decayó en 2015, en plena crisis financiera, con la Ley de Desindexación. Una vez que dejó de ser un punto fijo en los pliegos, la mayoría de los órganos de contratación dejaron de aplicarla, trasladando a las contratistas el riesgo de la volatilidad de precios en suministros básicos.. El detalle de la propuesta encauzada a través de CEOE incluye la recuperación de la obligatoriedad de incorporar este tipo de fórmulas de actualización de precios; la revisión de los costes laborales, que fue suprimida en 2007; la entrada, en el ámbito de la revisión, de los contratos de servicios con duración inferior a cinco años, y la derogación de la desindexación en la contratación pública.. Antes de cualquier tipo de reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, la petición de la revisión excepcional de precios incluye cuatro modificaciones respecto al mecanismo que fue aprobado por el Gobierno en 2022: la eliminación del umbral del 5% de ejecución del contrato para el reconocimiento del derecho a la actualización; la supresión de la exclusión del primer año y primer 20% ejecutado del contrato; eliminar el tope de compensación en el 20% sobre el precio de adjudicación; la inclusión de la energía y los costes laborales afectos al proyecto en revisión, y la incorporación de los contratos de servicios y de concesión.. En defensa de estas demandas se va a exponer que los incrementos de costes laborales obligatorios y la inflación acumulada desde 2015, cuando desaparece de facto la revisión de precios, han hecho saltar el equilibrio financiero de los contratos públicos. Fuentes de la CEOE señalan que, antes de esta nueva crisis, uno de cada diez contratos públicos quedaba desierto, situación que puede agravarse y que amenaza con situar en pérdidas a las obras y servicios en ejecución.. También se incide en que la evolución de precios que va a las estadísticas del INE no recoge la realidad del mercado, resultando un déficit oculto que absorben las contratistas. En medio de esta tormenta, la concurrencia de empresas a contratos públicos cae de una media de 5,9 en 2018 a 2,9 en 2024, según datos que maneja la patronal.
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