La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico, pero advirtió que no permitirá “la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero” tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa (oeste de México), Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político”, señaló la mandataria al leer un comunicado durante su conferencia de prensa matutina.. El Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hizo públicos ayer miércoles cargos por presuntos delitos de narcotráfico y armas contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, un senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán (capital del estado), a quienes vincula con el Cartel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.. En su comunicado, la gobernante mexicana explicó que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas un día después a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación conforme a la legislación mexicana.. La mandataria, que cuestionó la difusión del documento por parte de Estados Unidos, subrayó que corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos de prueba suficientes para proceder en territorio mexicano.. “Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, sostuvo.. Asimismo, criticó que, según la información enviada por Estados Unidos las pruebas se basan en el “dicho de una persona” pero insistió que deben haber “pruebas contundentes” para que se gire una orden de aprehensión.. El miércoles, la FGR informó que iniciará una investigación para allegarse de la información necesaria y determinar si la acusación estadounidense cuenta con fundamento legal suficiente para solicitar órdenes de aprehensión.. El caso ha provocado un fuerte sismo político en México, en medio de tensiones con Washington y de la polémica reciente por la presunta presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua en operativos contra el narcotráfico.. Tras conocerse la acusación, Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos y los calificó como un ataque contra su persona y contra el movimiento político encabezado por Sheinbaum.. La presidenta insistió en que la relación con Estados Unidos debe darse en términos de igualdad. “México establece una relación de iguales con todas las naciones. Nunca de subordinación y menos de entreguismo”, concluyó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico, pero advirtió que no permitirá “la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero” tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa (oeste de México), Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político”, señaló la mandataria al leer un comunicado durante su conferencia de prensa matutina.. El Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hizo públicos ayer miércoles cargos por presuntos delitos de narcotráfico y armas contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, un senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán (capital del estado), a quienes vincula con el Cartel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.. En su comunicado, la gobernante mexicana explicó que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas un día después a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación conforme a la legislación mexicana.. La mandataria, que cuestionó la difusión del documento por parte de Estados Unidos, subrayó que corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos de prueba suficientes para proceder en territorio mexicano.. “Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, sostuvo.. Asimismo, criticó que, según la información enviada por Estados Unidos las pruebas se basan en el “dicho de una persona” pero insistió que deben haber “pruebas contundentes” para que se gire una orden de aprehensión.. El miércoles, la FGR informó que iniciará una investigación para allegarse de la información necesaria y determinar si la acusación estadounidense cuenta con fundamento legal suficiente para solicitar órdenes de aprehensión.. El caso ha provocado un fuerte sismo político en México, en medio de tensiones con Washington y de la polémica reciente por la presunta presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua en operativos contra el narcotráfico.. Tras conocerse la acusación, Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos y los calificó como un ataque contra su persona y contra el movimiento político encabezado por Sheinbaum.. La presidenta insistió en que la relación con Estados Unidos debe darse en términos de igualdad. “México establece una relación de iguales con todas las naciones. Nunca de subordinación y menos de entreguismo”, concluyó.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político”, señaló la mandataria
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