Durante décadas, Suecia proyectó hacia el exterior una imagen de país abierto, socialmente avanzado y relativamente flexible en materia migratoria. Pero esa percepción lleva años cambiando. La entrada en vigor este 6 de junio –coincidiendo simbólicamente con la Fiesta Nacional– de una nueva y más restrictiva ley de ciudadanía confirma hasta qué punto el debate sobre inmigración e identidad ha transformado la política del país nórdico.. La reforma, impulsada por el Gobierno conservador del primer ministro Ulf Kristersson con el apoyo parlamentario de la ultraderecha de los Demócratas Suecos (SD), endurece significativamente las condiciones para acceder a la nacionalidad sueca. El Ejecutivo defiende la medida como una herramienta necesaria para reforzar la integración y la cohesión social. Sus críticos, en cambio, la consideran parte de un giro político cada vez más influido por la agenda antiinmigración.. Entre los cambios más polémicos figura la ampliación del período mínimo de residencia legal exigido para solicitar la ciudadanía, que pasa de cinco años a ocho años, así como mayores requisitos lingüísticos y de conocimiento de la sociedad sueca que deberán demostrarse a través de sendos exámenes oficiales. También se endurecen los criterios relacionados con antecedentes penales y comportamiento cívico.. La oposición de izquierdas no logró en abril sacar adelante en el «Riksdag» (Parlamento) por una solo voto un período transitorio para las 100.000 personas que presentaron su solicitud a la saturada Oficina de Migración de Suecia.. Uno de los afectados es Jasper van der Ster, un joven holandés que se mudó a la ciudad sueca de Jönköping en 2019. Aún confiaba en que sus caso se resolviera antes del 6 de junio. «Quiero formar parte de la sociedad y poder influir en el futuro, y eso se puede hacer votando. Pero solo se puede si se es ciudadano sueco», declaró Jasper al informativo de la televisión pública SVT.. La filosofía detrás de la reforma es clara: la ciudadanía deja de concebirse como el paso final natural de un proceso de residencia prolongada en Suecia y pasa a entenderse como un privilegio que debe «merecerse». El Gobierno sostiene que el modelo anterior era excesivamente permisivo y que no garantizaba una integración suficiente. «La ciudadanía sueca debe tener un valor», han repetido distintos ministros. El Ejecutivo insiste en que el objetivo no es reducir la inmigración legal, sino fortalecer el vínculo entre quienes obtienen la nacionalidad y el país.. Sin embargo, el debate trasciende el plano técnico y se ha convertido en una discusión mucho más profunda sobre qué significa hoy ser sueco. La reforma llega en un contexto político marcado por el ascenso de los Demócratas Suecos, formación de extrema derecha nacida en los márgenes ultranacionalistas y convertida hoy en uno de los partidos más influyentes del país. Aunque no forma parte formalmente del Gobierno, su apoyo parlamentario resulta esencial para la coalición conservadora y ha desplazado buena parte del debate político hacia posiciones mucho más restrictivas en inmigración y seguridad.. Ese cambio no se produjo de la noche a la mañana.. https://www.larazon.es/internacional/20200305/jkpriqvd7vhpdid5sueuhbcb5a.html. supuso un punto de inflexión en la política sueca. Aquel año, Suecia recibió proporcionalmente más solicitantes de asilo que casi cualquier otro país europeo, lo que generó una fuerte presión sobre los sistemas de acogida y aceleró un debate interno sobre integración, vivienda, criminalidad y cohesión social. Desde entonces, incluso los socialdemócratas –tradicionalmente defensores de políticas migratorias más abiertas– endurecieron gradualmente su discurso. La actual reforma representa la culminación de ese desplazamiento político.. Los defensores de la ley argumentan que Suecia simplemente está acercándose a estándares ya existentes en otros países europeos. Subrayan, además, que exigir conocimiento del idioma y de la sociedad es razonable para garantizar una integración efectiva.. Pero las críticas han sido intensas. Organizaciones de derechos humanos, asociaciones de inmigrantes y partidos de la oposición denuncian que el nuevo sistema corre el riesgo de crear ciudadanos de primera y de segunda categoría y de dificultar aún más la integración de comunidades ya vulnerables en el país escandinavo.. Uno de los aspectos más controvertidos es precisamente la noción de «conducta honorable» introducida en algunos criterios de evaluación. Sus detractores advierten de que el concepto es ambiguo y puede abrir la puerta a decisiones arbitrarias o discriminatorias.. También preocupa el impacto simbólico de la reforma. Suecia ha construido durante décadas parte de su identidad internacional sobre valores de apertura, inclusión y multiculturalismo. El endurecimiento del acceso a la ciudadanía se interpreta por muchos como una señal de que ese modelo está siendo profundamente revisado.. La cuestión tiene además una dimensión europea más amplia. Suecia no es un caso aislado. En numerosos países europeos se ha producido en los últimos años un endurecimiento de las políticas migratorias y de naturalización, impulsado tanto por la presión electoral de la ultraderecha como por preocupaciones relacionadas con seguridad, integración y cohesión social.. Sin embargo, el caso sueco resulta especialmente significativo por el peso simbólico que el país había tenido durante décadas como referencia progresista en materia migratoria.. Para el Gobierno, la reforma busca restaurar la confianza ciudadana en el sistema migratorio. Para sus críticos, en cambio, refleja un cambio mucho más profundo en la cultura política sueca: el paso desde una visión universalista de la ciudadanía hacia una concepción más identitaria y condicionada.. La coincidencia de la entrada en vigor de la ley con la Fiesta Nacional no ha pasado desapercibida. Para algunos sectores conservadores, representa una reafirmación de los valores nacionales. Para otros, simboliza el cierre de una etapa en la historia política y social del país.. Lo que parece claro es que Suecia está redefiniendo parte de su relación con la inmigración y con su propia identidad nacional. Y esa transformación, hace apenas una década difícilmente imaginable en uno de los países más abiertos de Europa, se ha convertido hoy en uno de los grandes ejes del debate político sueco a tres meses de las elecciones.
Durante décadas, Suecia proyectó hacia el exterior una imagen de país abierto, socialmente avanzado y relativamente flexible en materia migratoria. Pero esa percepción lleva años cambiando. La entrada en vigor este 6 de junio –coincidiendo simbólicamente con la Fiesta Nacional– de una nueva y más restrictiva ley de ciudadanía confirma hasta qué punto el debate sobre inmigración e identidad ha transformado la política del país nórdico.. La reforma, impulsada por el Gobierno conservador del primer ministro Ulf Kristersson con el apoyo parlamentario de la ultraderecha de los Demócratas Suecos (SD), endurece significativamente las condiciones para acceder a la nacionalidad sueca. El Ejecutivo defiende la medida como una herramienta necesaria para reforzar la integración y la cohesión social. Sus críticos, en cambio, la consideran parte de un giro político cada vez más influido por la agenda antiinmigración.. Entre los cambios más polémicos figura la ampliación del período mínimo de residencia legal exigido para solicitar la ciudadanía, que pasa de cinco años a ocho años, así como mayores requisitos lingüísticos y de conocimiento de la sociedad sueca que deberán demostrarse a través de sendos exámenes oficiales. También se endurecen los criterios relacionados con antecedentes penales y comportamiento cívico.. La oposición de izquierdas no logró en abril sacar adelante en el «Riksdag» (Parlamento) por una solo voto un período transitorio para las 100.000 personas que presentaron su solicitud a la saturada Oficina de Migración de Suecia.. Uno de los afectados es Jasper van der Ster, un joven holandés que se mudó a la ciudad sueca de Jönköping en 2019. Aún confiaba en que sus caso se resolviera antes del 6 de junio. «Quiero formar parte de la sociedad y poder influir en el futuro, y eso se puede hacer votando. Pero solo se puede si se es ciudadano sueco», declaró Jasper al informativo de la televisión pública SVT.. La filosofía detrás de la reforma es clara: la ciudadanía deja de concebirse como el paso final natural de un proceso de residencia prolongada en Suecia y pasa a entenderse como un privilegio que debe «merecerse». El Gobierno sostiene que el modelo anterior era excesivamente permisivo y que no garantizaba una integración suficiente. «La ciudadanía sueca debe tener un valor», han repetido distintos ministros. El Ejecutivo insiste en que el objetivo no es reducir la inmigración legal, sino fortalecer el vínculo entre quienes obtienen la nacionalidad y el país.. Sin embargo, el debate trasciende el plano técnico y se ha convertido en una discusión mucho más profunda sobre qué significa hoy ser sueco. La reforma llega en un contexto político marcado por el ascenso de los Demócratas Suecos, formación de extrema derecha nacida en los márgenes ultranacionalistas y convertida hoy en uno de los partidos más influyentes del país. Aunque no forma parte formalmente del Gobierno, su apoyo parlamentario resulta esencial para la coalición conservadora y ha desplazado buena parte del debate político hacia posiciones mucho más restrictivas en inmigración y seguridad.. Ese cambio no se produjo de la noche a la mañana.. https://www.larazon.es/internacional/20200305/jkpriqvd7vhpdid5sueuhbcb5a.html. supuso un punto de inflexión en la política sueca. Aquel año, Suecia recibió proporcionalmente más solicitantes de asilo que casi cualquier otro país europeo, lo que generó una fuerte presión sobre los sistemas de acogida y aceleró un debate interno sobre integración, vivienda, criminalidad y cohesión social. Desde entonces, incluso los socialdemócratas –tradicionalmente defensores de políticas migratorias más abiertas– endurecieron gradualmente su discurso. La actual reforma representa la culminación de ese desplazamiento político.. Los defensores de la ley argumentan que Suecia simplemente está acercándose a estándares ya existentes en otros países europeos. Subrayan, además, que exigir conocimiento del idioma y de la sociedad es razonable para garantizar una integración efectiva.. Pero las críticas han sido intensas. Organizaciones de derechos humanos, asociaciones de inmigrantes y partidos de la oposición denuncian que el nuevo sistema corre el riesgo de crear ciudadanos de primera y de segunda categoría y de dificultar aún más la integración de comunidades ya vulnerables en el país escandinavo.. Uno de los aspectos más controvertidos es precisamente la noción de «conducta honorable» introducida en algunos criterios de evaluación. Sus detractores advierten de que el concepto es ambiguo y puede abrir la puerta a decisiones arbitrarias o discriminatorias.. También preocupa el impacto simbólico de la reforma. Suecia ha construido durante décadas parte de su identidad internacional sobre valores de apertura, inclusión y multiculturalismo. El endurecimiento del acceso a la ciudadanía se interpreta por muchos como una señal de que ese modelo está siendo profundamente revisado.. La cuestión tiene además una dimensión europea más amplia. Suecia no es un caso aislado. En numerosos países europeos se ha producido en los últimos años un endurecimiento de las políticas migratorias y de naturalización, impulsado tanto por la presión electoral de la ultraderecha como por preocupaciones relacionadas con seguridad, integración y cohesión social.. Sin embargo, el caso sueco resulta especialmente significativo por el peso simbólico que el país había tenido durante décadas como referencia progresista en materia migratoria.. Para el Gobierno, la reforma busca restaurar la confianza ciudadana en el sistema migratorio. Para sus críticos, en cambio, refleja un cambio mucho más profundo en la cultura política sueca: el paso desde una visión universalista de la ciudadanía hacia una concepción más identitaria y condicionada.. La coincidencia de la entrada en vigor de la ley con la Fiesta Nacional no ha pasado desapercibida. Para algunos sectores conservadores, representa una reafirmación de los valores nacionales. Para otros, simboliza el cierre de una etapa en la historia política y social del país.. Lo que parece claro es que Suecia está redefiniendo parte de su relación con la inmigración y con su propia identidad nacional. Y esa transformación, hace apenas una década difícilmente imaginable en uno de los países más abiertos de Europa, se ha convertido hoy en uno de los grandes ejes del debate político sueco a tres meses de las elecciones.
La reforma llega en un contexto político marcado por el ascenso de la extrema derecha a tres meses de las elecciones
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