El 10 de octubre conmemoramos el Día Mundial contra la Pena de Muerte, pero nos cuesta mucho celebrar. Según Amnistía Internacional, en 2025 se produjeron al menos 2.707 ejecuciones en 17 países, el mayor número registrado desde 1981. Las ejecuciones se concentran en los pocos países que todavía mantienen la pena capital, por lo que este incremento no supone necesariamente un retroceso en la labor abolicionista. Aun así, cada una de ellas se siente como un fracaso.. Seguir leyendo
Con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, conviene recordar las razones que impulsan el movimiento abolicionista
El 10 de octubre conmemoramos el Día Mundial contra la Pena de Muerte, pero nos cuesta mucho celebrar. Según Amnistía Internacional, en 2025 se produjeron al menos 2.707 ejecuciones en 17 países, el mayor número registrado desde 1981. Las ejecuciones se concentran en los pocos países que todavía mantienen la pena capital, por lo que este incremento no supone necesariamente un retroceso en la labor abolicionista. Aun así, cada una de ellas se siente como un fracaso.. Irán es el responsable del 80% de las ejecuciones registradas. El uso de la pena de muerte como arma de represión política ha pasado a formar parte de una normalidad preocupante y, además, se ha convertido en el castigo predilecto para los delitos vinculados al tráfico de drogas, una tendencia dominante y especialmente compartida por ciertos países de Oriente Próximo y Asia. Conviene señalar que estos datos no contemplan la situación de China, donde la opacidad institucional impide el acceso a cifras oficiales, pero se estima que lidera la lista con miles de ejecuciones cada año.. En estos tiempos de incertidumbre, en los que se defienden causas y se olvida el porqué, no está de más preguntarse por qué estamos en contra de la pena de muerte. La lista de argumentos es larga. Abarca desde la ausencia de evidencia que demuestre su efecto disuasorio sobre la criminalidad, hasta la infinidad de problemas que plantea su consecución, ya sea la elección de un método de ejecución digno (si es que hay alguno) o las prolongadas estancias en el corredor de la muerte, tan fácilmente equiparables a la tortura.. Sin embargo, más allá del debate acerca de su utilidad o de cualquier dificultad práctica que pueda suponer, el discurso abolicionista se sustenta principalmente en una idea: la pena de muerte es fundamentalmente arbitraria. El derecho internacional, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíbe la privación arbitraria de la vida. A este respecto, la arbitrariedad no debe ser entendida exclusivamente como la falta de un marco jurídico que contemple la pena capital, sino que atiende a nociones más amplias como la inadecuación, la injusticia o la desproporción. Una serie de dinámicas que recorren de forma transversal a todo sistema y que son difíciles de demostrar en el caso concreto.. Si no se respetan las garantías procesales propias de un juicio justo, ¿no es acaso una condena arbitraria? Las confesiones conseguidas mediante coacción, la falta de asistencia letrada, los juicios apresurados, la ausencia de intérpretes… Hay quienes están escuchando su condena a muerte y ni siquiera la están entendiendo, como las decenas de migrantes etíopes que están siendo condenados y ejecutados en Arabia Saudí.. Mientras que la arbitrariedad procesal se puede identificar y denunciar de manera más clara, nos encontramos con otro tipo de injerencias en los procesos penales que, desgraciadamente, sólo hemos podido distinguir con la experiencia. En muchas ocasiones, la decisión de imponer una sentencia a muerte no refleja únicamente la gravedad del delito, sino que también se ve influenciada por las circunstancias del acusado o de la víctima: su identidad racial o étnica, su religión, su estatus socioeconómico, etcétera.. La discriminación racial ha sido mayormente documentada en Estados Unidos, donde se ha demostrado que la raza, en especial la de la víctima, juega un papel crucial en la determinación de la pena. En 2020, se comprobó que más del 75% de las ejecuciones efectuadas en los 50 años precedentes se correspondían con casos en los que la víctima era blanca, a pesar de que solo el 50% del total de las víctimas lo eran. La discriminación religiosa es a menudo más visible con delitos diseñados para castigar al disidente. Es el caso de Pakistán con sus leyes de blasfemia, o de Irán y Arabia Saudí con el delito de apostasía.. Cada país tiene sus particularidades y sus sesgos, pero, aun así, hay un factor fuertemente vinculado con la pena de muerte que no entiende de fronteras: la pobreza. A escala mundial, se constata que las personas ejecutadas provienen desproporcionadamente de los sectores más empobrecidos de la población. La discriminación por razones socioeconómicas actúa de maneras muy diversas, pero con un efecto acumulativo que genera un resultado realmente asimétrico. Aquel que carece de recursos no tiene más opción que recurrir a los defensores públicos, con pocos medios y tiempo para preparar su caso. Tampoco puede costearse peritos forenses o investigadores privados. Y quien es pobre tampoco genera la atención mediática que en muchas ocasiones frena estos procesos. Se trata de una desigualdad que, frente a la muerte, cobra especial relevancia.. Además, la pena capital no escapa a la instrumentalización política. La proximidad de las elecciones, la composición del poder judicial o el clima político en un momento concreto tienen un efecto real sobre la tasa de condenas y ejecuciones. Especialmente en tiempos de crisis, cuando el poder ejecutivo quiere demostrar su compromiso con la justicia, es habitual que se reproduzcan los discursos que amenazan con el uso o la reintroducción de esta condena.. Ningún sistema jurídico ha logrado que se imponga la pena capital de manera estable con resultados proporcionales, no discriminatorios y apolíticos. Pero, sobre todo, es la irreversibilidad de la pena de muerte lo que nos mueve a abolir este castigo. Una vez tomada la decisión, no hay vuelta atrás y los sistemas de justicia, como las personas que lo integran, son falibles. Defender la implantación de la pena capital también pasa por aceptar que, eventualmente, se ejecutará a personas inocentes. No dejemos que sistemas imperfectos decidan quién merece morir.. Cada vez son menos los países que recurren a las ejecuciones y más los que se posicionan internacionalmente a favor de la Resolución de Naciones Unidas que insta a establecer una moratoria sobre su aplicación. Desde la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte celebramos recientes logros, como la abolición de la pena capital en el Líbano, y seguimos trabajando con numerosas personalidades de prestigio internacional para impulsar la abolición universal de la pena de muerte.. Manuela Carmena ha sido jueza y alcaldesa de Madrid, y es miembro de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
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