La protesta de dos trabajadores del sector naval subidos durante 28 días a una grúa del astillero de Navantia en San Fernando ha reabierto el debate sobre la supuesta existencia de listas negras en la industria auxiliar de la Bahía de Cádiz en uno de los momentos de mayor carga de trabajo que recuerda el sector del metal en la provincia. Manuel Balber y Jesús Galván, vinculados a la Coordinadora de Trabajadores del Metal, denuncian que llevan años sin poder trabajar en su tierra por su actividad sindical, mientras la compañía pública niega tajantemente cualquier práctica discriminatoria.. La protesta había ganado repercusión social y sindical tras permanecer casi un mes encaramados a una de las grúas del astillero isleño. Desde allí denunciaban que no encuentran empleo en la Bahía desde hace seis años pese a la elevada demanda de mano de obra cualificada que atraviesa actualmente la industria naval y auxiliar gaditana.. «Nosotros lo único que estamos reivindicando son dos puestos de trabajo. No puede ser. Dos trabajadores, dos profesionales, dos padres de familia represaliados aquí en la Bahía de Cádiz por simplemente pedir los derechos de los trabajadores y ejercer el sindicalismo», sostienen Balber y Galván. Ambos aseguran que existen pruebas de ese supuesto veto laboral. «Tenemos hasta el mismo empresario que nos iba a meter, que ha dicho que Navantia le dijo que estábamos en una lista negra y que éramos personal non grato», afirman.. Desde Navantia rechazan de forma rotunda esas acusaciones. «En Navantia no hay listas negras. El acceso a la plantilla de Navantia se hace mediante un proceso reglado y acordado con la parte social para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad», señalan fuentes de la empresa a este periódico. La compañía añade además que tampoco interviene en la contratación de las empresas auxiliares. «Navantia contrata servicios y no decide qué personas los realizan, más allá del respeto a la legalidad en lo relativo a los trabajadores subrogables», remarcan. La empresa insiste en que «no hay listas negras por actividad sindical; ni en Navantia ni de cara a la industria auxiliar» y subraya que los dos trabajadores «no tienen ni han tenido relación laboral con la empresa». Asimismo, recalca que «Navantia no veta ni impone trabajadores a estas empresas, más allá del cumplimiento de la legalidad». Sin embargo, los denunciantes sostienen que su caso es el reflejo de una práctica extendida en determinados ámbitos laborales. «Las listas negras existen, pero existen en todos lados, no solo en Navantia», aseguran. «Lo que pasa es que nosotros hemos tenido la capacidad y la habilidad de ponernos en un sitio y reflejar que las listas negras existen», añaden.. Balber y Galván aseguran que tras bajar de la grúa han percibido un fuerte respaldo social. «No nos damos cuenta de la repercusión que hemos tenido. Cuando hemos bajado nos hemos dado cuenta de que hemos despertado una conciencia que hacía falta», explican. Según relatan, durante la protesta recibieron apoyo de jóvenes, trabajadores de otros colectivos e incluso de compañeros desplazados desde Asturias, donde recientemente se produjeron movilizaciones mineras por impagos salariales.. Los dos trabajadores avanzan además que preparan acciones judiciales. «Nuestra lucha ahora está pendiente de lo jurídico. Hemos estado con los abogados recabando datos, pruebas y llevándolas a la legislación», explican. «Vamos a intentar que nos den la razón con lo que sucede y no puede ser llevar diez años represaliados aquí en la Bahía de Cádiz y tenernos que ir al extranjero a trabajar», añaden.. La polémica se produce en un momento especialmente sensible para el sector del metal gaditano, considerado uno de los grandes motores industriales de la provincia. El convenio colectivo firmado en 2025 cifra en más de 31.000 los trabajadores vinculados a esta actividad, articulada a través de unas 5.000 empresas entre grandes compañías y firmas auxiliares. Tras años marcados por la falta de carga de trabajo, el sector atraviesa actualmente una etapa expansiva impulsada por nuevos contratos en compañías tractoras como Navantia o Dragados Offshore.
Un sector marcado por las listas negras, la falta de mano de obra y la tensión sindical
La protesta de dos trabajadores del sector naval subidos durante 28 días a una grúa del astillero de Navantia en San Fernando ha reabierto el debate sobre la supuesta existencia de listas negras en la industria auxiliar de la Bahía de Cádiz en uno de los momentos de mayor carga de trabajo que recuerda el sector del metal en la provincia. Manuel Balber y Jesús Galván, vinculados a la Coordinadora de Trabajadores del Metal, denuncian que llevan años sin poder trabajar en su tierra por su actividad sindical, mientras la compañía pública niega tajantemente cualquier práctica discriminatoria.. La protesta había ganado repercusión social y sindical tras permanecer casi un mes encaramados a una de las grúas del astillero isleño. Desde allí denunciaban que no encuentran empleo en la Bahía desde hace seis años pese a la elevada demanda de mano de obra cualificada que atraviesa actualmente la industria naval y auxiliar gaditana.. «Nosotros lo único que estamos reivindicando son dos puestos de trabajo. No puede ser. Dos trabajadores, dos profesionales, dos padres de familia represaliados aquí en la Bahía de Cádiz por simplemente pedir los derechos de los trabajadores y ejercer el sindicalismo», sostienen Balber y Galván. Ambos aseguran que existen pruebas de ese supuesto veto laboral. «Tenemos hasta el mismo empresario que nos iba a meter, que ha dicho que Navantia le dijo que estábamos en una lista negra y que éramos personal non grato», afirman.. Desde Navantia rechazan de forma rotunda esas acusaciones. «En Navantia no hay listas negras. El acceso a la plantilla de Navantia se hace mediante un proceso reglado y acordado con la parte social para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad», señalan fuentes de la empresa a este periódico. La compañía añade además que tampoco interviene en la contratación de las empresas auxiliares. «Navantia contrata servicios y no decide qué personas los realizan, más allá del respeto a la legalidad en lo relativo a los trabajadores subrogables», remarcan. La empresa insiste en que «no hay listas negras por actividad sindical; ni en Navantia ni de cara a la industria auxiliar» y subraya que los dos trabajadores «no tienen ni han tenido relación laboral con la empresa». Asimismo, recalca que «Navantia no veta ni impone trabajadores a estas empresas, más allá del cumplimiento de la legalidad». Sin embargo, los denunciantes sostienen que su caso es el reflejo de una práctica extendida en determinados ámbitos laborales. «Las listas negras existen, pero existen en todos lados, no solo en Navantia», aseguran. «Lo que pasa es que nosotros hemos tenido la capacidad y la habilidad de ponernos en un sitio y reflejar que las listas negras existen», añaden.. Balber y Galván aseguran que tras bajar de la grúa han percibido un fuerte respaldo social. «No nos damos cuenta de la repercusión que hemos tenido. Cuando hemos bajado nos hemos dado cuenta de que hemos despertado una conciencia que hacía falta», explican. Según relatan, durante la protesta recibieron apoyo de jóvenes, trabajadores de otros colectivos e incluso de compañeros desplazados desde Asturias, donde recientemente se produjeron movilizaciones mineras por impagos salariales.. Los dos trabajadores avanzan además que preparan acciones judiciales. «Nuestra lucha ahora está pendiente de lo jurídico. Hemos estado con los abogados recabando datos, pruebas y llevándolas a la legislación», explican. «Vamos a intentar que nos den la razón con lo que sucede y no puede ser llevar diez años represaliados aquí en la Bahía de Cádiz y tenernos que ir al extranjero a trabajar», añaden.. La polémica se produce en un momento especialmente sensible para el sector del metal gaditano, considerado uno de los grandes motores industriales de la provincia. El convenio colectivo firmado en 2025 cifra en más de 31.000 los trabajadores vinculados a esta actividad, articulada a través de unas 5.000 empresas entre grandes compañías y firmas auxiliares. Tras años marcados por la falta de carga de trabajo, el sector atraviesa actualmente una etapa expansiva impulsada por nuevos contratos en compañías tractoras como Navantia o Dragados Offshore.
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