Las delegaciones de la Generalitat en el exterior, conocidas popularmente como las «embajadas» catalanas, vuelven a situarse en el centro del debate político. Estas oficinas, creadas para representar los intereses de Cataluña fuera de España, llevan años generando controversia. Ahora, el foco vuelve sobre estas delegaciones después de que la Sindicatura de Cuentas haya publicado su informe correspondiente al ejercicio 2024, en el que analiza la actividad, la gestión económica y el cumplimiento de la normativa en materia de personal y contratación. El órgano fiscalizador no aprecia irregularidades de carácter penal, pero sí detecta diversas deficiencias administrativas relacionadas con la planificación presupuestaria, la contratación pública, la gestión de los salarios y la falta de mecanismos para evaluar si las delegaciones cumplen los objetivos marcados. La fiscalización, de carácter limitado, analiza el funcionamiento de estas estructuras entre 2020 y 2024. Durante el ejercicio examinado, la Generalitat disponía de 21 delegaciones en el exterior, un delegado adjunto y 70 trabajadores contratados en destino, con un presupuesto total de 18,52 millones de euros. El informe también recoge que el gasto de personal ascendió a 7,71 millones de euros, más de la mitad del gasto total, mientras que las indemnizaciones vinculadas al destino en el extranjero alcanzaron los 1,83 millones. Tres millones y medio sin ejecutar y falta de evaluación Una de las principales advertencias de la Sindicatura se refiere a la planificación presupuestaria. A cierre de 2024, las delegaciones acumulaban 3,85 millones de euros en remanentes, es decir, recursos presupuestados pero no ejecutados, una cantidad equivalente al 29% del presupuesto de gasto. En seis delegaciones, estos fondos no utilizados superaban incluso la mitad del presupuesto asignado. El órgano fiscalizador considera que esta situación refleja una planificación «poco cuidadosa», especialmente porque en diez delegaciones no fue necesario recurrir a remanentes de ejercicios anteriores para financiar su actividad. Además, la Sindicatura advierte de que no existen indicadores suficientes para medir el grado de cumplimiento de los objetivos fijados ni consta una evaluación completa de los programas de trabajo anuales previstos para cada delegación. Facturas sin justificar y problemas de contratación La contratación pública es otro de los ámbitos donde la Sindicatura encuentra deficiencias. El informe señala que en doce facturas por un importe conjunto de 108.570,51 euros no consta que se solicitaran las tres ofertas exigidas por la normativa ni que se justificara la imposibilidad de obtenerlas. A ello se suman otras 27 facturas por valor de 128.041,95 euros cuyos informes de aprobación del gasto no acreditaban suficientemente la existencia de crédito adecuado y disponible. También se detectaron expedientes incompletos por la ausencia de informes de aprobación, certifica
El órgano fiscalizador detecta deficiencias en la planificación presupuestaria, la contratación, la gestión del personal y el control del gasto
Las delegaciones de la Generalitat en el exterior, conocidas popularmente como las «embajadas» catalanas, vuelven a situarse en el centro del debate político. Estas oficinas, creadas para representar los intereses de Cataluña fuera de España, llevan años generando controversia. Ahora, el foco vuelve sobre estas delegaciones después de que la Sindicatura de Cuentas haya publicado su informe correspondiente al ejercicio 2024, en el que analiza la actividad, la gestión económica y el cumplimiento de la normativa en materia de personal y contratación. El órgano fiscalizador no aprecia irregularidades de carácter penal, pero sí detecta diversas deficiencias administrativas relacionadas con la planificación presupuestaria, la contratación pública, la gestión de los salarios y la falta de mecanismos para evaluar si las delegaciones cumplen los objetivos marcados.La fiscalización, de carácter limitado, analiza el funcionamiento de estas estructuras entre 2020 y 2024. Durante el ejercicio examinado, la Generalitat disponía de 21 delegaciones en el exterior, un delegado adjunto y 70 trabajadores contratados en destino, con un presupuesto total de 18,52 millones de euros. El informe también recoge que el gasto de personal ascendió a 7,71 millones de euros, más de la mitad del gasto total, mientras que las indemnizaciones vinculadas al destino en el extranjero alcanzaron los 1,83 millones.Tres millones y medio sin ejecutar y falta de evaluaciónUna de las principales advertencias de la Sindicatura se refiere a la planificación presupuestaria. A cierre de 2024, las delegaciones acumulaban 3,85 millones de euros en remanentes, es decir, recursos presupuestados pero no ejecutados, una cantidad equivalente al 29% del presupuesto de gasto. En seis delegaciones, estos fondos no utilizados superaban incluso la mitad del presupuesto asignado.El órgano fiscalizador considera que esta situación refleja una planificación «poco cuidadosa», especialmente porque en diez delegaciones no fue necesario recurrir a remanentes de ejercicios anteriores para financiar su actividad. Además, la Sindicatura advierte de que no existen indicadores suficientes para medir el grado de cumplimiento de los objetivos fijados ni consta una evaluación completa de los programas de trabajo anuales previstos para cada delegación.Facturas sin justificar y problemas de contrataciónLa contratación pública es otro de los ámbitos donde la Sindicatura encuentra deficiencias. El informe señala que en doce facturas por un importe conjunto de 108.570,51 euros no consta que se solicitaran las tres ofertas exigidas por la normativa ni que se justificara la imposibilidad de obtenerlas.A ello se suman otras 27 facturas por valor de 128.041,95 euros cuyos informes de aprobación del gasto no acreditaban suficientemente la existencia de crédito adecuado y disponible. También se detectaron expedientes incompletos por la ausencia de informes de aprobación, certificaciones
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