El atasco judicial no termina en la sentencia. La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2025 pone el foco en una fase menos visible pero también crítica: la ejecución. La comunidad andaluza cerró el año con 577.966 ejecuciones pendientes, un 8% más que el ejercicio anterior, en una tendencia que consolida uno de los principales déficits del sistema judicial.. La ejecución de resoluciones –esto es, el momento en que lo dictado por el juez se convierte en realidad– se ha convertido en un cuello de botella con implicaciones que trascienden lo jurídico. El propio TSJA advierte en su Memoria de que la lentitud en esta fase «retiene el cobro de cantidades ingentes de dinero», paralizando recursos económicos y afectando directamente a la actividad económica.. El grueso del problema se concentra en el ámbito civil, que acumula el 83% de las ejecuciones pendientes. Se trata, en muchos casos, de reclamaciones económicas, deudas o conflictos contractuales cuya resolución efectiva queda bloqueada durante meses o incluso años.. En 2025 se registraron 214.602 ejecuciones y se resolvieron 213.840, lo que evidencia una situación de equilibrio aparente: los juzgados resuelven casi lo mismo que entra, pero no consiguen reducir la bolsa acumulada de asuntos pendientes.. Este fenómeno reproduce el patrón general del sistema judicial andaluz: una maquinaria que funciona a pleno rendimiento pero que no logra disminuir la carga histórica. La tasa de congestión sigue siendo elevada y la capacidad de respuesta, limitada por la estructura.. El TSJA identifica la ejecución como un indicador clave de calidad de la Justicia. No basta con dictar sentencias, se hace necesario que se cumplan en un plazo razonable. Además, como contrapartida extra, la demora en esta fase genera frustración en los ciudadanos y debilita la confianza en el sistema.. La solución pasa, en parte, por reformas organizativas, según ponen de relieve los órganos judiciales. La Ley Orgánica 1/2025 prevé la generalización de los Servicios Comunes de Ejecución Procesal, concebidos para centralizar y agilizar esta fase. El tribunal confía en que estas medidas contribuyan a reducir la pendencia, aunque reconoce que el impacto aún está por comprobar. El problema tiene también una dimensión estructural: falta de medios, incremento de la litigiosidad y complejidad creciente de los procedimientos. A ello se suma la necesidad de mejorar la gestión y coordinación dentro de la oficina judicial.. En términos económicos, el bloqueo en la ejecución supone un lastre silencioso. Cada resolución pendiente implica dinero inmovilizado, operaciones paralizadas y conflictos sin cerrar.. A escala nacional, el Consejo General de Procuradores cifra en más de 11.000 millones el dinero bloqueado en procedimientos de ejecución pendientes en España. La Justicia andaluza funciona pero no se desatasca. Los juzgados resuelven prácticamente todo lo que se ingresa, pero el sistema arrastra una bolsa estructural ‘in crescendo’. El resultado es un cierre de 2025 con 870.003 asuntos pendientes, una cifra que el propio alto tribunal considera «llamativa y preocupante», con un aumento del atasco del 76% en una década.
Las ejecuciones pendientes en Andalucía crecen un 8% hasta casi 578.000 y el 83% en lo Civil
El atasco judicial no termina en la sentencia. La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2025 pone el foco en una fase menos visible pero también crítica: la ejecución. La comunidad andaluza cerró el año con 577.966 ejecuciones pendientes, un 8% más que el ejercicio anterior, en una tendencia que consolida uno de los principales déficits del sistema judicial.. La ejecución de resoluciones –esto es, el momento en que lo dictado por el juez se convierte en realidad– se ha convertido en un cuello de botella con implicaciones que trascienden lo jurídico. El propio TSJA advierte en su Memoria de que la lentitud en esta fase «retiene el cobro de cantidades ingentes de dinero», paralizando recursos económicos y afectando directamente a la actividad económica.. El grueso del problema se concentra en el ámbito civil, que acumula el 83% de las ejecuciones pendientes. Se trata, en muchos casos, de reclamaciones económicas, deudas o conflictos contractuales cuya resolución efectiva queda bloqueada durante meses o incluso años.. En 2025 se registraron 214.602 ejecuciones y se resolvieron 213.840, lo que evidencia una situación de equilibrio aparente: los juzgados resuelven casi lo mismo que entra, pero no consiguen reducir la bolsa acumulada de asuntos pendientes.. Este fenómeno reproduce el patrón general del sistema judicial andaluz: una maquinaria que funciona a pleno rendimiento pero que no logra disminuir la carga histórica. La tasa de congestión sigue siendo elevada y la capacidad de respuesta, limitada por la estructura.. El TSJA identifica la ejecución como un indicador clave de calidad de la Justicia. No basta con dictar sentencias, se hace necesario que se cumplan en un plazo razonable. Además, como contrapartida extra, la demora en esta fase genera frustración en los ciudadanos y debilita la confianza en el sistema.. La solución pasa, en parte, por reformas organizativas, según ponen de relieve los órganos judiciales. La Ley Orgánica 1/2025 prevé la generalización de los Servicios Comunes de Ejecución Procesal, concebidos para centralizar y agilizar esta fase. El tribunal confía en que estas medidas contribuyan a reducir la pendencia, aunque reconoce que el impacto aún está por comprobar. El problema tiene también una dimensión estructural: falta de medios, incremento de la litigiosidad y complejidad creciente de los procedimientos. A ello se suma la necesidad de mejorar la gestión y coordinación dentro de la oficina judicial.. En términos económicos, el bloqueo en la ejecución supone un lastre silencioso. Cada resolución pendiente implica dinero inmovilizado, operaciones paralizadas y conflictos sin cerrar.. A escala nacional, el Consejo General de Procuradores cifra en más de 11.000 millones el dinero bloqueado en procedimientos de ejecución pendientes en España. La Justicia andaluza funciona pero no se desatasca. Los juzgados resuelven prácticamente todo lo que se ingresa, pero el sistema arrastra una bolsa estructural ‘in crescendo’. El resultado es un cierre de 2025 con 870.003 asuntos pendientes, una cifra que el propio alto tribunal considera «llamativa y preocupante», con un aumento del atasco del 76% en una década.
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