El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha decidido pasar de la cautela a la iniciativa política en el momento más delicado de la negociación presupuestaria. Tras el portazo de Esquerra Republicana de Cataluña a sentarse a negociar las cuentas de 2026, el Govern ha movido ficha con un gesto de alto contenido simbólico: escenificar un amplio acuerdo social y económico y anunciar que el proyecto de ley de Presupuestos se aprobará este viernes para iniciar su tramitación parlamentaria. El mensaje es claro: la pelota está ahora en el tejado de ERC.. La tramitación de las cuentas afrontaba ya una semana decisiva. El ejecutivo catalán había logrado cerrar un acuerdo con los comuns que le garantizaba, junto a los 42 diputados del PSC y los 6 del grupo de Jéssica Albiach, una base parlamentaria sólida pero insuficiente. La aritmética obliga a sumar a ERC para alcanzar la mayoría absoluta de 68 escaños. Sin embargo, los republicanos se desmarcaron al considerar que no existen “garantías” reales sobre el traspaso y la gestión de la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, uno de los puntos centrales del acuerdo de investidura. A su juicio, más allá de las declaraciones de compromiso de Illa, faltan pasos concretos del PSOE en el Congreso que permitan convertir ese compromiso en hechos.. Reunión con patronales y sindicatos. Ante este bloqueo, Illa ha optado por elevar la presión política. Este lunes ha encabezado en el Palau de la Generalitat el acto de firma del acuerdo presupuestario con los principales agentes económicos y sociales de Cataluña. En la imagen, cuidadosamente construida, aparecían los secretarios generales de CCOO de Cataluña y UGT de Cataluña, junto a los presidentes de Foment del Treball y Pimec, además de miembros clave del Govern como la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, y el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper.. En ese contexto, el president anunció que el Govern prevé aprobar el próximo viernes el proyecto de presupuestos de 2026 en un Consell Executiu extraordinario, dando así el pistoletazo de salida al trámite parlamentario. Serían, de prosperar, los primeros presupuestos nuevos desde 2023. “No hay vuelta de hoja: Cataluña necesita presupuestos”, afirmó Illa, apelando a “poner a Cataluña por delante de todo” y llamando explícitamente a quienes no quieran “bloquear el país” a sentarse a negociar.. El acuerdo firmado con sindicatos y patronales —fruto de negociaciones iniciadas en noviembre— incorpora 86 medidas que el Govern define como concretas, presupuestadas y con calendario. Illa lo presentó como un ejercicio de “responsabilidad” y como un pacto destinado a generar prosperidad y a repartirla entre familias, trabajadores, barrios y empresas. Alícia Romero subrayó la “generosidad” de los agentes sociales y recalcó que las medidas responden directamente a sus demandas.. Partidas. En el ámbito económico, el pacto sitúa el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2040 como una de las grandes palancas del mandato, con una dotación mínima de 4.400 millones de euros destinada a reforzar la productividad, la descarbonización y la sostenibilidad, y con el objetivo de atraer inversiones extranjeras por valor de 6.000 millones. Se prevé un sistema de seguimiento del plan con participación de los agentes sociales y que, siempre que sea técnicamente y jurídicamente posible, el 60% de los recursos se destinen a pymes. También se reservará un millón de euros para ayudar a que empresas exportadoras esporádicas pasen a hacerlo de forma regular.. En materia energética, el Govern se compromete a acelerar las actuaciones para que el 50% de la producción eléctrica sea renovable en 2030 —frente al 27% actual— y a dotar con 180 millones de euros a L’Energètica. En empleo y formación, el acuerdo contempla nueve millones para la Agència FPCAT con el fin de consolidar el sistema de acreditación de competencias profesionales y reforzar la formación profesional dual. Se prevé sumar a 60.000 nuevas empresas a este sistema, garantizar financiación específica para centros de FP integrada y pública, y favorecer la participación de las pymes.. El capítulo social incluye la actualización del índice de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) en un 3%, 28 millones para políticas de sinhogarismo y medidas para mejorar la accesibilidad y la simplificación del bono social eléctrico. En vivienda, el acuerdo incorpora 900 millones anuales —que se elevarán hasta 1.250 millones tras el pacto con los comuns— y prevé iniciar este mismo año el proceso de equiparación salarial de los convenios del sector social con los del sector público.. La escenificación no está exenta de contradicciones. En los últimos días, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, había cargado duramente contra la política de vivienda del Govern, calificándola de “filocomunista” y advirtiendo de su impacto negativo sobre la inversión y la propiedad privada. Aun así, Illa ha preferido subrayar la fotografía del consenso antes que las disonancias.
Los republicanos, de momento, se niegan a negociar
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha decidido pasar de la cautela a la iniciativa política en el momento más delicado de la negociación presupuestaria. Tras el portazo de Esquerra Republicana de Cataluña a sentarse a negociar las cuentas de 2026, el Govern ha movido ficha con un gesto de alto contenido simbólico: escenificar un amplio acuerdo social y económico y anunciar que el proyecto de ley de Presupuestos se aprobará este viernes para iniciar su tramitación parlamentaria. El mensaje es claro: la pelota está ahora en el tejado de ERC.. La tramitación de las cuentas afrontaba ya una semana decisiva. El ejecutivo catalán había logrado cerrar un acuerdo con los comuns que le garantizaba, junto a los 42 diputados del PSC y los 6 del grupo de Jéssica Albiach, una base parlamentaria sólida pero insuficiente. La aritmética obliga a sumar a ERC para alcanzar la mayoría absoluta de 68 escaños. Sin embargo, los republicanos se desmarcaron al considerar que no existen “garantías” reales sobre el traspaso y la gestión de la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, uno de los puntos centrales del acuerdo de investidura. A su juicio, más allá de las declaraciones de compromiso de Illa, faltan pasos concretos del PSOE en el Congreso que permitan convertir ese compromiso en hechos.. Reunión con patronales y sindicatos. Ante este bloqueo, Illa ha optado por elevar la presión política. Este lunes ha encabezado en el Palau de la Generalitat el acto de firma del acuerdo presupuestario con los principales agentes económicos y sociales de Cataluña. En la imagen, cuidadosamente construida, aparecían los secretarios generales de CCOO de Cataluña y UGT de Cataluña, junto a los presidentes de Foment del Treball y Pimec, además de miembros clave del Govern como la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, y el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper.. En ese contexto, el president anunció que el Govern prevé aprobar el próximo viernes el proyecto de presupuestos de 2026 en un Consell Executiu extraordinario, dando así el pistoletazo de salida al trámite parlamentario. Serían, de prosperar, los primeros presupuestos nuevos desde 2023. “No hay vuelta de hoja: Cataluña necesita presupuestos”, afirmó Illa, apelando a “poner a Cataluña por delante de todo” y llamando explícitamente a quienes no quieran “bloquear el país” a sentarse a negociar.. El acuerdo firmado con sindicatos y patronales —fruto de negociaciones iniciadas en noviembre— incorpora 86 medidas que el Govern define como concretas, presupuestadas y con calendario. Illa lo presentó como un ejercicio de “responsabilidad” y como un pacto destinado a generar prosperidad y a repartirla entre familias, trabajadores, barrios y empresas. Alícia Romero subrayó la “generosidad” de los agentes sociales y recalcó que las medidas responden directamente a sus demandas.. Partidas. En el ámbito económico, el pacto sitúa el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2040 como una de las grandes palancas del mandato, con una dotación mínima de 4.400 millones de euros destinada a reforzar la productividad, la descarbonización y la sostenibilidad, y con el objetivo de atraer inversiones extranjeras por valor de 6.000 millones. Se prevé un sistema de seguimiento del plan con participación de los agentes sociales y que, siempre que sea técnicamente y jurídicamente posible, el 60% de los recursos se destinen a pymes. También se reservará un millón de euros para ayudar a que empresas exportadoras esporádicas pasen a hacerlo de forma regular.. En materia energética, el Govern se compromete a acelerar las actuaciones para que el 50% de la producción eléctrica sea renovable en 2030 —frente al 27% actual— y a dotar con 180 millones de euros a L’Energètica. En empleo y formación, el acuerdo contempla nueve millones para la Agència FPCAT con el fin de consolidar el sistema de acreditación de competencias profesionales y reforzar la formación profesional dual. Se prevé sumar a 60.000 nuevas empresas a este sistema, garantizar financiación específica para centros de FP integrada y pública, y favorecer la participación de las pymes.. El capítulo social incluye la actualización del índice de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) en un 3%, 28 millones para políticas de sinhogarismo y medidas para mejorar la accesibilidad y la simplificación del bono social eléctrico. En vivienda, el acuerdo incorpora 900 millones anuales —que se elevarán hasta 1.250 millones tras el pacto con los comuns— y prevé iniciar este mismo año el proceso de equiparación salarial de los convenios del sector social con los del sector público.. La escenificación no está exenta de contradicciones. En los últimos días, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, había cargado duramente contra la política de vivienda del Govern, calificándola de “filocomunista” y advirtiendo de su impacto negativo sobre la inversión y la propiedad privada. Aun así, Illa ha preferido subrayar la fotografía del consenso antes que las disonancias.
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