La tramitación de los presupuestos de la Generalitat para 2026 afronta una semana decisiva. Tras haber cerrado un acuerdo con los comuns —que incluyó la aceptación por parte del Govern de la prohibición de la compra de vivienda con fines especulativos en zonas tensionadas—, el ejecutivo catalán tiene encarrilado el apoyo de PSC (42 diputados) y comuns (6). Sin embargo, la aritmética parlamentaria obliga a sumar también los 20 escaños de ERC para alcanzar los 68 votos que marcan la mayoría absoluta en el Parlament.. Y ahí es donde el proceso se ha encallado. Esquerra ha rechazado formalmente sentarse a negociar al considerar que no existen “garantías” suficientes sobre el traspaso y la gestión de la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat. Los republicanos sostienen que, más allá de las declaraciones de compromiso del president, faltan pasos concretos por parte del PSOE en el Congreso, ámbito imprescindible para que cualquier modificación legal prospere.. Ante este escenario, el president Salvador Illa optará por mover ficha en el terreno simbólico y político. Este lunes encabezará un acto en el Palau de la Generalitat con representantes de los principales sindicatos y organizaciones empresariales de Cataluña. Aunque la convocatoria ya estaba prevista, el desplante de ERC la convierte ahora en un gesto cargado de intención: visualizar que el proyecto presupuestario cuenta con el respaldo de los agentes económicos y sociales, aunque no disponga todavía de todos los apoyos parlamentarios necesarios.. Está prevista la participación de los máximos responsables de CCOO, UGT, Pimec y Foment del Treball, junto a miembros del Govern como la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, y el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. La escenificación persigue trasladar la idea de que existe un amplio consenso en Cataluña en torno a las cuentas, con la excepción —al menos por ahora— de ERC.. No obstante, la imagen de unidad no está exenta de matices. En los últimos días, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha arremetido con dureza contra la política de vivienda impulsada por Illa, especialmente contra la limitación de la compra especulativa. El dirigente empresarial ha calificado estas medidas de “filocomunistas”, ha advertido de que dañan la proyección internacional de Cataluña y ha denunciado que suponen un ataque a la propiedad privada y a la libertad de empresa, además de inscribirse —a su juicio— en una lógica de decrecimiento económico.. Con este trasfondo, el Govern intenta combinar dos frentes: por un lado, consolidar el pacto con los comuns y exhibir apoyos sociales; por otro, tender puentes con ERC para desbloquear el punto más sensible del acuerdo de investidura, la gestión del IRPF. Illa ha reiterado que mantiene su “compromiso” con ese objetivo y que los acuerdos firmados se cumplirán “desde el realismo”. La incógnita es si ese compromiso bastará para que los republicanos regresen a la mesa de negociación y permitan que Cataluña deje atrás la etapa de prórrogas presupuestarias que se arrastra desde 2023.
Sin embargo, Foment criticó con dureza el acuerdo del Govern con los comuns
La tramitación de los presupuestos de la Generalitat para 2026 afronta una semana decisiva. Tras haber cerrado un acuerdo con los comuns —que incluyó la aceptación por parte del Govern de la prohibición de la compra de vivienda con fines especulativos en zonas tensionadas—, el ejecutivo catalán tiene encarrilado el apoyo de PSC (42 diputados) y comuns (6). Sin embargo, la aritmética parlamentaria obliga a sumar también los 20 escaños de ERC para alcanzar los 68 votos que marcan la mayoría absoluta en el Parlament.. Y ahí es donde el proceso se ha encallado. Esquerra ha rechazado formalmente sentarse a negociar al considerar que no existen “garantías” suficientes sobre el traspaso y la gestión de la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat. Los republicanos sostienen que, más allá de las declaraciones de compromiso del president, faltan pasos concretos por parte del PSOE en el Congreso, ámbito imprescindible para que cualquier modificación legal prospere.. Ante este escenario, el president Salvador Illa optará por mover ficha en el terreno simbólico y político. Este lunes encabezará un acto en el Palau de la Generalitat con representantes de los principales sindicatos y organizaciones empresariales de Cataluña. Aunque la convocatoria ya estaba prevista, el desplante de ERC la convierte ahora en un gesto cargado de intención: visualizar que el proyecto presupuestario cuenta con el respaldo de los agentes económicos y sociales, aunque no disponga todavía de todos los apoyos parlamentarios necesarios.. Está prevista la participación de los máximos responsables de CCOO, UGT, Pimec y Foment del Treball, junto a miembros del Govern como la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, y el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. La escenificación persigue trasladar la idea de que existe un amplio consenso en Cataluña en torno a las cuentas, con la excepción —al menos por ahora— de ERC.. No obstante, la imagen de unidad no está exenta de matices. En los últimos días, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha arremetido con dureza contra la política de vivienda impulsada por Illa, especialmente contra la limitación de la compra especulativa. El dirigente empresarial ha calificado estas medidas de “filocomunistas”, ha advertido de que dañan la proyección internacional de Cataluña y ha denunciado que suponen un ataque a la propiedad privada y a la libertad de empresa, además de inscribirse —a su juicio— en una lógica de decrecimiento económico.. Con este trasfondo, el Govern intenta combinar dos frentes: por un lado, consolidar el pacto con los comuns y exhibir apoyos sociales; por otro, tender puentes con ERC para desbloquear el punto más sensible del acuerdo de investidura, la gestión del IRPF. Illa ha reiterado que mantiene su “compromiso” con ese objetivo y que los acuerdos firmados se cumplirán “desde el realismo”. La incógnita es si ese compromiso bastará para que los republicanos regresen a la mesa de negociación y permitan que Cataluña deje atrás la etapa de prórrogas presupuestarias que se arrastra desde 2023.
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