El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto una investigación contra el diputado de ERC en el Parlament y exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, por su presunta implicación como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa relacionado con adjudicaciones públicas del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona). La causa también alcanza al exlíder de ICV Joan Herrera y está vinculada a la investigación abierta por el Tribunal Supremo al exalcalde del municipio y actual diputado de los Comuns en el Congreso, Félix Alonso Cantorné.. La Sala Civil y Penal del TSJC ha asumido la instrucción del caso después de que el juzgado de El Vendrell que investigaba inicialmente los hechos se inhibiera por la condición de aforado de Elena, actualmente diputado autonómico. El tribunal ha designado como instructor al magistrado Carlos Ramos y considera que existen “indicios suficientemente sólidos de responsabilidad criminal” en determinados procesos de contratación pública en los que Elena y Herrera habrían participado como “cooperadores presuntos”.. La investigación gira en torno a varios contratos menores adjudicados entre 2017 y 2019 por el Ayuntamiento de Altafulla a la consultora Sinergia Energia Dret i Medi Ambient SLP, una sociedad participada y administrada por Elena y Herrera. Según el auto, el consistorio habría recurrido de forma presuntamente irregular a esta fórmula contractual para adjudicar servicios de asesoramiento jurídico sin licitación pública, vulnerando así la Ley de Contratos del Sector Público vigente en aquel momento.. El tribunal sostiene, de forma “provisional, presunta y meramente indiciaria”, que los investigados se habrían concertado “en su propio interés” para eludir los principios de publicidad, concurrencia y transparencia exigidos en la contratación pública, evitando sacar el servicio a concurso público.. Entre los contratos bajo sospecha figura un servicio de asesoramiento jurídico externo por el que Sinergia percibía pagos mensuales de 1.300 euros. Aunque el contrato fijaba un importe total de 15.600 euros, la consultora acabó emitiendo un total de 22 facturas —13 dentro del contrato y otras nueve fuera del mismo por conceptos similares— entre noviembre de 2017 y julio de 2019. La cuantía total abonada por el Ayuntamiento ascendió a 25.046,67 euros, superando ampliamente el límite inicialmente previsto.. La resolución judicial también pone el foco en otra adjudicación realizada mediante contrato menor: la elaboración de los pliegos para la planificación del casal municipal La Violeta. Por este trabajo, Sinergia cobró 5.000 euros sin IVA, pese a que, según recoge el auto, se trataba de una labor que habitualmente desempeñaba personal municipal.. El TSJC considera que pudo haberse producido un “uso indebido” tanto de la prórroga contractual como de la figura del contrato menor. Además, apunta que las adjudicaciones se realizaron pese a informes desfavorables de la interventora municipal y sin los informes preceptivos del secretario del Ayuntamiento. Asimismo, el auto menciona la contratación de empresas dirigidas por personas con una supuesta “vinculación política estrecha” con el partido del entonces alcalde, vinculado al espacio político de Sumar-En Comú Podem.. En el caso de Elena y Herrera, la investigación los sitúa como presuntos cooperadores del delito de prevaricación, una figura penal que recae sobre cargos públicos pero que también puede extenderse a terceros que colaboren en decisiones presuntamente ilegales. El tribunal considera que ambos “no podían desconocer” la normativa sobre contratación pública debido a su experiencia política y profesional.. En el caso de Elena, el auto recuerda que, además de abogado, fue alcalde de Vilanova i la Geltrú entre 2005 y 2011. Tras abandonar el PSC en 2014, se aproximó a ERC y posteriormente fue nombrado conseller de Interior durante el gobierno de Pere Aragonès. Actualmente mantiene su escaño como diputado en el Parlament.. Por su parte, el Tribunal Supremo investiga de forma paralela al exalcalde de Altafulla, Félix Alonso, por los mismos hechos, al ser aforado como diputado en el Congreso. La investigación judicial deberá determinar ahora si las adjudicaciones respondieron a irregularidades administrativas o si existió una actuación deliberada para fraccionar contratos y evitar los mecanismos de control y concurrencia pública.
La sala Civil y Penal del TSJC ha acordado asumir la competencia para la instrucción de la causa
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto una investigación contra el diputado de ERC en el Parlament y exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, por su presunta implicación como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa relacionado con adjudicaciones públicas del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona). La causa también alcanza al exlíder de ICV Joan Herrera y está vinculada a la investigación abierta por el Tribunal Supremo al exalcalde del municipio y actual diputado de los Comuns en el Congreso, Félix Alonso Cantorné.. La Sala Civil y Penal del TSJC ha asumido la instrucción del caso después de que el juzgado de El Vendrell que investigaba inicialmente los hechos se inhibiera por la condición de aforado de Elena, actualmente diputado autonómico. El tribunal ha designado como instructor al magistrado Carlos Ramos y considera que existen “indicios suficientemente sólidos de responsabilidad criminal” en determinados procesos de contratación pública en los que Elena y Herrera habrían participado como “cooperadores presuntos”.. La investigación gira en torno a varios contratos menores adjudicados entre 2017 y 2019 por el Ayuntamiento de Altafulla a la consultora Sinergia Energia Dret i Medi Ambient SLP, una sociedad participada y administrada por Elena y Herrera. Según el auto, el consistorio habría recurrido de forma presuntamente irregular a esta fórmula contractual para adjudicar servicios de asesoramiento jurídico sin licitación pública, vulnerando así la Ley de Contratos del Sector Público vigente en aquel momento.. El tribunal sostiene, de forma “provisional, presunta y meramente indiciaria”, que los investigados se habrían concertado “en su propio interés” para eludir los principios de publicidad, concurrencia y transparencia exigidos en la contratación pública, evitando sacar el servicio a concurso público.. Entre los contratos bajo sospecha figura un servicio de asesoramiento jurídico externo por el que Sinergia percibía pagos mensuales de 1.300 euros. Aunque el contrato fijaba un importe total de 15.600 euros, la consultora acabó emitiendo un total de 22 facturas —13 dentro del contrato y otras nueve fuera del mismo por conceptos similares— entre noviembre de 2017 y julio de 2019. La cuantía total abonada por el Ayuntamiento ascendió a 25.046,67 euros, superando ampliamente el límite inicialmente previsto.. La resolución judicial también pone el foco en otra adjudicación realizada mediante contrato menor: la elaboración de los pliegos para la planificación del casal municipal La Violeta. Por este trabajo, Sinergia cobró 5.000 euros sin IVA, pese a que, según recoge el auto, se trataba de una labor que habitualmente desempeñaba personal municipal.. El TSJC considera que pudo haberse producido un “uso indebido” tanto de la prórroga contractual como de la figura del contrato menor. Además, apunta que las adjudicaciones se realizaron pese a informes desfavorables de la interventora municipal y sin los informes preceptivos del secretario del Ayuntamiento. Asimismo, el auto menciona la contratación de empresas dirigidas por personas con una supuesta “vinculación política estrecha” con el partido del entonces alcalde, vinculado al espacio político de Sumar-En Comú Podem.. En el caso de Elena y Herrera, la investigación los sitúa como presuntos cooperadores del delito de prevaricación, una figura penal que recae sobre cargos públicos pero que también puede extenderse a terceros que colaboren en decisiones presuntamente ilegales. El tribunal considera que ambos “no podían desconocer” la normativa sobre contratación pública debido a su experiencia política y profesional.. En el caso de Elena, el auto recuerda que, además de abogado, fue alcalde de Vilanova i la Geltrú entre 2005 y 2011. Tras abandonar el PSC en 2014, se aproximó a ERC y posteriormente fue nombrado conseller de Interior durante el gobierno de Pere Aragonès. Actualmente mantiene su escaño como diputado en el Parlament.. Por su parte, el Tribunal Supremo investiga de forma paralela al exalcalde de Altafulla, Félix Alonso, por los mismos hechos, al ser aforado como diputado en el Congreso. La investigación judicial deberá determinar ahora si las adjudicaciones respondieron a irregularidades administrativas o si existió una actuación deliberada para fraccionar contratos y evitar los mecanismos de control y concurrencia pública.
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