El pleito por la titularidad del Hospital Clínico de Granada se eleva un peldaño en la jerarquía judicial y, de paso, la tensión institucional entre la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación planteado por la Universidad, abriendo la puerta a que finalmente sea la Sala de lo Civil del alto tribunal la que decida sobre quién ostenta la titularidad del Clínico, un conflicto que lleva años encima de la mesa.. El Hospital Clínico no es un edificio cualquiera de Granada. El inmueble, con uso médico tras ser rebautizado como Doctor Olóriz, es un pilar del sistema sanitario y docente granadino: centro de referencia médico y de formación académica, pieza clave del engranaje entre la sanidad pública y la Universidad. La disputa por su titularidad se arrastra en los tribunales y hasta ahora había quedado en manos de la justicia provincial. Ahora, con la intervención del Supremo, el enfrentamiento sube de nivel.. El auto de admisión del alto tribunal no entra en el fondo del litigio, pero reconoce que existe una posible contradicción entre dos normas estatales –el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 11/1983 y la disposición adicional 23.3 de la Ley 50/1984– y que, por tanto, la cuestión merece una respuesta firme y unificada desde la más alta instancia judicial.. Esta apreciación de «interés casacional» es lo que permite a la Universidad de Granada elevar su recurso ante el Tribunal Supremo y obligará a que, en su sentencia definitiva, se pronuncie sobre cómo deben entenderse estas normas en relación con la titularidad del centro hospitalario.. La cuestión no es menor. El hecho de que el Supremo considere que hay materia jurídica que revisar equivale a que puede haber una sombra de duda interpretativa que solo puede despejarse con un criterio que siente jurisprudencia, capaz de marcar doctrina para casos similares en el futuro.. Ahora se abre un plazo de 20 días para que la Junta de Andalucía, como parte recurrida, y el Ministerio Fiscal presenten sus escritos de oposición.. Se trata del preámbulo antes de que la Sala entre de lleno a analizar no solo los argumentos formales, sino las consecuencias materiales de atribuir la titularidad del Clínico a una u otra institución de la comunidad autónoma.. Entretanto, la situación patrimonial del hospital queda tal y como la había fijado la Audiencia Provincial de Granada: sin modificación. No hay, por ahora, traslado de competencias, ni intervención subsidiaria, ni cambio administrativo.. La decisión del Tribunal Supremo afecta al régimen jurídico, no a la operatividad del centro: el Clínico seguirá funcionando bajo el mismo paraguas mientras se resuelve el pleito.. El conflicto trasciende lo estrictamente jurídico, ya que contiene aristas políticas y administrativas. De un lado, la Universidad de Granada, que reclama la titularidad como pieza de su entramado académico y de gestión vinculada a sus facultades de ciencias de la salud y que ha mantenido conflictos con la Junta como el del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. La negativa supuso, en palabras del rector, «la pérdida de confianza en un pilar fundamental de todo el sistema universitario».La negativa, por el contrario, se basaba en que desde la propia UGR se reconoció en la solicitud que hay áreas de conocimiento en las que, a día de hoy, no se dispone de profesorado suficiente.. En el otro lado del conflicto está la Junta, que ha defendido históricamente la titularidad autonómica como garante del funcionamiento del hospital dentro del sistema público de salud.. La implicación del Supremo –incluso sin pronunciarse todavía sobre el fondo– tiene una carga simbólica. El alto tribunal otorga al litigio un peso institucional que eleva las expectativas y obliga a las partes a afinar sus argumentos ante una sede judicial que no suele entrar a discutir hechos probados, pero sí errores jurídicos o vacíos normativos.. La pelota ahora está en el tejado de la Junta y del Ministerio Fiscal. Tendrán que convencer al Alto Tribunal de que su interpretación de las normas es la correcta, o de lo contrario será precisamente el Supremo quien establezca un criterio vinculante.. El pleito por el Clínico de Granada coge aire en la Sala más alta del ordenamiento. Lo que hasta ahora había sido un conflicto provincial de alta carga técnica, a partir de ahora tendrá la luz de una resolución que podría marcar doctrina y, con ella, el futuro de la titularidad de uno de los hospitales históricos de la comunidad autónoma de Andalucía.. La Junta, precisamente, está volcada en la candidatura de la ciudad de Granada como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se presentó formalmente ante el Gobierno de España y a la que la Junta de Andalucía destinará más de diez millones de euros si es elegida. Así, la previsión es que 300.000 euros se invertirán en la sede inicial, en la Escuela Andaluza de Salud Pública; y el resto, es decir, casi diez millones, se destinarán a la rehabilitación y equipamiento tecnológico de la sede definitiva, en el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, «sede que estará plenamente operativa en el menor plazo posible, acorde con los plazos estipulados por el Ministerio», señaló el consejero Antonio Sanz.
Admite a trámite el recurso de la Universidad de Granada frente a la Junta
El pleito por la titularidad del Hospital Clínico de Granada se eleva un peldaño en la jerarquía judicial y, de paso, la tensión institucional entre la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación planteado por la Universidad, abriendo la puerta a que finalmente sea la Sala de lo Civil del alto tribunal la que decida sobre quién ostenta la titularidad del Clínico, un conflicto que lleva años encima de la mesa.. El Hospital Clínico no es un edificio cualquiera de Granada. El inmueble, con uso médico tras ser rebautizado como Doctor Olóriz, es un pilar del sistema sanitario y docente granadino: centro de referencia médico y de formación académica, pieza clave del engranaje entre la sanidad pública y la Universidad. La disputa por su titularidad se arrastra en los tribunales y hasta ahora había quedado en manos de la justicia provincial. Ahora, con la intervención del Supremo, el enfrentamiento sube de nivel.. El auto de admisión del alto tribunal no entra en el fondo del litigio, pero reconoce que existe una posible contradicción entre dos normas estatales –el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 11/1983 y la disposición adicional 23.3 de la Ley 50/1984– y que, por tanto, la cuestión merece una respuesta firme y unificada desde la más alta instancia judicial.. Esta apreciación de «interés casacional» es lo que permite a la Universidad de Granada elevar su recurso ante el Tribunal Supremo y obligará a que, en su sentencia definitiva, se pronuncie sobre cómo deben entenderse estas normas en relación con la titularidad del centro hospitalario.. La cuestión no es menor. El hecho de que el Supremo considere que hay materia jurídica que revisar equivale a que puede haber una sombra de duda interpretativa que solo puede despejarse con un criterio que siente jurisprudencia, capaz de marcar doctrina para casos similares en el futuro.. Ahora se abre un plazo de 20 días para que la Junta de Andalucía, como parte recurrida, y el Ministerio Fiscal presenten sus escritos de oposición.. Se trata del preámbulo antes de que la Sala entre de lleno a analizar no solo los argumentos formales, sino las consecuencias materiales de atribuir la titularidad del Clínico a una u otra institución de la comunidad autónoma.. Entretanto, la situación patrimonial del hospital queda tal y como la había fijado la Audiencia Provincial de Granada: sin modificación. No hay, por ahora, traslado de competencias, ni intervención subsidiaria, ni cambio administrativo.. La decisión del Tribunal Supremo afecta al régimen jurídico, no a la operatividad del centro: el Clínico seguirá funcionando bajo el mismo paraguas mientras se resuelve el pleito.. El conflicto trasciende lo estrictamente jurídico, ya que contiene aristas políticas y administrativas. De un lado, la Universidad de Granada, que reclama la titularidad como pieza de su entramado académico y de gestión vinculada a sus facultades de ciencias de la salud y que ha mantenido conflictos con la Junta como el del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. La negativa supuso, en palabras del rector, «la pérdida de confianza en un pilar fundamental de todo el sistema universitario».La negativa, por el contrario, se basaba en que desde la propia UGR se reconoció en la solicitud que hay áreas de conocimiento en las que, a día de hoy, no se dispone de profesorado suficiente.. En el otro lado del conflicto está la Junta, que ha defendido históricamente la titularidad autonómica como garante del funcionamiento del hospital dentro del sistema público de salud.. La implicación del Supremo –incluso sin pronunciarse todavía sobre el fondo– tiene una carga simbólica. El alto tribunal otorga al litigio un peso institucional que eleva las expectativas y obliga a las partes a afinar sus argumentos ante una sede judicial que no suele entrar a discutir hechos probados, pero sí errores jurídicos o vacíos normativos.. La pelota ahora está en el tejado de la Junta y del Ministerio Fiscal. Tendrán que convencer al Alto Tribunal de que su interpretación de las normas es la correcta, o de lo contrario será precisamente el Supremo quien establezca un criterio vinculante.. El pleito por el Clínico de Granada coge aire en la Sala más alta del ordenamiento. Lo que hasta ahora había sido un conflicto provincial de alta carga técnica, a partir de ahora tendrá la luz de una resolución que podría marcar doctrina y, con ella, el futuro de la titularidad de uno de los hospitales históricos de la comunidad autónoma de Andalucía.. La Junta, precisamente, está volcada en la candidatura de la ciudad de Granada como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se presentó formalmente ante el Gobierno de España y a la que la Junta de Andalucía destinará más de diez millones de euros si es elegida. Así, la previsión es que 300.000 euros se invertirán en la sede inicial, en la Escuela Andaluza de Salud Pública; y el resto, es decir, casi diez millones, se destinarán a la rehabilitación y equipamiento tecnológico de la sede definitiva, en el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, «sede que estará plenamente operativa en el menor plazo posible, acorde con los plazos estipulados por el Ministerio», señaló el consejero Antonio Sanz.
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