La flota pesquera artesanal del Estrecho de Gibraltar atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. La Organización de Productores Pesqueros Artesanales (OPP72) ha vuelto a denunciar públicamente una situación que considera límite, marcada por decisiones administrativas que, lejos de aliviar la crisis del sector, podrían agravarla aún más.. En el centro del conflicto se sitúa el reparto de la cuota de atún rojo, una especie estratégica cuya gestión internacional depende de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Este organismo, que en 2015 impulsó una drástica reducción de capturas ante la preocupante caída de la biomasa, ha avalado recientemente un aumento de las cuotas tras constatar la recuperación de la especie. España ha sido uno de los países beneficiados, con un incremento cercano al 17%.. La cuestión clave, sin embargo, no es cuánto ha crecido la cuota, sino cómo se reparte. Esa responsabilidad recae en el Gobierno de España, que ha trabajado en los últimos meses en un nuevo Real Decreto que definirá el modelo de distribución de cara a los próximos años. El texto, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado es inminente, ha generado una profunda decepción en el sector artesanal del Golfo de Cádiz.. La propuesta gubernamental contempla asignar apenas 64 toneladas a la flota artesanal del Estrecho en concepto de capturas fortuitas. Traducido a la realidad del sector, esto supone repartir una cantidad mínima entre más de 200 embarcaciones y alrededor de 800 familias que dependen directamente de la pesca. «Estamos hablando de una cifra que no resuelve absolutamente nada. Es un parche que no aborda el problema estructural que tenemos», denuncian desde la OPP72.. El malestar se explica, en gran medida, por el profundo cambio que ha experimentado el ecosistema marino en la zona. Nicolás Fernández, gerente de la organización, insiste en que la pesca artesanal ya no puede sostenerse con las especies tradicionales. «La flota ha sufrido una transformación radical. Antes no necesitábamos el atún para sobrevivir, porque había otros recursos que garantizaban la rentabilidad. Eso ha desaparecido», explica.. Fernández detalla que uno de los factores más determinantes ha sido la proliferación de un alga invasora que ha colonizado los fondos marinos. «Ha destrozado el hábitat. El pulpo ha desaparecido prácticamente porque no tiene alimento, no hay conchas, no hay nada. Es un cambio brutal que afecta a toda la cadena», señala.. A esta situación se suma la alteración en el comportamiento de especies clave. «El atún rojo, que es un gran migrador, ahora tiene una parte importante de su biomasa asentada permanentemente en nuestras aguas. Eso genera colisiones tróficas: el más fuerte se impone, y el resto de especies desaparecen o se desplazan. Ya no hay gallineta, no hay voraces, no hay jurel de fondo. La reducción de la corvina es enorme. No tenemos recursos», subraya.. Las consecuencias de este proceso son evidentes en las cifras. Según la OPP72, en los últimos 15 años la flota artesanal ha perdido más de un 40% de sus embarcaciones. «Estamos en una situación en la que cada jubilación es un barco menos que no se reemplaza. No hay relevo generacional porque no hay expectativas de futuro», lamenta Fernández.. En este contexto, el incremento de la cuota de atún rojo se percibía como una oportunidad histórica para reequilibrar el sistema. Sin embargo, el sector considera que el Gobierno ha desaprovechado esa ocasión. «No pedimos quitarle nada a nadie. Quienes tienen derechos históricos deben mantenerlos, incluso mejorarlos si corresponde. Pero cuando hay un aumento de este calibre, lo lógico es utilizarlo para dar oportunidades a quienes no las tienen», argumenta.. El gerente de OPP72 es especialmente crítico con el concepto de «pesca fortuita», única vía que el nuevo reparto contempla para buena parte de la flota artesanal. «No tiene sentido. Nos permiten capturar atún solo si nos lo encontramos por casualidad, pero no podemos dirigir nuestra actividad hacia esa especie. Eso nos deja en una posición completamente inviable», afirma.. Además, advierte de que las cantidades asignadas carecen de utilidad real. «El mínimo para que una embarcación pueda tener cierta viabilidad está en torno a las dos toneladas. Con lo que se plantea ahora, estamos hablando de cantidades ridículas, de apenas unos cientos de kilos por barco. Eso no genera ingresos, no fija población, no garantiza nada», sostiene.. Fernández va más allá y cuestiona el enfoque global de la política pesquera. «Estamos ante un bien público, que son los recursos pesqueros, y la normativa debería garantizar un reparto justo y equitativo en función de las necesidades. No se trata solo de historia, sino de realidad social. Hay zonas que están en una situación crítica y eso debería tenerse en cuenta», explica.. El sentimiento en el sector oscila entre la frustración y la indignación. «La sensación que tenemos es que se ha intentado dar una solución, pero sin tener en cuenta la dignidad de quienes estamos afectados. Y eso es muy grave», apunta el gerente de la organización.. A pie de puerto, la situación se vive con crudeza. En Conil, uno de los enclaves más representativos de esta actividad, los pescadores muestran capturas cada vez más escasas y redes invadidas por algas. «Hoy hemos salido y apenas hemos cogido seis peces. Con un solo atún se arreglaría el día, y no pedimos más», explica un marinero, reflejando el sentir generalizado.. La OPP72 insiste en que la solución no pasa por enfrentar a distintos segmentos del sector, sino por aprovechar el crecimiento de la cuota para corregir desigualdades. Reclaman una revisión urgente del reparto que permita garantizar la supervivencia de la pesca artesanal en el Estrecho de Gibraltar, una actividad que consideran no solo económica, sino también social y cultural.. Mientras tanto, el sector permanece a la espera de la publicación definitiva del Real Decreto, con la esperanza de que aún haya margen para introducir cambios. Sin embargo, el escepticismo es creciente. «Si no se actúa ahora, el daño puede ser irreversible», concluye Fernández.
El sector considera que la subida avalada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico no llega a quienes más lo necesitan
La flota pesquera artesanal del Estrecho de Gibraltar atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. La Organización de Productores Pesqueros Artesanales (OPP72) ha vuelto a denunciar públicamente una situación que considera límite, marcada por decisiones administrativas que, lejos de aliviar la crisis del sector, podrían agravarla aún más.. En el centro del conflicto se sitúa el reparto de la cuota de atún rojo, una especie estratégica cuya gestión internacional depende de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Este organismo, que en 2015 impulsó una drástica reducción de capturas ante la preocupante caída de la biomasa, ha avalado recientemente un aumento de las cuotas tras constatar la recuperación de la especie. España ha sido uno de los países beneficiados, con un incremento cercano al 17%.. La cuestión clave, sin embargo, no es cuánto ha crecido la cuota, sino cómo se reparte. Esa responsabilidad recae en el Gobierno de España, que ha trabajado en los últimos meses en un nuevo Real Decreto que definirá el modelo de distribución de cara a los próximos años. El texto, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado es inminente, ha generado una profunda decepción en el sector artesanal del Golfo de Cádiz.. La propuesta gubernamental contempla asignar apenas 64 toneladas a la flota artesanal del Estrecho en concepto de capturas fortuitas. Traducido a la realidad del sector, esto supone repartir una cantidad mínima entre más de 200 embarcaciones y alrededor de 800 familias que dependen directamente de la pesca. «Estamos hablando de una cifra que no resuelve absolutamente nada. Es un parche que no aborda el problema estructural que tenemos», denuncian desde la OPP72.. El malestar se explica, en gran medida, por el profundo cambio que ha experimentado el ecosistema marino en la zona. Nicolás Fernández, gerente de la organización, insiste en que la pesca artesanal ya no puede sostenerse con las especies tradicionales. «La flota ha sufrido una transformación radical. Antes no necesitábamos el atún para sobrevivir, porque había otros recursos que garantizaban la rentabilidad. Eso ha desaparecido», explica.. Fernández detalla que uno de los factores más determinantes ha sido la proliferación de un alga invasora que ha colonizado los fondos marinos. «Ha destrozado el hábitat. El pulpo ha desaparecido prácticamente porque no tiene alimento, no hay conchas, no hay nada. Es un cambio brutal que afecta a toda la cadena», señala.. A esta situación se suma la alteración en el comportamiento de especies clave. «El atún rojo, que es un gran migrador, ahora tiene una parte importante de su biomasa asentada permanentemente en nuestras aguas. Eso genera colisiones tróficas: el más fuerte se impone, y el resto de especies desaparecen o se desplazan. Ya no hay gallineta, no hay voraces, no hay jurel de fondo. La reducción de la corvina es enorme. No tenemos recursos», subraya.. Las consecuencias de este proceso son evidentes en las cifras. Según la OPP72, en los últimos 15 años la flota artesanal ha perdido más de un 40% de sus embarcaciones. «Estamos en una situación en la que cada jubilación es un barco menos que no se reemplaza. No hay relevo generacional porque no hay expectativas de futuro», lamenta Fernández.. En este contexto, el incremento de la cuota de atún rojo se percibía como una oportunidad histórica para reequilibrar el sistema. Sin embargo, el sector considera que el Gobierno ha desaprovechado esa ocasión. «No pedimos quitarle nada a nadie. Quienes tienen derechos históricos deben mantenerlos, incluso mejorarlos si corresponde. Pero cuando hay un aumento de este calibre, lo lógico es utilizarlo para dar oportunidades a quienes no las tienen», argumenta.. El gerente de OPP72 es especialmente crítico con el concepto de «pesca fortuita», única vía que el nuevo reparto contempla para buena parte de la flota artesanal. «No tiene sentido. Nos permiten capturar atún solo si nos lo encontramos por casualidad, pero no podemos dirigir nuestra actividad hacia esa especie. Eso nos deja en una posición completamente inviable», afirma.. Además, advierte de que las cantidades asignadas carecen de utilidad real. «El mínimo para que una embarcación pueda tener cierta viabilidad está en torno a las dos toneladas. Con lo que se plantea ahora, estamos hablando de cantidades ridículas, de apenas unos cientos de kilos por barco. Eso no genera ingresos, no fija población, no garantiza nada», sostiene.. Fernández va más allá y cuestiona el enfoque global de la política pesquera. «Estamos ante un bien público, que son los recursos pesqueros, y la normativa debería garantizar un reparto justo y equitativo en función de las necesidades. No se trata solo de historia, sino de realidad social. Hay zonas que están en una situación crítica y eso debería tenerse en cuenta», explica.. El sentimiento en el sector oscila entre la frustración y la indignación. «La sensación que tenemos es que se ha intentado dar una solución, pero sin tener en cuenta la dignidad de quienes estamos afectados. Y eso es muy grave», apunta el gerente de la organización.. A pie de puerto, la situación se vive con crudeza. En Conil, uno de los enclaves más representativos de esta actividad, los pescadores muestran capturas cada vez más escasas y redes invadidas por algas. «Hoy hemos salido y apenas hemos cogido seis peces. Con un solo atún se arreglaría el día, y no pedimos más», explica un marinero, reflejando el sentir generalizado.. La OPP72 insiste en que la solución no pasa por enfrentar a distintos segmentos del sector, sino por aprovechar el crecimiento de la cuota para corregir desigualdades. Reclaman una revisión urgente del reparto que permita garantizar la supervivencia de la pesca artesanal en el Estrecho de Gibraltar, una actividad que consideran no solo económica, sino también social y cultural.. Mientras tanto, el sector permanece a la espera de la publicación definitiva del Real Decreto, con la esperanza de que aún haya margen para introducir cambios. Sin embargo, el escepticismo es creciente. «Si no se actúa ahora, el daño puede ser irreversible», concluye Fernández.
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