El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, alude a una «epidemia judicial» ante la sobrecarga de asuntos que persiste en los juzgados andaluces. La Justicia andaluza funciona pero no se desatasca. Esa es la paradoja que atraviesa la memoria anual del TSJA: los juzgados y tribunales resuelven prácticamente todo lo que ingresan, pero el sistema arrastra una bolsa estructural ‘in crescendo’. El resultado es un cierre de 2025 con 870.003 asuntos pendientes, una cifra que el propio alto tribunal considera «llamativa y preocupante» y que consolida una tendencia: en la última década, el atasco judicial se ha incrementado en torno a un 76%.. El dato no se explica por una caída del rendimiento, según la Memoria del TSJA. Andalucía volvió a situarse en niveles de actividad máximos, con cerca de 1,4 millones de asuntos registrados y una cifra de resoluciones muy similar. La maquinaria judicial gira sobre una base acumulada que no se reduce. Se mueve pero no avanza. La memoria del TSJA habla de «sobrecarga sensible» y de un sistema tensionado que ha normalizado el volumen extraordinario como un paisaje cotidiano.. El principal cuello de botella no está ya en el enjuiciamiento, sino en lo que viene después: la ejecución. Andalucía cerró el ejercicio con 577.966 ejecuciones pendientes, un 8% más que el año anterior. Detrás de ese dato hay sentencias firmes que no se materializan, cantidades que no se cobran y derechos que, en la práctica, se dilatan en el tiempo. El tribunal advierte de que este atasco tiene efectos económicos directos, al mantener bloqueados recursos y prolongar la incertidumbre de ciudadanos y empresas. La Justicia tarda en hacerse efectiva. El mapa jurisdiccional presenta, además, tensiones específicas. La jurisdicción social, especialmente expuesta a la conflictividad laboral, registra uno de los indicadores más reveladores: el alto número de suspensiones de juicios, que en algunos órganos alcanza hasta el 54%. Señalamientos que no llegan a celebrarse, agendas saturadas y reprogramaciones que alargan los procedimientos. El síntoma es que cuando el calendario se convierte en un problema, el retraso deja de ser coyuntural para convertirse en estructural.. En paralelo, la memoria ofrece una radiografía social de Andalucía a través de sus tribunales. Los concursos de acreedores experimentaron un incremento cercano al 30%, reflejo de un tejido económico que sigue ajustándose en un contexto de incertidumbre. Los lanzamientos –desahucios– descendieron ligeramente, en torno a un 5%, mientras que los despidos mostraron una leve caída. Son variaciones contenidas que, sin embargo, no alteran el diagnóstico general: la litigiosidad se mantiene alta y diversificada.. El ámbito de la violencia de género vuelve a situarse en el centro de la preocupación institucional. Andalucía registró 16 mujeres asesinadas en 2025, una cifra que trasciende cualquier estadística. Solo en tres de esos casos existía denuncia previa, lo que refuerza una de las conclusiones de la memoria: la necesidad de mejorar los mecanismos de detección y protección antes de que la violencia escale. El sistema judicial actúa, pero muchas veces lo hace cuando ya es tarde.. Ante este escenario, el TSJA insiste en la necesidad de avanzar hacia un cambio de modelo que alivie la presión sobre los tribunales. La memoria apuesta por reforzar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, para desviar parte de la litigiosidad fuera del circuito judicial. Más que una novedad, es una urgencia. Si el sistema absorbe todo, colapsa; si selecciona y deriva, gana eficiencia. Cómo articular ese tránsito sin generar nuevas desigualdades en el acceso a la Justicia es la cuestión de fondo.. El diagnóstico, más que de parálisis, es de saturación. Los jueces resuelven, los funcionarios tramitan y los órganos responden, pero el volumen acumulado impide reducir el stock. La memoria no habla de colapso en términos absolutos, pero sí dibuja un sistema al límite de su capacidad operativa. La normalización del atasco es, en sí misma, el principal riesgo: cuando lo excepcional se convierte en rutina, la respuesta deja de ser urgente.. Andalucía, por dimensión y carga de trabajo, funciona como laboratorio de las tensiones que atraviesa la Justicia española. El aumento de la litigiosidad, la complejidad de los procedimientos y la falta de recursos estructurales configuran un escenario que no se corrige solo con más productividad. La ecuación es antigua: más asuntos, más complejidad y tiempos más largos. La incógnita radica en cuánto puede estirarse el sistema antes de que el retraso deje de ser un problema operativo para convertirse en un problema de confianza, ya que la eficacia de la Justicia no se mide solo en sentencias dictadas, sino en su capacidad para llegar a tiempo. En Andalucía, el tiempo sigue siendo el factor más escaso. La cifra de asuntos pendientes marca un nuevo récord: 870.003.
El TSJA alerta de una «sobrecarga sensible» con más de 870.000 asuntos pendientes. Del Río habla de «epidemia» en los juzgados
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, alude a una «epidemia judicial» ante la sobrecarga de asuntos que persiste en los juzgados andaluces. La Justicia andaluza funciona pero no se desatasca. Esa es la paradoja que atraviesa la memoria anual del TSJA: los juzgados y tribunales resuelven prácticamente todo lo que ingresan, pero el sistema arrastra una bolsa estructural ‘in crescendo’. El resultado es un cierre de 2025 con 870.003 asuntos pendientes, una cifra que el propio alto tribunal considera «llamativa y preocupante» y que consolida una tendencia: en la última década, el atasco judicial se ha incrementado en torno a un 76%.. El dato no se explica por una caída del rendimiento, según la Memoria del TSJA. Andalucía volvió a situarse en niveles de actividad máximos, con cerca de 1,4 millones de asuntos registrados y una cifra de resoluciones muy similar. La maquinaria judicial gira sobre una base acumulada que no se reduce. Se mueve pero no avanza. La memoria del TSJA habla de «sobrecarga sensible» y de un sistema tensionado que ha normalizado el volumen extraordinario como un paisaje cotidiano.. El principal cuello de botella no está ya en el enjuiciamiento, sino en lo que viene después: la ejecución. Andalucía cerró el ejercicio con 577.966 ejecuciones pendientes, un 8% más que el año anterior. Detrás de ese dato hay sentencias firmes que no se materializan, cantidades que no se cobran y derechos que, en la práctica, se dilatan en el tiempo. El tribunal advierte de que este atasco tiene efectos económicos directos, al mantener bloqueados recursos y prolongar la incertidumbre de ciudadanos y empresas. La Justicia tarda en hacerse efectiva. El mapa jurisdiccional presenta, además, tensiones específicas. La jurisdicción social, especialmente expuesta a la conflictividad laboral, registra uno de los indicadores más reveladores: el alto número de suspensiones de juicios, que en algunos órganos alcanza hasta el 54%. Señalamientos que no llegan a celebrarse, agendas saturadas y reprogramaciones que alargan los procedimientos. El síntoma es que cuando el calendario se convierte en un problema, el retraso deja de ser coyuntural para convertirse en estructural.. En paralelo, la memoria ofrece una radiografía social de Andalucía a través de sus tribunales. Los concursos de acreedores experimentaron un incremento cercano al 30%, reflejo de un tejido económico que sigue ajustándose en un contexto de incertidumbre. Los lanzamientos –desahucios– descendieron ligeramente, en torno a un 5%, mientras que los despidos mostraron una leve caída. Son variaciones contenidas que, sin embargo, no alteran el diagnóstico general: la litigiosidad se mantiene alta y diversificada.. El ámbito de la violencia de género vuelve a situarse en el centro de la preocupación institucional. Andalucía registró 16 mujeres asesinadas en 2025, una cifra que trasciende cualquier estadística. Solo en tres de esos casos existía denuncia previa, lo que refuerza una de las conclusiones de la memoria: la necesidad de mejorar los mecanismos de detección y protección antes de que la violencia escale. El sistema judicial actúa, pero muchas veces lo hace cuando ya es tarde.. Ante este escenario, el TSJA insiste en la necesidad de avanzar hacia un cambio de modelo que alivie la presión sobre los tribunales. La memoria apuesta por reforzar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, para desviar parte de la litigiosidad fuera del circuito judicial. Más que una novedad, es una urgencia. Si el sistema absorbe todo, colapsa; si selecciona y deriva, gana eficiencia. Cómo articular ese tránsito sin generar nuevas desigualdades en el acceso a la Justicia es la cuestión de fondo.. El diagnóstico, más que de parálisis, es de saturación. Los jueces resuelven, los funcionarios tramitan y los órganos responden, pero el volumen acumulado impide reducir el stock. La memoria no habla de colapso en términos absolutos, pero sí dibuja un sistema al límite de su capacidad operativa. La normalización del atasco es, en sí misma, el principal riesgo: cuando lo excepcional se convierte en rutina, la respuesta deja de ser urgente.. Andalucía, por dimensión y carga de trabajo, funciona como laboratorio de las tensiones que atraviesa la Justicia española. El aumento de la litigiosidad, la complejidad de los procedimientos y la falta de recursos estructurales configuran un escenario que no se corrige solo con más productividad. La ecuación es antigua: más asuntos, más complejidad y tiempos más largos. La incógnita radica en cuánto puede estirarse el sistema antes de que el retraso deje de ser un problema operativo para convertirse en un problema de confianza, ya que la eficacia de la Justicia no se mide solo en sentencias dictadas, sino en su capacidad para llegar a tiempo. En Andalucía, el tiempo sigue siendo el factor más escaso. La cifra de asuntos pendientes marca un nuevo récord: 870.003.
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