Nuevos testigos del denominado ‘caso ataúdes’ manifestaron hoy su rabia e indignación tras conocer que la funeraria El Salvador pudo retirar de féretros a los fallecidos justo en el momento previo a la cremación, para ponerlos de nuevo a la venta. María Elena, que en junio de 2010 dio el último adiós a su madre, denunció que los fallecidos fueron tratados como “deshechos” y aseveró que “los daños morales nadie se los podrá compensar”.. En su declaración, tras lamentar que no se pudo despedir de su madre al fallecer esta durante una intervención quirúrgica, reconoció que tras enterarse de la presunta trama volvió a “sentir el mismo dolor”. «Es horrible”, resumió.. Además de este testimonio, en la mañana de hoy otros dos testigos, a los que la Policía Nacional mostró en comisaria las fotografías tomadas por Justo Martín, el extrabajador que destapó el fraude y que fue denunciado por los responsables de la funeraria por extorsión, también confirmaron que los cuerpos de sus seres queridos fueron sacados de los féretros que previamente habían sido elegidos por los familiares.. Así, Francisco Javier recordó que él y algunos familiares permanecieron durante quince o veinte minutos en una sala contigua al horno crematorio que El Salvador tiene en sus instalaciones del Camino del Cementerio, donde se supone que estaba siendo incinerado su padre. En su declaración, indicó que no escuchó ningún ruido y que solo, a través de la puerta que daba acceso al horno, se veía una especie de resplandor.. No obstante, a preguntas del fiscal confirmó que cuando fue llamado a comisaria y visionó las fotografías, se quedó impresionado al ver el cuerpo de su padre en un féretro diferente al elegido y en el que había estado en el velatorio, y en el que también se podían ver bolsas.. Similar fue el caso de Juliana, que incineró a su padre en junio de 2013. En este caso, cuando vio las fotografías comprobó como el cuerpo de su progenitor se encontraba encima de una caja. Además de reconocer su sentimiento de “rabia”, Juliana aseguró que “robar a un muerto es lo último». «Mi padre estuvo toda la vida pagando el seguro de decesos para luego acabar así”, censuró.. También emotiva fue la declaración de Agustina, que perdió a su marido en diciembre de 2003 y que reconoció quedarse “pasmada” cuando se enteró de que podría haber sido víctima de una estafa. Esta mujer, que también incineró a su madre en 2014, reconoció que en el caso de su marido eligió el féretro más barato por la falta de recursos económicos, e incluso apuntó que tuvo que recibir ayuda para poder pagar el funeral. “Es horrible, pero que también lo hicieran con los ataúdes más económicos me resulta incomprensible”, indicó.. En la misma tónica se pronunciaron otros testigos, en los que la indignación volvió a ser el denominador común del sentimiento expresado, así como la duda de saber de quién son las cenizas que les entregaron. Este fue el caso de Antonio, que reconoció que cuando fue informado del fraude que se podía haber cometido en la incineración de su padre pensó que se trataba de una tomadura de pelo. No obstante, aseguró que ahora, “por una cuestión de dignidad humana”, irá «hasta el final”.. Por su parte, Jesús, que en 2012 perdió a su madre y un año después a un hermano, resaltó que la sensación es de rabia, mezclada con dolor y rabia, ya que se han aprovechado de difuntos y de “gente normal”. “El daño no me lo quita nadie”, afirmó.. El juicio continuará el próximo 6 de abril con la declaración de más testigos por una causa en la que la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude, que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
Más afectados a los que la Policía enseñó las fotos que tomó Justo Martín confirman que los cuerpos de sus seres queridos fueron sacados de los féretros utilizados en los velatorios
Nuevos testigos del denominado ‘caso ataúdes’ manifestaron hoy su rabia e indignación tras conocer que la funeraria El Salvador pudo retirar de féretros a los fallecidos justo en el momento previo a la cremación, para ponerlos de nuevo a la venta. María Elena, que en junio de 2010 dio el último adiós a su madre, denunció que los fallecidos fueron tratados como “deshechos” y aseveró que “los daños morales nadie se los podrá compensar”.. En su declaración, tras lamentar que no se pudo despedir de su madre al fallecer esta durante una intervención quirúrgica, reconoció que tras enterarse de la presunta trama volvió a “sentir el mismo dolor”. «Es horrible”, resumió.. Además de este testimonio, en la mañana de hoy otros dos testigos, a los que la Policía Nacional mostró en comisaria las fotografías tomadas por Justo Martín, el extrabajador que destapó el fraude y que fue denunciado por los responsables de la funeraria por extorsión, también confirmaron que los cuerpos de sus seres queridos fueron sacados de los féretros que previamente habían sido elegidos por los familiares.. Así, Francisco Javier recordó que él y algunos familiares permanecieron durante quince o veinte minutos en una sala contigua al horno crematorio que El Salvador tiene en sus instalaciones del Camino del Cementerio, donde se supone que estaba siendo incinerado su padre. En su declaración, indicó que no escuchó ningún ruido y que solo, a través de la puerta que daba acceso al horno, se veía una especie de resplandor.. No obstante, a preguntas del fiscal confirmó que cuando fue llamado a comisaria y visionó las fotografías, se quedó impresionado al ver el cuerpo de su padre en un féretro diferente al elegido y en el que había estado en el velatorio, y en el que también se podían ver bolsas.. Similar fue el caso de Juliana, que incineró a su padre en junio de 2013. En este caso, cuando vio las fotografías comprobó como el cuerpo de su progenitor se encontraba encima de una caja. Además de reconocer su sentimiento de “rabia”, Juliana aseguró que “robar a un muerto es lo último». «Mi padre estuvo toda la vida pagando el seguro de decesos para luego acabar así”, censuró.. También emotiva fue la declaración de Agustina, que perdió a su marido en diciembre de 2003 y que reconoció quedarse “pasmada” cuando se enteró de que podría haber sido víctima de una estafa. Esta mujer, que también incineró a su madre en 2014, reconoció que en el caso de su marido eligió el féretro más barato por la falta de recursos económicos, e incluso apuntó que tuvo que recibir ayuda para poder pagar el funeral. “Es horrible, pero que también lo hicieran con los ataúdes más económicos me resulta incomprensible”, indicó.. En la misma tónica se pronunciaron otros testigos, en los que la indignación volvió a ser el denominador común del sentimiento expresado, así como la duda de saber de quién son las cenizas que les entregaron. Este fue el caso de Antonio, que reconoció que cuando fue informado del fraude que se podía haber cometido en la incineración de su padre pensó que se trataba de una tomadura de pelo. No obstante, aseguró que ahora, “por una cuestión de dignidad humana”, irá «hasta el final”.. Por su parte, Jesús, que en 2012 perdió a su madre y un año después a un hermano, resaltó que la sensación es de rabia, mezclada con dolor y rabia, ya que se han aprovechado de difuntos y de “gente normal”. “El daño no me lo quita nadie”, afirmó.. El juicio continuará el próximo 6 de abril con la declaración de más testigos por una causa en la que la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude, que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
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