El 25 de septiembre de 1930, [[LINK:TAG|||tag|||63361233ecd56e3616931983|||Hitle]]r compareció ante el Tribunal Supremo de la República de Weimar, en Leipzig, como testigo en el juicio contra tres oficiales del ejército acusados de agitación política. Su presencia había sido preparada por Hans Frank, asesor jurídico del Partido Nacionalsocialista, para disipar las sospechas sobre las intenciones revolucionarias del movimiento. Hitler debía convencer a los magistrados de que respetaría la Constitución y alcanzaría sus objetivos mediante procedimientos legales. Durante el interrogatorio, formuló una declaración que contenía todo su programa político: «Nosotros vamos a acceder de manera legal a las estructuras de Gobierno y de ese modo estableceremos nuestro partido como fuerza determinante». Y añadió: «Cuando estemos en posesión del derecho constitucional, daremos al Estado la forma que estimemos más adecuada». No ocultaba su propósito de acabar con la democracia. Simplemente anunciaba que utilizaría sus propias instituciones para conseguirlo.. Timothy W. Ryback recupera este episodio al comienzo de «53 días. Cómo Hitler derribó una democracia» (traducción de Juanjo Estrella), una investigación sobre las ocho semanas que separan el nombramiento de Hitler como canciller, el 30 de enero de 1933, de la aprobación de la Ley Habilitante, el 23 de marzo. Se comprueba así cómo un régimen constitucional, dotado de Parlamento, tribunales, prensa independiente y una administración consolidada, quedó sometido a una dictadura en menos de dos meses. El autor sigue los acontecimientos casi día a día, con especial atención a las decisiones administrativas y parlamentarias, y en lugar de explicar el desenlace desde la perspectiva de la catástrofe posterior, sitúa al lector en un presente donde los protagonistas desconocen todavía hasta dónde llegará Hitler y cuáles serán las consecuencias de sus actos.. Conocemos el modo en que el nombramiento del nuevo canciller fue resultado de negociaciones entre las élites conservadoras. Paul von Hindenburg, presidente de la República, había rechazado anteriormente entregar el Gobierno al dirigente nazi; desconfiaba de su radicalismo y de la violencia de sus seguidores. Franz von Papen consiguió persuadirlo de que un gabinete dominado por políticos tradicionales mantendría controlado a Hitler. De sus once integrantes, únicamente tres pertenecían al entorno nacionalsocialista y los conservadores creyeron que podrían aprovechar su popularidad sin cederle el verdadero poder. Semejante confianza ignoraba tanto las intenciones del canciller como su capacidad para explotar las divisiones de sus aliados. Ryback muestra la rapidez con que Hitler convirtió una posición inicialmente condicionada por los acuerdos de coalición en una autoridad cada vez menos sometida a controles. La disolución del Parlamento, la convocatoria de elecciones y el recurso a los decretos de emergencia fueron decisiones fundamentales durante las primeras semanas.. Problemas económicos nazis. El 4 de febrero se aprobó un decreto que autorizaba la prohibición de publicaciones críticas con el Gobierno. La persecución de los periódicos socialdemócratas y comunistas comenzó inmediatamente. Las oficinas del «Vorwärts», órgano de la socialdemocracia alemana, fueron atacadas y saqueadas por los nazis. Su director, Friedrich Stampfer, continuó publicándolo, aunque la presión aumentaba cada día. Joseph Goebbels registró en su diario la satisfacción que le producía la desaparición de las publicaciones adversarias: «Ahora contamos además con un nuevo medio de control sobre la prensa, y las prohibiciones llegan deprisa y con fuerza».. La ofensiva contra los medios de comunicación coincidió con la depuración de la administración. Hermann Göring, que había adquirido importantes competencias sobre la policía prusiana, emprendió la sustitución de funcionarios considerados poco fiables. Los empleados públicos comenzaron a buscar compañeros capaces de acreditar su simpatía por el nacionalsocialismo, mientras se examinaban expedientes personales y antecedentes políticos, mientras que la intimidación se incorporó a la rutina de los ministerios y organismos estatales. La continuidad formal de las instituciones encubría una transformación de sus funciones: los organismos encargados de aplicar la ley pasaban progresivamente a servir los intereses del partido gobernante.. Ryback examina las dificultades financieras del movimiento nazi. Pese a controlar la cancillería, Hitler carecía de recursos para afrontar la campaña electoral de marzo al tiempo que Goebbels anotaba en su diario la escasez de fondos. La situación cambió después de una reunión celebrada el 20 de febrero con destacados empresarios, en la que se recaudaron tres millones de marcos. El episodio documenta la participación de determinados sectores económicos en la consolidación del régimen, ya que la financiación empresarial contribuyó a sostener una campaña desarrollada mientras los adversarios políticos sufrían prohibiciones, agresiones y detenciones. Asimismo, el incendio del Reichstag, ocurrido la noche del 27 de febrero, proporcionó al Gobierno el pretexto para adoptar medidas más radicales. Al día siguiente, Hindenburg firmó el decreto que suspendía derechos fundamentales y ampliaba las facultades del poder central. La libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio y las garantías frente a las detenciones arbitrarias quedaron comprometidas. El Gobierno presentó aquellas disposiciones como una respuesta necesaria a la amenaza comunista.. Arrestos preventivos. Las elecciones del 5 de marzo tuvieron lugar en ese ambiente de persecución. A pesar de la propaganda oficial, del control creciente de la información y de la violencia ejercida contra sus adversarios, los nazis obtuvieron el 43,9% de los votos. Este dato desmiente la interpretación de que la dictadura fue consecuencia directa de un respaldo mayoritario e inequívoco de la población alemana. Durante marzo, las detenciones políticas se multiplicaron. El régimen recurrió al «Schutzhaft», o arresto preventivo, para encarcelar a personas sin intervención judicial efectiva y mantenerlas recluidas indefinidamente. El 20 de marzo se anunció la apertura del campo de concentración de Dachau. Otros centros de detención aparecieron en edificios penitenciarios, antiguas escuelas y establecimientos abandonados.. El 23 de marzo llegó la votación de la Ley Habilitante. Hitler necesitaba una mayoría de dos tercios para obtener facultades legislativas extraordinarias, incluida la posibilidad de aprobar normas contrarias a la Constitución. La ausencia forzada de diputados comunistas, las amenazas contra la oposición y el apoyo de otras fuerzas parlamentarias hicieron posible su aprobación. Otto Wels, dirigente socialdemócrata, intervino para defender los principios de la República. «Ninguna Ley Habilitante le otorga el poder de destruir ideas que son eternas e indestructibles», declaró. Su discurso constituyó una de las últimas manifestaciones de resistencia parlamentaria antes de la consolidación de la dictadura.. La reconstrucción de Ryback muestra la acción de quienes confundieron la legalidad de determinados procedimientos con la legitimidad de sus propósitos. Hitler no necesitó abolir inmediatamente todas las instituciones republicanas, sino que consiguió que algunas de ellas aprobaran las medidas destinadas a privarlas de autoridad. Tampoco actuó sin oposición, puesto que periodistas, funcionarios, magistrados y dirigentes políticos denunciaron los abusos, si bien sus esfuerzos resultaron insuficientes frente a la combinación de violencia, complicidad y oportunismo. El libro documenta una transformación política en la que cada decisión redujo las posibilidades de impedir la siguiente. La dictadura no surgió de un único acontecimiento o una victoria electoral absoluta; al contrario, fue construida mediante acuerdos, decretos, intimidaciones, concesiones y renuncias, mientras aquellos que podían oponerse perdían los medios para hacerlo.
Entre enero y marzo de 1933, Hitler convirtió la República de Weimar en una dictadura. Este libro reconstruye esas semanas decisivas a través de documentos, testimonios y maniobras políticas que revelan cómo se desmanteló el Estado de derecho. Una lección para el presente
El 25 de septiembre de 1930, Hitler compareció ante el Tribunal Supremo de la República de Weimar, en Leipzig, como testigo en el juicio contra tres oficiales del ejército acusados de agitación política. Su presencia había sido preparada por Hans Frank, asesor jurídico del Partido Nacionalsocialista, para disipar las sospechas sobre las intenciones revolucionarias del movimiento. Hitler debía convencer a los magistrados de que respetaría la Constitución y alcanzaría sus objetivos mediante procedimientos legales. Durante el interrogatorio, formuló una declaración que contenía todo su programa político: «Nosotros vamos a acceder de manera legal a las estructuras de Gobierno y de ese modo estableceremos nuestro partido como fuerza determinante». Y añadió: «Cuando estemos en posesión del derecho constitucional, daremos al Estado la forma que estimemos más adecuada». No ocultaba su propósito de acabar con la democracia. Simplemente anunciaba que utilizaría sus propias instituciones para conseguirlo.. Timothy W. Ryback recupera este episodio al comienzo de «53 días. Cómo Hitler derribó una democracia» (traducción de Juanjo Estrella), una investigación sobre las ocho semanas que separan el nombramiento de Hitler como canciller, el 30 de enero de 1933, de la aprobación de la Ley Habilitante, el 23 de marzo. Se comprueba así cómo un régimen constitucional, dotado de Parlamento, tribunales, prensa independiente y una administración consolidada, quedó sometido a una dictadura en menos de dos meses. El autor sigue los acontecimientos casi día a día, con especial atención a las decisiones administrativas y parlamentarias, y en lugar de explicar el desenlace desde la perspectiva de la catástrofe posterior, sitúa al lector en un presente donde los protagonistas desconocen todavía hasta dónde llegará Hitler y cuáles serán las consecuencias de sus actos.. Conocemos el modo en que el nombramiento del nuevo canciller fue resultado de negociaciones entre las élites conservadoras. Paul von Hindenburg, presidente de la República, había rechazado anteriormente entregar el Gobierno al dirigente nazi; desconfiaba de su radicalismo y de la violencia de sus seguidores. Franz von Papen consiguió persuadirlo de que un gabinete dominado por políticos tradicionales mantendría controlado a Hitler. De sus once integrantes, únicamente tres pertenecían al entorno nacionalsocialista y los conservadores creyeron que podrían aprovechar su popularidad sin cederle el verdadero poder. Semejante confianza ignoraba tanto las intenciones del canciller como su capacidad para explotar las divisiones de sus aliados. Ryback muestra la rapidez con que Hitler convirtió una posición inicialmente condicionada por los acuerdos de coalición en una autoridad cada vez menos sometida a controles. La disolución del Parlamento, la convocatoria de elecciones y el recurso a los decretos de emergencia fueron decisiones fundamentales durante las primeras semanas.. Problemas económicos nazis. El 4 de febrero se aprobó un decreto que autorizaba la prohibición de publicaciones críticas con el Gobierno. La persecución de los periódicos socialdemócratas y comunistas comenzó inmediatamente. Las oficinas del «Vorwärts», órgano de la socialdemocracia alemana, fueron atacadas y saqueadas por los nazis. Su director, Friedrich Stampfer, continuó publicándolo, aunque la presión aumentaba cada día. Joseph Goebbels registró en su diario la satisfacción que le producía la desaparición de las publicaciones adversarias: «Ahora contamos además con un nuevo medio de control sobre la prensa, y las prohibiciones llegan deprisa y con fuerza».. La ofensiva contra los medios de comunicación coincidió con la depuración de la administración. Hermann Göring, que había adquirido importantes competencias sobre la policía prusiana, emprendió la sustitución de funcionarios considerados poco fiables. Los empleados públicos comenzaron a buscar compañeros capaces de acreditar su simpatía por el nacionalsocialismo, mientras se examinaban expedientes personales y antecedentes políticos, mientras que la intimidación se incorporó a la rutina de los ministerios y organismos estatales. La continuidad formal de las instituciones encubría una transformación de sus funciones: los organismos encargados de aplicar la ley pasaban progresivamente a servir los intereses del partido gobernante.. Ryback examina las dificultades financieras del movimiento nazi. Pese a controlar la cancillería, Hitler carecía de recursos para afrontar la campaña electoral de marzo al tiempo que Goebbels anotaba en su diario la escasez de fondos. La situación cambió después de una reunión celebrada el 20 de febrero con destacados empresarios, en la que se recaudaron tres millones de marcos. El episodio documenta la participación de determinados sectores económicos en la consolidación del régimen, ya que la financiación empresarial contribuyó a sostener una campaña desarrollada mientras los adversarios políticos sufrían prohibiciones, agresiones y detenciones. Asimismo, el incendio del Reichstag, ocurrido la noche del 27 de febrero, proporcionó al Gobierno el pretexto para adoptar medidas más radicales. Al día siguiente, Hindenburg firmó el decreto que suspendía derechos fundamentales y ampliaba las facultades del poder central. La libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio y las garantías frente a las detenciones arbitrarias quedaron comprometidas. El Gobierno presentó aquellas disposiciones como una respuesta necesaria a la amenaza comunista.. Arrestos preventivos. Las elecciones del 5 de marzo tuvieron lugar en ese ambiente de persecución. A pesar de la propaganda oficial, del control creciente de la información y de la violencia ejercida contra sus adversarios, los nazis obtuvieron el 43,9% de los votos. Este dato desmiente la interpretación de que la dictadura fue consecuencia directa de un respaldo mayoritario e inequívoco de la población alemana. Durante marzo, las detenciones políticas se multiplicaron. El régimen recurrió al «Schutzhaft», o arresto preventivo, para encarcelar a personas sin intervención judicial efectiva y mantenerlas recluidas indefinidamente. El 20 de marzo se anunció la apertura del campo de concentración de Dachau. Otros centros de detención aparecieron en edificios penitenciarios, antiguas escuelas y establecimientos abandonados.. El 23 de marzo llegó la votación de la Ley Habilitante. Hitler necesitaba una mayoría de dos tercios para obtener facultades legislativas extraordinarias, incluida la posibilidad de aprobar normas contrarias a la Constitución. La ausencia forzada de diputados comunistas, las amenazas contra la oposición y el apoyo de otras fuerzas parlamentarias hicieron posible su aprobación. Otto Wels, dirigente socialdemócrata, intervino para defender los principios de la República. «Ninguna Ley Habilitante le otorga el poder de destruir ideas que son eternas e indestructibles», declaró. Su discurso constituyó una de las últimas manifestaciones de resistencia parlamentaria antes de la consolidación de la dictadura.. La reconstrucción de Ryback muestra la acción de quienes confundieron la legalidad de determinados procedimientos con la legitimidad de sus propósitos. Hitler no necesitó abolir inmediatamente todas las instituciones republicanas, sino que consiguió que algunas de ellas aprobaran las medidas destinadas a privarlas de autoridad. Tampoco actuó sin oposición, puesto que periodistas, funcionarios, magistrados y dirigentes políticos denunciaron los abusos, si bien sus esfuerzos resultaron insuficientes frente a la combinación de violencia, complicidad y oportunismo. El libro documenta una transformación política en la que cada decisión redujo las posibilidades de impedir la siguiente. La dictadura no surgió de un único acontecimiento o una victoria electoral absoluta; al contrario, fue construida mediante acuerdos, decretos, intimidaciones, concesiones y renuncias, mientras aquellos que podían oponerse perdían los medios para hacerlo.
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