Termina la ronda de declaraciones del «caso Mascarillas» de Almería y, lejos de aportar luz sobre el presunto entramado criminal que anidó en el seno de la Diputación, los principales líderes políticos investigados han optado por levantar un hermético muro de contención procesal: el silencio. Una estrategia de defensa que ha mantenido el expresidente de la corporación y del PP de Almería Javier Aureliano García para no responder las preguntas del magistrado instructor ni de las acusaciones, tras apenas ocho minutos en el interior del juzgado y también rauda salida de la Ciudad de la Justicia, esquivando a los medios para introducirse directo en el coche que le esperaba. El abogado del ex presidente provincial, Joaquín Monterreal, coincidía con los letrados del resto de políticos involucrados, manifestando la necesidad de esperar a que la UCO incorpore al sumario los informes pendientes sobre los registros domiciliarios y los exhaustivos volcados de terminales telefónicos. «No ha declarado, como prácticamente el 100% de los encausados», afirmó Monterreal, aunque acto seguido matizó que «algunos sí han declarado, pero en el caso de mi defendido es porque básicamente ya prestamos declaración hace unos meses y desde entonces no ha habido ninguna actuación». «El silencio no indica que tenga algo que ocultar», reiteró, sin dar pistas ni descifrar el comprometido lenguaje en clave que empleaba en sus chats privados de WhatsApp el propio Aureliano, donde términos como «hacerse una limpieza», «empastar muelas» o «visitar al dentista», presuntamente, servían para coordinar el reparto de mordidas en contratos públicos. No solo de material sanitario, también de obras de reactivación económica. De hecho, la UCO destaca que García llegó a enviar el emoji de una muela al grupo de chat ‘Naranjito’ apenas unos minutos después de firmar el decreto para un contrato de material sanitario con un sobrecoste estimado del 42,27%. Su abogado intenta reducir el alcance de las sospechas a una mera aclaración fiscal, escudándose en que el político ya ofreció explicaciones detalladas en su día y alegando que el efectivo bajo sospecha procedía de alquileres heredados de sus padres en Balanegra y que «estaban perfectamente declarados en la renta». Junto al expresidente provincial, también se acogieron a su derecho a no declarar sus dos hermanos, citados la misma jornada. Este apagón informativo se extiende también al único cargo político investigado que continúa desempeñando responsabilidades en activo dentro de la administración local y provincial. José Juan Martínez Pérez, actual alcalde del municipio de Tíjola y diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, copió junto a su mujer la estrategia desarrollada antes por el ex alcalde de Fines, su hijo o los dos vicepresidentes de Diputación encausados. Pero el mutismo de Martínez resulta especialmente delicado, ya qu
El mutismo de la cúpula política y la defensa técnica de los funcionarios chocan con las primeras fisuras de la trama empresarial
Termina la ronda de declaraciones del «caso Mascarillas» de Almería y, lejos de aportar luz sobre el presunto entramado criminal que anidó en el seno de la Diputación, los principales líderes políticos investigados han optado por levantar un hermético muro de contención procesal: el silencio. Una estrategia de defensa que ha mantenido el expresidente de la corporación y del PP de Almería Javier Aureliano García para no responder las preguntas del magistrado instructor ni de las acusaciones, tras apenas ocho minutos en el interior del juzgado y también rauda salida de la Ciudad de la Justicia, esquivando a los medios para introducirse directo en el coche que le esperaba.El abogado del ex presidente provincial, Joaquín Monterreal, coincidía con los letrados del resto de políticos involucrados, manifestando la necesidad de esperar a que la UCO incorpore al sumario los informes pendientes sobre los registros domiciliarios y los exhaustivos volcados de terminales telefónicos. «No ha declarado, como prácticamente el 100% de los encausados», afirmó Monterreal, aunque acto seguido matizó que «algunos sí han declarado, pero en el caso de mi defendido es porque básicamente ya prestamos declaración hace unos meses y desde entonces no ha habido ninguna actuación». «El silencio no indica que tenga algo que ocultar», reiteró, sin dar pistas ni descifrar el comprometido lenguaje en clave que empleaba en sus chats privados de WhatsApp el propio Aureliano, donde términos como «hacerse una limpieza», «empastar muelas» o «visitar al dentista», presuntamente, servían para coordinar el reparto de mordidas en contratos públicos. No solo de material sanitario, también de obras de reactivación económica. De hecho, la UCO destaca que García llegó a enviar el emoji de una muela al grupo de chat ‘Naranjito’ apenas unos minutos después de firmar el decreto para un contrato de material sanitario con un sobrecoste estimado del 42,27%. Su abogado intenta reducir el alcance de las sospechas a una mera aclaración fiscal, escudándose en que el político ya ofreció explicaciones detalladas en su día y alegando que el efectivo bajo sospecha procedía de alquileres heredados de sus padres en Balanegra y que «estaban perfectamente declarados en la renta». Junto al expresidente provincial, también se acogieron a su derecho a no declarar sus dos hermanos, citados la misma jornada. Este apagón informativo se extiende también al único cargo político investigado que continúa desempeñando responsabilidades en activo dentro de la administración local y provincial. José Juan Martínez Pérez, actual alcalde del municipio de Tíjola y diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, copió junto a su mujer la estrategia desarrollada antes por el ex alcalde de Fines, su hijo o los dos vicepresidentes de Diputación encausados. Pero el mutismo de Martínez resulta especialmente delicado, ya que
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