La intervención de la Comisión Europea en el caso de los ERE introduce un giro en el recorrido judicial de la causa al proponer al Tribunal de Justicia de la UE declararse «manifiestamente incompetente» para pronunciarse sobre la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Sevilla tras los fallos del Tribunal Constitucional de España. No se trata de una resolución, pero sí un indicio: Bruselas no ve dimensión europea en el litigio.. La posición del Ejecutivo comunitario actúa como un dique interpretativo frente al intento de trasladar al ámbito del Derecho de la Unión el conflicto jurídico abierto tras las sentencias del Constitucional que anularon parcialmente las condenas por malversación en la pieza política de los ERE. En términos prácticos, devuelve el procedimiento al terreno donde nació: la jurisdicción española.. Se trata del primer movimiento institucional europeo claro en una causa que había entrado en un territorio procesal sin precedentes tras la revisión constitucional de las condenas dictadas inicialmente por la Audiencia de Sevilla y confirmadas después por el Tribunal Supremo de España.. La cuestión prejudicial planteada por la Audiencia respondía a una duda de fondo: si la reinterpretación de los delitos de prevaricación y malversación realizada por el Constitucional podía ser compatible con el Derecho de la Unión y con la protección de los intereses financieros europeos. La respuesta implícita de la Comisión es negativa en términos competenciales al considerar que el litigio carece de conexión directa con fondos comunitarios.. Sin vínculo con el presupuesto europeo, no hay espacio para el control del TJUE. El caso pierde la única vía que podía convertir el debate jurídico abierto tras el fallo del Constitucional en un conflicto de dimensión supranacional. La Comisión no entra en el fondo pero se posiciona.. El escrito remitido al tribunal europeo descarta que exista un problema estructural de independencia judicial en España que justifique la intervención del TJUE. La Audiencia había sugerido implícitamente ese escenario al cuestionar si el Constitucional había invadido ámbitos reservados a la jurisdicción ordinaria al reinterpretar los tipos penales aplicados en la sentencia de los ERE. La causa regresaría así al punto en el que se encontraba tras las sentencias del TC: la obligación de la Audiencia de Sevilla de dictar nuevas resoluciones ajustadas al amparo concedido a los principales condenados, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán.. La reacción del Gobierno andaluz ha sido contenida. La portavoz del Ejecutivo, Carolina España, apeló a la separación de poderes y recordó que el TJUE aún no se ha pronunciado. En paralelo, la Junta insiste en situar los ERE como «el pasado absoluto de Andalucía».
La Comisión Europea propone al TJUE declararse incompetente en la cuestión prejudicial de la Audiencia
La intervención de la Comisión Europea en el caso de los ERE introduce un giro en el recorrido judicial de la causa al proponer al Tribunal de Justicia de la UE declararse «manifiestamente incompetente» para pronunciarse sobre la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Sevilla tras los fallos del Tribunal Constitucional de España. No se trata de una resolución, pero sí un indicio: Bruselas no ve dimensión europea en el litigio.. La posición del Ejecutivo comunitario actúa como un dique interpretativo frente al intento de trasladar al ámbito del Derecho de la Unión el conflicto jurídico abierto tras las sentencias del Constitucional que anularon parcialmente las condenas por malversación en la pieza política de los ERE. En términos prácticos, devuelve el procedimiento al terreno donde nació: la jurisdicción española.. Se trata del primer movimiento institucional europeo claro en una causa que había entrado en un territorio procesal sin precedentes tras la revisión constitucional de las condenas dictadas inicialmente por la Audiencia de Sevilla y confirmadas después por el Tribunal Supremo de España.. La cuestión prejudicial planteada por la Audiencia respondía a una duda de fondo: si la reinterpretación de los delitos de prevaricación y malversación realizada por el Constitucional podía ser compatible con el Derecho de la Unión y con la protección de los intereses financieros europeos. La respuesta implícita de la Comisión es negativa en términos competenciales al considerar que el litigio carece de conexión directa con fondos comunitarios.. Sin vínculo con el presupuesto europeo, no hay espacio para el control del TJUE. El caso pierde la única vía que podía convertir el debate jurídico abierto tras el fallo del Constitucional en un conflicto de dimensión supranacional. La Comisión no entra en el fondo pero se posiciona.. El escrito remitido al tribunal europeo descarta que exista un problema estructural de independencia judicial en España que justifique la intervención del TJUE. La Audiencia había sugerido implícitamente ese escenario al cuestionar si el Constitucional había invadido ámbitos reservados a la jurisdicción ordinaria al reinterpretar los tipos penales aplicados en la sentencia de los ERE. La causa regresaría así al punto en el que se encontraba tras las sentencias del TC: la obligación de la Audiencia de Sevilla de dictar nuevas resoluciones ajustadas al amparo concedido a los principales condenados, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán.. La reacción del Gobierno andaluz ha sido contenida. La portavoz del Ejecutivo, Carolina España, apeló a la separación de poderes y recordó que el TJUE aún no se ha pronunciado. En paralelo, la Junta insiste en situar los ERE como «el pasado absoluto de Andalucía».
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