Una compleja investigación ha culminado con la desarticulación de la red criminal responsable del robo de casi diez millones de registros confidenciales pertenecientes a alumnos, progenitores y docentes. Esta operación pone fin a una pesadilla digital que ha mantenido en jaque la seguridad de miles de familias desde que se detectara una intrusión masiva en los sistemas públicos de gestión académica.. Los presuntos responsables, dos jóvenes de 24 y 28 años con antecedentes por delitos de naturaleza similar, fueron interceptados por la Policía Nacional en registros simultáneos realizados en Valencia y la localidad de Torreblanca (Castellón). Según los informes de la Comisaría General de Información, que ha liderado el operativo en colaboración con las brigadas de Madrid y el Levante, a los detenidos se les atribuye la autoría de ataques cibernéticos y la pertenencia a una organización criminal vinculada a cerca de 30 ilícitos penales.. El lucro de la Dark Web. El grupo contaba con una infraestructura tecnológica de vanguardia distribuida en diversos países de la Unión Europea. Este despliegue técnico estaba diseñado específicamente para anonimizar su rastro y eludir la acción de la justicia española, utilizando servidores puente y técnicas de encriptación avanzada para borrar cualquier huella de sus incursiones en los servidores de la administración.. El objetivo de esta estructura delictiva era estrictamente lucrativo, tal y como recoge la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza. Los delincuentes no se limitaban a la venta de los datos robados en foros de la Dark Web, sino que explotaban la información mediante una «rama de monetización» interna dedicada a las ciberestafas y la usurpación de identidad. Para blanquear los beneficios, la red empleaba criptomonedas y pasarelas de pago virtuales que dificultaban el rastreo de los activos sustraídos.. La brecha de seguridad se remonta al pasado año 2023, cuando los servicios de inspección detectaron accesos no autorizados a las bases de datos regionales. La consejería de Educación, confirmó que la denuncia se tramitó de forma inmediata tras conocerse el alcance del sabotaje. Como medida de choque para blindar la información sensible, la administración ha implementado el sistema de doble factor de autentificación (2FA) en todas sus plataformas.
Dos jóvenes han sido detenidos tras liderar uno de los mayores golpes a la privacidad educativa en España para lucrarse con ciberestafas y la venta de información en la Dark Web
Una compleja investigación ha culminado con la desarticulación de la red criminal responsable del robo de casi diez millones de registros confidenciales pertenecientes a alumnos, progenitores y docentes. Esta operación pone fin a una pesadilla digital que ha mantenido en jaque la seguridad de miles de familias desde que se detectara una intrusión masiva en los sistemas públicos de gestión académica.. Los presuntos responsables, dos jóvenes de 24 y 28 años con antecedentes por delitos de naturaleza similar, fueron interceptados por la Policía Nacional en registros simultáneos realizados en Valencia y la localidad de Torreblanca (Castellón). Según los informes de la Comisaría General de Información, que ha liderado el operativo en colaboración con las brigadas de Madrid y el Levante, a los detenidos se les atribuye la autoría de ataques cibernéticos y la pertenencia a una organización criminal vinculada a cerca de 30 ilícitos penales.. El grupo contaba con una infraestructura tecnológica de vanguardia distribuida en diversos países de la Unión Europea. Este despliegue técnico estaba diseñado específicamente para anonimizar su rastro y eludir la acción de la justicia española, utilizando servidores puente y técnicas de encriptación avanzada para borrar cualquier huella de sus incursiones en los servidores de la administración.. El objetivo de esta estructura delictiva era estrictamente lucrativo, tal y como recoge la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza. Los delincuentes no se limitaban a la venta de los datos robados en foros de la Dark Web, sino que explotaban la información mediante una «rama de monetización» interna dedicada a las ciberestafas y la usurpación de identidad. Para blanquear los beneficios, la red empleaba criptomonedas y pasarelas de pago virtuales que dificultaban el rastreo de los activos sustraídos.. La brecha de seguridad se remonta al pasado año 2023, cuando los servicios de inspección detectaron accesos no autorizados a las bases de datos regionales. La consejería de Educación, confirmó que la denuncia se tramitó de forma inmediata tras conocerse el alcance del sabotaje. Como medida de choque para blindar la información sensible, la administración ha implementado el sistema de doble factor de autentificación (2FA) en todas sus plataformas.
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