La batalla por las viviendas de uso turístico continúa abierta en Granada capital tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha anulado el decreto municipal con el que el Ayuntamiento venía limitando la concesión de nuevas licencias. La resolución judicial ha dejado en una situación de incertidumbre alrededor de 500 expedientes afectados por el criterio ahora cuestionado, mientras el Consistorio ha decidido recurrir el fallo y mantener su defensa de la medida adoptada. Un asunto que, además, se observa desde una realidad distinta en otros puntos de la provincia, como la Costa de Granada, donde el alquiler vacacional ha ganado un peso creciente en el mercado de la vivienda.. El asunto fue abordado este 15 de junio en comisión municipal, donde el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, explicó el estado en el que se encuentra actualmente el procedimiento tras la decisión del TSJA. En este sentido, señaló que el Ayuntamiento ha presentado recurso y que, al mismo tiempo, se analizarán de forma individual las posibles reclamaciones que puedan llegar por parte de los propietarios afectados, los cuales ya en su día anunciaron que interpondrían las mismas por los «daños» ocasionados al no obtener las licencias, en un contexto en el que el sector lleva meses advirtiendo de posibles acciones legales si finalmente se confirmaba la anulación del criterio municipal.. Catalina precisó que las viviendas no registradas entre agosto y enero, periodo en el que estuvo vigente el criterio municipal posteriormente anulado, se encuentran ahora en una situación de revisión a la espera de la resolución definitiva del proceso judicial. En este contexto, subrayó que cualquier reclamación económica deberá venir debidamente justificada. «Habrá que comprobar lo que cada uno justifica y mientras esperaremos también la resolución de nuestro recurso», apuntó el edil, situando así el foco en la evolución del procedimiento judicial abierto.. Asimismo, el responsable de Urbanismo insistió en que las reclamaciones que puedan plantearse «tendrán que venir muy motivadas», y defendió que una parte de las solicitudes afectadas no llegaron a materializarse como actividad turística efectiva. En este sentido, indicó que se trata de «viviendas que no han estado en el mercado y que tampoco, por tanto, tienen lucro cesante», lo que, a su juicio, condiciona el alcance de posibles indemnizaciones y reduce el margen de impacto económico que podrían reclamar los propietarios.. Un revés a la estrategia municipal. La sentencia del TSJA supone un revés para la estrategia impulsada por el Gobierno municipal en los últimos meses, orientada a limitar el crecimiento de las viviendas de uso turístico en la ciudad y a ordenar su implantación en determinados ámbitos urbanos, en un intento de equilibrar la oferta turística con el acceso a la vivienda residencial. El fallo considera que la actuación municipal no se limitaba a una interpretación del planeamiento vigente, sino que suponía una modificación de facto de sus condiciones, lo que ha obligado al Consistorio a recurrir la decisión y mantener abierta la vía judicial.. Mientras tanto, el debate sobre el impacto del alquiler vacacional se extiende con intensidad en el conjunto de la provincia, especialmente en el litoral granadino, donde la evolución del mercado presenta una realidad distinta a la de la capital y donde el fenómeno ha ido consolidándose en los últimos años como una de las principales fórmulas de explotación inmobiliaria.. En la Costa Tropical, el peso del alquiler de corta estancia ha ido ganando protagonismo hasta situarse como la principal modalidad de arrendamiento en numerosos municipios del litoral. Según los datos del sector, alrededor del 85% de la oferta de alquiler disponible en la zona corresponde a viviendas destinadas a uso vacacional, frente a un 15% orientado al alquiler de larga duración, una proporción que refleja el fuerte desequilibrio existente entre ambos modelos.. Este incremento del peso del alquiler turístico se ha visto impulsado por la mayor rentabilidad que ofrece este modelo, especialmente durante los periodos de mayor afluencia de visitantes -verano, puentes y festivos-, lo que ha llevado a numerosos propietarios a optar por esta modalidad frente al arrendamiento tradicional. Como consecuencia, la oferta de vivienda disponible para residencia habitual se ha ido reduciendo de forma progresiva en muchos municipios costeros, con una menor disponibilidad de alquiler estable durante todo el año.. El impacto de esta tendencia se deja notar especialmente en la dificultad de acceso a la vivienda por parte de trabajadores, jóvenes y familias que buscan establecer su residencia en la zona durante todo el año, en un contexto en el que la disponibilidad de alquiler estable resulta cada vez más limitada y condiciona incluso la capacidad de fijar población en determinados núcleos.. A la espera de la resolución del recurso presentado por el Ayuntamiento de Granada, el futuro de los aproximadamente 500 expedientes afectados permanece en suspenso, mientras el debate sobre el equilibrio entre la actividad turística y el acceso a la vivienda continúa abierto en el conjunto de la provincia y sigue marcando la agenda política y social tanto en la capital como en el litoral granadino.
El Ayuntamiento estudiará «caso por caso» las posibles reclamaciones tras la sentencia del TSJA que anuló las restricciones a los pisos turísticos y que ya ha recurrido
La batalla por las viviendas de uso turístico continúa abierta en Granada capital tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha anulado el decreto municipal con el que el Ayuntamiento venía limitando la concesión de nuevas licencias. La resolución judicial ha dejado en una situación de incertidumbre alrededor de 500 expedientes afectados por el criterio ahora cuestionado, mientras el Consistorio ha decidido recurrir el fallo y mantener su defensa de la medida adoptada. Un asunto que, además, se observa desde una realidad distinta en otros puntos de la provincia, como la Costa de Granada, donde el alquiler vacacional ha ganado un peso creciente en el mercado de la vivienda.. El asunto fue abordado este 15 de junio en comisión municipal, donde el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, explicó el estado en el que se encuentra actualmente el procedimiento tras la decisión del TSJA. En este sentido, señaló que el Ayuntamiento ha presentado recurso y que, al mismo tiempo, se analizarán de forma individual las posibles reclamaciones que puedan llegar por parte de los propietarios afectados, los cuales ya en su día anunciaron que interpondrían las mismas por los «daños» ocasionados al no obtener las licencias, en un contexto en el que el sector lleva meses advirtiendo de posibles acciones legales si finalmente se confirmaba la anulación del criterio municipal.. Catalina precisó que las viviendas no registradas entre agosto y enero, periodo en el que estuvo vigente el criterio municipal posteriormente anulado, se encuentran ahora en una situación de revisión a la espera de la resolución definitiva del proceso judicial. En este contexto, subrayó que cualquier reclamación económica deberá venir debidamente justificada. «Habrá que comprobar lo que cada uno justifica y mientras esperaremos también la resolución de nuestro recurso», apuntó el edil, situando así el foco en la evolución del procedimiento judicial abierto.. Asimismo, el responsable de Urbanismo insistió en que las reclamaciones que puedan plantearse «tendrán que venir muy motivadas», y defendió que una parte de las solicitudes afectadas no llegaron a materializarse como actividad turística efectiva. En este sentido, indicó que se trata de «viviendas que no han estado en el mercado y que tampoco, por tanto, tienen lucro cesante», lo que, a su juicio, condiciona el alcance de posibles indemnizaciones y reduce el margen de impacto económico que podrían reclamar los propietarios.. Un revés a la estrategia municipal. La sentencia del TSJA supone un revés para la estrategia impulsada por el Gobierno municipal en los últimos meses, orientada a limitar el crecimiento de las viviendas de uso turístico en la ciudad y a ordenar su implantación en determinados ámbitos urbanos, en un intento de equilibrar la oferta turística con el acceso a la vivienda residencial. El fallo considera que la actuación municipal no se limitaba a una interpretación del planeamiento vigente, sino que suponía una modificación de facto de sus condiciones, lo que ha obligado al Consistorio a recurrir la decisión y mantener abierta la vía judicial.. Mientras tanto, el debate sobre el impacto del alquiler vacacional se extiende con intensidad en el conjunto de la provincia, especialmente en el litoral granadino, donde la evolución del mercado presenta una realidad distinta a la de la capital y donde el fenómeno ha ido consolidándose en los últimos años como una de las principales fórmulas de explotación inmobiliaria.. En la Costa Tropical, el peso del alquiler de corta estancia ha ido ganando protagonismo hasta situarse como la principal modalidad de arrendamiento en numerosos municipios del litoral. Según los datos del sector, alrededor del 85% de la oferta de alquiler disponible en la zona corresponde a viviendas destinadas a uso vacacional, frente a un 15% orientado al alquiler de larga duración, una proporción que refleja el fuerte desequilibrio existente entre ambos modelos.. Este incremento del peso del alquiler turístico se ha visto impulsado por la mayor rentabilidad que ofrece este modelo, especialmente durante los periodos de mayor afluencia de visitantes -verano, puentes y festivos-, lo que ha llevado a numerosos propietarios a optar por esta modalidad frente al arrendamiento tradicional. Como consecuencia, la oferta de vivienda disponible para residencia habitual se ha ido reduciendo de forma progresiva en muchos municipios costeros, con una menor disponibilidad de alquiler estable durante todo el año.. El impacto de esta tendencia se deja notar especialmente en la dificultad de acceso a la vivienda por parte de trabajadores, jóvenes y familias que buscan establecer su residencia en la zona durante todo el año, en un contexto en el que la disponibilidad de alquiler estable resulta cada vez más limitada y condiciona incluso la capacidad de fijar población en determinados núcleos.. A la espera de la resolución del recurso presentado por el Ayuntamiento de Granada, el futuro de los aproximadamente 500 expedientes afectados permanece en suspenso, mientras el debate sobre el equilibrio entre la actividad turística y el acceso a la vivienda continúa abierto en el conjunto de la provincia y sigue marcando la agenda política y social tanto en la capital como en el litoral granadino.
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