La soledad de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, permitirá al Partido Popular Andaluz convertir el nuevo proyecto de modelo de financiación autonómica hecho a la medida de Cataluña como uno de los ejes de la próxima campaña electoral autonómica. Montero solo tiene el respaldo de Salvador Illa y ERC, y su propuesta no es bien vista ni por los socialistas de Asturias ni de Castilla La Mancha.. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, presente en la reunión que se celebró ayer en Madrid marcó las líneas maestras en las que insistirá tanto el Gobierno autonómico como el PP en los próximos meses: el nuevo sistema presentado «mantiene los agravios existentes y perjudica especialmente a Andalucía, beneficiando únicamente al independentismo».. El «traje a medida» de Cataluña no es una crítica exclusiva del PP, ni de las comunidades «díscolas» del PSOE. El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en la materia del país, así lo puso ayer por escrito en un informe. Entre otras cuestiones, reprocha al ministerio de Hacienda «la imaginativa excusa que se ha buscado para darle a Cataluña una jugosa prima de financiación a cuenta del IVA de las pymes societarias». Se trata de un fondo específico para favorecer financieramente a los catalanes, ya que Cataluña tiene «un peso en el IVA pymes muy superior a su peso en el consumo», mientras que en Andalucía «se da el fenómeno inverso». Eso se traduce en 1.441 millones para Cataluña y nada por este concepto para Andalucía.. Además, Fedea pronostica que Andalucía seguiría por debajo de la media pese a una «modesta ganancia» de 1,2 puntos por habitante ajustado: según sus datos con la información presentada, la región pasaría de un índice de financiación por andaluz de un 95 a un 96,2, y seguiría así 3,8 puntos por debajo de la media de 100.. Todo ello se traduciría en lo siguiente: Andalucía se posicionaría en 3.588 euros por habitante ajustado, cuando la media es de 3.731 euros, es decir, 143 euros por debajo de la media, un 3,8% inferior. Con el modelo actual, Andalucía recibe 130 euros menos por habitante, si se tiene en cuenta la población ajustada, y 186 euros menos en el caso de que se tome como referencia la población de derecho.. Lo que sí parece más complicado, a la espera del texto que se lleva para su aprobación en el Congreso de los Diputados, es activar la vía judicial. El Gobierno andaluz ya tenía preparado el terreno en esta materia y el 10 de septiembre de 2024, el Consejo de Gobierno instó a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a realizar las actuaciones necesarias para la defensa de una financiación autonómica justa y suficiente para Andalucía, siempre dentro de la legalidad y del marco constitucional. Entonces se hablaba directamente de un cupo catalán similar al del País Vasco y Navarra. El informe recordaba los artículos 9.2 de la Constitución que señala que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social», así como el 139.1 que detalla que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Mencionaba también el posible incumplimiento del artículo 2 en el que se deja claro que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».. Igualmente, se citaba el artículo 138.2 de la Carta Magna deja claro que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales» y el 158.2 abunda en que «con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso».. La nueva propuesta del modelo de financiación seguirá ahora su trámite legal. La intención es que entre en vigor en 2027 y que antes del mes de junio entre en la Cámara Baja para que lo califique. Aun así, desde Andalucía, Carolina España considera que la propuesta de Montero «nace muerta, porque se ha negociado de espaldas al conjunto de las comunidades autónomas, lo que supone un ejercicio de deslealtad hacia los territorios, sus representantes y sus ciudadanos».
El PP intensificará sus críticas al modelo presentado por la ministra de cara a las elecciones, que incluye «un imaginativa excusa», como denuncia Fedea, para privilegiar a Cataluña
La soledad de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, permitirá al Partido Popular Andaluz convertir el nuevo proyecto de modelo de financiación autonómica hecho a la medida de Cataluña como uno de los ejes de la próxima campaña electoral autonómica. Montero solo tiene el respaldo de Salvador Illa y ERC, y su propuesta no es bien vista ni por los socialistas de Asturias ni de Castilla La Mancha.. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, presente en la reunión que se celebró ayer en Madrid marcó las líneas maestras en las que insistirá tanto el Gobierno autonómico como el PP en los próximos meses: el nuevo sistema presentado «mantiene los agravios existentes y perjudica especialmente a Andalucía, beneficiando únicamente al independentismo».. El «traje a medida» de Cataluña no es una crítica exclusiva del PP, ni de las comunidades «díscolas» del PSOE. El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en la materia del país, así lo puso ayer por escrito en un informe. Entre otras cuestiones, reprocha al ministerio de Hacienda «la imaginativa excusa que se ha buscado para darle a Cataluña una jugosa prima de financiación a cuenta del IVA de las pymes societarias». Se trata de un fondo específico para favorecer financieramente a los catalanes, ya que Cataluña tiene «un peso en el IVA pymes muy superior a su peso en el consumo», mientras que en Andalucía «se da el fenómeno inverso». Eso se traduce en 1.441 millones para Cataluña y nada por este concepto para Andalucía.. Además, Fedea pronostica que Andalucía seguiría por debajo de la media pese a una «modesta ganancia» de 1,2 puntos por habitante ajustado: según sus datos con la información presentada, la región pasaría de un índice de financiación por andaluz de un 95 a un 96,2, y seguiría así 3,8 puntos por debajo de la media de 100.. Todo ello se traduciría en lo siguiente: Andalucía se posicionaría en 3.588 euros por habitante ajustado, cuando la media es de 3.731 euros, es decir, 143 euros por debajo de la media, un 3,8% inferior. Con el modelo actual, Andalucía recibe 130 euros menos por habitante, si se tiene en cuenta la población ajustada, y 186 euros menos en el caso de que se tome como referencia la población de derecho.. Lo que sí parece más complicado, a la espera del texto que se lleva para su aprobación en el Congreso de los Diputados, es activar la vía judicial. El Gobierno andaluz ya tenía preparado el terreno en esta materia y el 10 de septiembre de 2024, el Consejo de Gobierno instó a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a realizar las actuaciones necesarias para la defensa de una financiación autonómica justa y suficiente para Andalucía, siempre dentro de la legalidad y del marco constitucional. Entonces se hablaba directamente de un cupo catalán similar al del País Vasco y Navarra. El informe recordaba los artículos 9.2 de la Constitución que señala que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social», así como el 139.1 que detalla que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Mencionaba también el posible incumplimiento del artículo 2 en el que se deja claro que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».. Igualmente, se citaba el artículo 138.2 de la Carta Magna deja claro que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales» y el 158.2 abunda en que «con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso».. La nueva propuesta del modelo de financiación seguirá ahora su trámite legal. La intención es que entre en vigor en 2027 y que antes del mes de junio entre en la Cámara Baja para que lo califique. Aun así, desde Andalucía, Carolina España considera que la propuesta de Montero «nace muerta, porque se ha negociado de espaldas al conjunto de las comunidades autónomas, lo que supone un ejercicio de deslealtad hacia los territorios, sus representantes y sus ciudadanos».
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