El grado de aceptación de las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Cuentas se incrementa este año hasta el 72%, 18 puntos más que hace un año. Así lo pone de manifiesto el Informe de seguimiento de recomendaciones del ejercicio 2024 aprobado esta mañana por el Pleno del Consejo de Cuentas, un trabajo que realiza la institución que preside Mario Amilivia para testar si los entes que fueron auditados en el ejercicio precedente cumplieron, a partir de lo manifestado en los últimos meses en sus contestaciones, con las recomendaciones incorporadas a los informes de fiscalización aprobados por el Consejo.. Este trabajo se viene realizando por ley desde 2013, por lo que es el duodécimo análisis efectuado para analizar si los ayuntamientos, diputaciones, entidades locales menores y la administración autonómica aplican adecuadamente las aportaciones del Consejo para la mejora de la gestión pública.. Las recomendaciones no son vinculantes y por tanto su cumplimiento revela una voluntad de mejora de la gestión de los recursos públicos y un compromiso con la transparencia. El grado de aceptación, con las contestaciones analizadas este año, refleja un porcentaje que tiene en cuenta tanto las cumplidas total o parcialmente como aquellas en las que solo se manifiesta su conformidad. Hace un año, el seguimiento de las sugerencias o avisos realizados por el Consejo en 2023 anotó un grado de aceptación del 54%. El trabajo aprobado hoy evalúa además por primera vez la importancia cualitativa de las recomendaciones, su alcance, impacto potencial o grado de incidencia en la mejora de la gestión pública.. Durante 2024 se aprobaron 14 informes de fiscalización con 205 recomendaciones, de las cuales fueron objeto de análisis sobre su aceptación o cumplimiento 148 de estas, contenidas en 10 informes. El grado de aceptación alcanzó el 72% (107), siendo destacable que el mismo porcentaje se alcanza también en las recomendaciones consideradas como de relevancia alta, e incluso llega al 88% en aquellas que se formularon para la fiscalización de la contratación administrativa de la Comunidad.. El grado de aceptación por administraciones es el siguiente: las diputaciones un 80%, los municipios un 63% y la Junta de Castilla y León un 60%. En la evolución histórica, salvo casos puntuales, todas las administraciones analizadas superan el 50% de recomendaciones aceptadas.. En cuanto al cumplimiento de las aportaciones del Consejo por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, se considera que fueron aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 60 de las 148 analizadas, lo que representa un porcentaje del 41%. De las 88 no aplicadas, este año 47 (un 32% del total) fueron tomadas en consideración, es decir, aceptadas en su contenido a pesar de no haber sido todavía puestas en marcha. Según el informe de 2023 alcanzaron un 7%.. En términos absolutos, en el acumulado de los 12 años en los que se lleva realizando este trabajo, han sido aplicadas total o parcialmente 1.176 recomendaciones de las 2.469 analizadas, lo que representa un 48% para todo el periodo 2013-2024. Con relación al porcentaje de cumplimiento, este sigue siendo muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas: los municipios el 47% (18 de 38); la Junta el 48% (12, de 25), y las diputaciones provinciales el 35% (30 de 85).. A nivel cualitativo, son relevantes los efectos producidos sobre la actuación de la Administración de la Comunidad a raíz de las anotaciones que efectuó el Consejo de Cuentas en distintas materias. Así, por ejemplo, en el caso de las medidas tomadas para acelerar el reparto de fondos específicos entre las entidades de la Cuenta General que los va a gestionar, así como la correcta imputación presupuestaria que ya se está efectuando de los ingresos provenientes de la liquidación definitiva de las entregas a cuenta y los fondos de convergencia derivados del sistema de financiación.. Los avisos y sugerencias del Consejo también han tenido efecto en las actuaciones de algunas consejerías para tratar la posible imposición de penalidades a los contratistas, en relación con los contratos basados en los acuerdos marco de servicios de limpieza y de vigilancia, así como en la redacción de los pliegos para mejorar los requisitos de solvencia.. En el ámbito local, las recomendaciones también han tenido su impacto positivo para mejorar la gestión. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Guijuelo realizó la clasificación del puesto de tesorería como reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y se está intentando su provisión. También se han corregido determinadas actuaciones de contratación y se avanza en la justificación del carácter estructural de las plazas objeto de estabilización.. El Ayuntamiento de Ponferrada, por su parte, ha corregido todas las recomendaciones que se le trasladó, entre las que destacan las mejoras en la eficacia de sus actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en vía ejecutiva, en el control de la actividad recaudatoria de la sociedad concesionaria del servicio de suministro de agua, así como la definición, adopción e inclusión de indicadores en las cuentas de recaudación.. El impacto de las recomendaciones también se anota en las actuaciones de algunas diputaciones como la de Salamanca, mejorando la redacción de los pliegos para corregir la forma de valoración de las ofertas económicas, y la de Valladolid, absteniéndose de establecer cláusulas de revisión de precios en los pliegos del nuevo contrato de ayudas a domicilio, que además solo incluyen criterios de adjudicación automáticos, valorables mediante fórmulas matemáticas, descartando los criterios evaluables con juicio de valor.. También es destacable que ayuntamientos como Ciadoncha, La Pola de Gordón, Basardilla, Salduero, Olmillos de Castro, Perilla de Castro o Santa Eufemia del Barco han mejorado la rendición de sus cuentas en los últimos años.. El de esta mañana ha sido el último Pleno del año, en el que también se ha dado luz verde al informe de “Seguimiento de recomendaciones y actualización de la situación de la seguridad informática del Ayuntamiento de Villaquilambre (León)”. Con ello, el Consejo ha alcanzado en este ejercicio la aprobación de 21 trabajos, 20 auditorías, más el referido al seguimiento de las recomendaciones efectuadas el año pasado.. De cara ya al año 2026, el Consejo de Cuentas seguirá insistiendo con su Plan anual de 18 nuevos trabajos en fiscalizaciones que abordan los servicios públicos esenciales de Castilla y León: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Como novedad, fiscalizará la receta electrónica para analizar desde el punto de vista operativo cómo se puede mejorar su funcionamiento, sin olvidar aspectos como las medidas de seguridad.. También se fiscalizará por primera vez la publicidad institucional, así como la contabilidad electoral derivada del concurso de los partidos en las próximas elecciones autonómicas. El programa anual de trabajos contempla también un nuevo informe sobre el endeudamiento de la Comunidad, que permanece con un porcentaje inferior a la media autonómica, en torno al 18% del PIB y con una buena calificación.. Desde el punto de vista local, se abordarán informes en línea con la seña de identidad municipalista de Castilla y León. Por ejemplo, el referido al de las actividades y servicios públicos de los municipios de menos de 500 habitantes y las entidades locales menores, sus competencias, así como los servicios prestados en ellos por las entidades supramunicipales. También se analizará el ejercicio de las políticas de vivienda que están desarrollando los municipios.
Finaliza 2025 con la probación de 21 trabajos y afronta el nuevo año con un Plan que recoge 18 nuevos, entre ellos el análisis de las políticas de vivienda
El grado de aceptación de las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Cuentas se incrementa este año hasta el 72%, 18 puntos más que hace un año. Así lo pone de manifiesto el Informe de seguimiento de recomendaciones del ejercicio 2024 aprobado esta mañana por el Pleno del Consejo de Cuentas, un trabajo que realiza la institución que preside Mario Amilivia para testar si los entes que fueron auditados en el ejercicio precedente cumplieron, a partir de lo manifestado en los últimos meses en sus contestaciones, con las recomendaciones incorporadas a los informes de fiscalización aprobados por el Consejo.. Este trabajo se viene realizando por ley desde 2013, por lo que es el duodécimo análisis efectuado para analizar si los ayuntamientos, diputaciones, entidades locales menores y la administración autonómica aplican adecuadamente las aportaciones del Consejo para la mejora de la gestión pública.. Las recomendaciones no son vinculantes y por tanto su cumplimiento revela una voluntad de mejora de la gestión de los recursos públicos y un compromiso con la transparencia. El grado de aceptación, con las contestaciones analizadas este año, refleja un porcentaje que tiene en cuenta tanto las cumplidas total o parcialmente como aquellas en las que solo se manifiesta su conformidad. Hace un año, el seguimiento de las sugerencias o avisos realizados por el Consejo en 2023 anotó un grado de aceptación del 54%. El trabajo aprobado hoy evalúa además por primera vez la importancia cualitativa de las recomendaciones, su alcance, impacto potencial o grado de incidencia en la mejora de la gestión pública.. Durante 2024 se aprobaron 14 informes de fiscalización con 205 recomendaciones, de las cuales fueron objeto de análisis sobre su aceptación o cumplimiento 148 de estas, contenidas en 10 informes. El grado de aceptación alcanzó el 72% (107), siendo destacable que el mismo porcentaje se alcanza también en las recomendaciones consideradas como de relevancia alta, e incluso llega al 88% en aquellas que se formularon para la fiscalización de la contratación administrativa de la Comunidad.. El grado de aceptación por administraciones es el siguiente: las diputaciones un 80%, los municipios un 63% y la Junta de Castilla y León un 60%. En la evolución histórica, salvo casos puntuales, todas las administraciones analizadas superan el 50% de recomendaciones aceptadas.. En cuanto al cumplimiento de las aportaciones del Consejo por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, se considera que fueron aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 60 de las 148 analizadas, lo que representa un porcentaje del 41%. De las 88 no aplicadas, este año 47 (un 32% del total) fueron tomadas en consideración, es decir, aceptadas en su contenido a pesar de no haber sido todavía puestas en marcha. Según el informe de 2023 alcanzaron un 7%.. En términos absolutos, en el acumulado de los 12 años en los que se lleva realizando este trabajo, han sido aplicadas total o parcialmente 1.176 recomendaciones de las 2.469 analizadas, lo que representa un 48% para todo el periodo 2013-2024. Con relación al porcentaje de cumplimiento, este sigue siendo muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas: los municipios el 47% (18 de 38); la Junta el 48% (12, de 25), y las diputaciones provinciales el 35% (30 de 85).. A nivel cualitativo, son relevantes los efectos producidos sobre la actuación de la Administración de la Comunidad a raíz de las anotaciones que efectuó el Consejo de Cuentas en distintas materias. Así, por ejemplo, en el caso de las medidas tomadas para acelerar el reparto de fondos específicos entre las entidades de la Cuenta General que los va a gestionar, así como la correcta imputación presupuestaria que ya se está efectuando de los ingresos provenientes de la liquidación definitiva de las entregas a cuenta y los fondos de convergencia derivados del sistema de financiación.. Los avisos y sugerencias del Consejo también han tenido efecto en las actuaciones de algunas consejerías para tratar la posible imposición de penalidades a los contratistas, en relación con los contratos basados en los acuerdos marco de servicios de limpieza y de vigilancia, así como en la redacción de los pliegos para mejorar los requisitos de solvencia.. En el ámbito local, las recomendaciones también han tenido su impacto positivo para mejorar la gestión. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Guijuelo realizó la clasificación del puesto de tesorería como reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y se está intentando su provisión. También se han corregido determinadas actuaciones de contratación y se avanza en la justificación del carácter estructural de las plazas objeto de estabilización.. El Ayuntamiento de Ponferrada, por su parte, ha corregido todas las recomendaciones que se le trasladó, entre las que destacan las mejoras en la eficacia de sus actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en vía ejecutiva, en el control de la actividad recaudatoria de la sociedad concesionaria del servicio de suministro de agua, así como la definición, adopción e inclusión de indicadores en las cuentas de recaudación.. El impacto de las recomendaciones también se anota en las actuaciones de algunas diputaciones como la de Salamanca, mejorando la redacción de los pliegos para corregir la forma de valoración de las ofertas económicas, y la de Valladolid, absteniéndose de establecer cláusulas de revisión de precios en los pliegos del nuevo contrato de ayudas a domicilio, que además solo incluyen criterios de adjudicación automáticos, valorables mediante fórmulas matemáticas, descartando los criterios evaluables con juicio de valor.. También es destacable que ayuntamientos como Ciadoncha, La Pola de Gordón, Basardilla, Salduero, Olmillos de Castro, Perilla de Castro o Santa Eufemia del Barco han mejorado la rendición de sus cuentas en los últimos años.. El de esta mañana ha sido el último Pleno del año, en el que también se ha dado luz verde al informe de “Seguimiento de recomendaciones y actualización de la situación de la seguridad informática del Ayuntamiento de Villaquilambre (León)”. Con ello, el Consejo ha alcanzado en este ejercicio la aprobación de 21 trabajos, 20 auditorías, más el referido al seguimiento de las recomendaciones efectuadas el año pasado.. De cara ya al año 2026, el Consejo de Cuentas seguirá insistiendo con su Plan anual de 18 nuevos trabajos en fiscalizaciones que abordan los servicios públicos esenciales de Castilla y León: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Como novedad, fiscalizará la receta electrónica para analizar desde el punto de vista operativo cómo se puede mejorar su funcionamiento, sin olvidar aspectos como las medidas de seguridad.. También se fiscalizará por primera vez la publicidad institucional, así como la contabilidad electoral derivada del concurso de los partidos en las próximas elecciones autonómicas. El programa anual de trabajos contempla también un nuevo informe sobre el endeudamiento de la Comunidad, que permanece con un porcentaje inferior a la media autonómica, en torno al 18% del PIB y con una buena calificación.. Desde el punto de vista local, se abordarán informes en línea con la seña de identidad municipalista de Castilla y León. Por ejemplo, el referido al de las actividades y servicios públicos de los municipios de menos de 500 habitantes y las entidades locales menores, sus competencias, así como los servicios prestados en ellos por las entidades supramunicipales. También se analizará el ejercicio de las políticas de vivienda que están desarrollando los municipios.
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