La Audiencia Nacional ha fijado para el 13 de septiembre de 2027, dentro de casi 21 meses, el inicio de la vista oral contra el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras cuatro personas por el supuesto amaño de contratos para construir y explotar el campo de golf habilitado en las instalaciones del Canal de Isabel II durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, una de las líneas de investigación del caso Lezo. En un auto conocido este lunes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal estima que la vista puede prolongarse hasta el 30 de septiembre de ese mismo año, aunque deja para más adelante fijar el calendario concreto.. Seguir leyendo
El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid por la presunta trama corrupta que terminó dando los permisos de construcción y explotación de las instalaciones deportivas a una empresa vinculada a su familia
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La Audiencia Nacional ha fijado para el 13 de septiembre de 2027, dentro de casi 21 meses, el inicio de la vista oral contra el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras cuatro personas por el supuesto amaño de contratos para construir y explotar el campo de golf habilitado en las instalaciones del Canal de Isabel II durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, una de las líneas de investigación del caso Lezo. En un auto conocido este lunes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal estima que la vista puede prolongarse hasta el 30 de septiembre de ese mismo año, aunque deja para más adelante fijar el calendario concreto.. González se enfrentará en este juicio a una petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel ―que la acusación ejercida por la Comunidad de Madrid eleva a 16 años― por urdir presuntamente un sistema para que parte del beneficio de aquellas adjudicaciones recayera en una empresa vinculada a dos familiares, lo que permitió a la trama embolsarse más de medio millón de euros entre 2006 y 2012. Junto al político se sentarán en el banquillo de los acusados Ildefonso de Miguel, gerente del Canal y hombre de la máxima confianza de propio González, y los tres socios de la mercantil beneficiada con el supuesto amaño, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son, respectivamente, el hermano y cuñado del exdirigente del PP madrileño.. Según el auto dictado en agosto de 2021 por el juez Audiencia Nacional Manuel García Castellón para enviar al banquillo a los cuatro procesados, en la cúspide de la supuesta trama se situaba presuntamente González, que en aquellos años presidía el consejo de administración del Canal de Isabel II en su condición de vicepresidente de la Comunidad, cargo que ocupó desde 2003 a 2012, cuando lo dejó al asumir la presidencia del Ejecutivo regional tras la salida de Esperanza Aguirre. Junto a él, el relato de los hechos sitúa a De Miguel. Según recogía en su escrito de acusación la Fiscalía, ambos aprovecharon “la preeminencia orgánica y funcional de sus cargos” para propiciar de manera irregular cambios sustanciales en los concursos y acordar con la empresa adjudicataria la subcontratación de Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, SL, la empresa en la que figuraban como socios el hermano y el cuñado del expresidente.. El primero de los contratos presuntamente amañados fue el adjudicado a la constructora Dragados para la “consolidación, impermeabilización y ajardinamiento” de los terrenos donde se iba a instalar el campo de golf. En 2004, un año después de la concesión, la trama modificó el proyecto y, en lugar de convocar una nueva licitación como obligaba la ley, acordó con la constructora encargarle los nuevos trabajos a cambio de que subcontratara una parte, valorados en más de tres millones de euros, a la empresa del hermano y el cuñado de González pese a que esta no tenía capacidad para realizarlos. De hecho, Tecnoconcret subcontrató a su vez aquellos trabajos a otras dos compañías (Onlygolf y Fieldturf España), a las que cobró presuntamente una comisión del 8%, obteniendo así supuestamente un beneficio de 381.029 euros.. El segundo contrato bajo sospecha adjudicaba, por un periodo de cinco años, la gestión y explotación de las instalaciones del campo de golf. El Canal de Isabel II lo adjudicó, en 2006, a una unión temporal de empresas (UTE) que incluía a Tecnoconcret y a una sociedad de Dragados. Tras la adjudicación, las sociedades de la UTE crearon la firma Green Canal Golf, que subcontrató a Tecnoconcret el mantenimiento del césped de la instalación deportiva por un importe mensual de 9.875 euros. Esta, que también carecía de capacidad para ejecutar ese trabajo, lo subcontrató a su vez con Onlygolf por 7.941 euros al mes. De este modo, la sociedad de los familiares de González logró por su mera intermediación un beneficio aproximado de 20%. En total, 123.752 euros.. El juicio llegará más de dos décadas después de que se anunciara el proyecto del campo de golf, que estuvo rodeado de polémica desde que se ideó. Fueron los populares José María Álvarez del Manzano, como alcalde de Madrid, y Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente autonómico, quienes anunciaron el proyecto en 2003 de un “parque El Retiro de Chamberí”, con una extensión de 118.000 metros cuadrados en la que cabrían jardines, un estanque y hasta un helipuerto. Años después, en 2006 ya con Esperanza Aguirre en el poder, el proyecto trasmutó en el campo de golf, lo que desató una oleada de críticas por parte de los vecinos del distrito, que no veían la necesidad de contar con este tipo de instalaciones, pero sí con áreas verdes como las que les prometieron en un principio. El campo de golf finalmente se construyó, pero en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo declaró no legal y mandó a que se demoliera. No fue hasta 2018 que la instalación fue derribada y en su lugar se creó el parque Santander.. González, que estuvo en prisión provisional casi siete meses, tiene pendientes otras dos causas incluidas ambas también en el caso Lezo. En una de ellas se acusa al exvicepresidente madrileño de supuestas irregularidades en la adjudicación, en 2007, de la infraestructura del tren de Navalcarnero a OHL. Por eso, la Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel. También está encausado por la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, una operación que presuntamente le permitió embolsarse comisiones millonarias y por la que el ministerio público le pide otros ocho años de cárcel.
