El juzgado número 29 de lo Contencioso Administrativo de Madrid, dirigido por la magistrada valenciana Raquel Catalá, ha parado hasta el momento ocho desahucios mediante otras tantas providencias, basándose en la reciente solución al desahucio de la ya emblemática Maricarmen ofrecida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital. La jueza, tal y como ha adelantado Eldiario.es y confirmado EL PAÍS, recuerda cómo ha resuelto el Consistorio madrileño —a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)— el caso del desahucio de esa mujer de 87 años, convertida en esta última semana en el icono de la enorme crisis de la vivienda que sufre España.. Seguir leyendo
El consistorio madrileño remite a la empresa municipal de vivienda, que reitera que no ha mediado en un desahucio y que no puede intermediar en un contrato ajeno hasta que se lo pida el propietario de la vivienda
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El juzgado número 29 de lo Contencioso Administrativo de Madrid, dirigido por la magistrada valenciana Raquel Catalá, ha parado hasta el momento ocho desahucios mediante otras tantas providencias, basándose en la reciente solución al desahucio de la ya emblemática Maricarmen ofrecida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital. La jueza, tal y como ha adelantado Eldiario.es y confirmado EL PAÍS, recuerda cómo ha resuelto el Consistorio madrileño —a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)— el caso del desahucio de esa mujer de 87 años, convertida en esta última semana en el icono de la enorme crisis de la vivienda que sufre España.. La jueza Catalá resalta en las providencias cómo, atendiendo a sus competencias propias y a la legislación europea y nacional vigentes, el Ayuntamiento madrileño se puso en marcha y activó a la EMVS para buscar una solución, tras una petición de los dueños, al desahucio que llevó a Maricarmen a ser expulsada de la casa en la que había vivido durante 70 años y a salir en camilla hacia el hospital.. En el caso de Maricarmen, la vivienda que tenía alquilada y por la que pagaba mensualmente su renta era propiedad de la empresa Urbagestión. Sin embargo, en estos otros ocho casos paralizados ahora por la magistrada Catalá, las viviendas con amenaza de desahucio pertenecen a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Lo que plantea la magistrada es que, dada la vulnerabilidad de sus inquilinos (sin recursos económicos ni trabajo), el Ayuntamiento aplique la misma fórmula o use el parque de viviendas de la EMVS a disposición para dar soluciones a estos desalojos.. Almeida sacó pecho de la intermediación y el acuerdo al que llegaron hace justo una semana los representantes jurídicos de Maricarmen y la empresa dueña del piso para que la mujer pueda finalmente volver a su casa cuando salga del hospital. Y aseguró el regidor que, sin su equipo de Gobierno, “nada habría sido posible”. La actuación, no obstante, no tiene precedentes en la capital, aunque ahora parece estar sentando jurisprudencia.. Ahora, la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 29 de Madrid resalta en sus providencias lo rápido que el Gobierno de Almeida actuó con Maricarmen y menciona directamente el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), la herramienta municipal utilizada por el Ayuntamiento para reunir a Urbagestión con la abogada de la anciana.. Además, recuerda Catalá que, según se deduce de los propios informes del Ayuntamiento, dispone de un parque de vivienda pública para aportar soluciones en estos casos. Y copia una cita literal de una nota municipal: “El Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMVS, cuenta con un patrimonio de más de 10.000 viviendas destinadas a alquiler asequible. Desde 2019, el patrimonio se ha incrementado en casi 3.800 pisos, es decir, un 60 %”. De hecho, el viernes el alcalde entregó la vivienda de alquiler asequible número 5.000, ubicada en el barrio de El Cañaveral.. Sobre estos ocho desahucios, en el Ayuntamiento remiten a la empresa municipal de vivienda, donde reiteran que ellos no han mediado en un desalojo ―en referencia a Maricarmen― y que no pueden intermediar en un contrato ajeno a la EMVS, como ocurre en este caso y ocurría en el de la mujer de 87 años, hasta que se lo pida el propietario de la vivienda.. En este contexto, la magistrada apremia a la empresa municipal de vivienda a que “informe sobre las medidas precautorias adecuadas y suficientes” que va a proporcionar a las personas afectadas por las ocho órdenes de desahucio, que, en muchos casos, “se encuentran en situación de especial vulnerabilidad” e implican a menores.. “De lo que se trata precisamente es de que la juez/el juez, al autorizar el desalojo, conozca, valore y considere proporcionadas y suficientes las medidas que la Administración ha adoptado o va a adoptar, al no podernos limitar a autorizar `mecánicamente’ la entrada en el domicilio para recuperar vivienda pública y tampoco a que las soluciones de realojo material que se propongan o existan sean las de asistencia ambulatoria en la calle a través del Samur Social”, señala la jueza. Y abunda en que hay que “superar” la solución del Samur, “pues es evidente que está condicionada, y por ende pudiera darse el caso incluso de que no tengan nada que ofrecer, esto es, ninguna alternativa habitacional/vivienda”.. La jueza cita a su vez la respuesta de los servicios sociales: “Dada la situación expuesta de la familia, se valora la situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social derivada de la insuficiencia de recursos económicos y escasas posibilidades de incorporación al mundo laboral y residencial en el actual mercado inmobiliario. Desde Servicios Sociales se solicita la posibilidad de valoración de negociación de la deuda contraída o el traslado a otra vivienda social”.. El lunes de la semana pasada, Urbagestión se reunió con la consejera delegada de la EMVS, la abogada de Maricarmen y una representante del Sindicato de Inquilinas para llegar a un acuerdo y que la mujer, desahuciada el 23 de septiembre, volviera como inquilina a su piso de Retiro con un alquiler similar al que ya pagaba, en torno a los 500 euros gastos incluidos. Tras cuatro horas de conversaciones, alcanzaron un pacto insólito: la mujer regresaría, tras haber sido desalojada, al apartamento.. Este encuentro se produjo porque la empresa propietaria se puso días antes en contacto con el Ayuntamiento y pidió su intermediación. Hasta entonces, el Consistorio, preguntado por qué se podía hacer por Maricarmen, respondía que ya le habían ofrecido alternativas habitacionales en residencias autonómicas y locales ―que ella rechazó― y aseguraba y asegura que si los dueños no hubieran pedido ayuda, ellos no tenían ninguna herramienta para mediar en un conflicto de estas características. Tampoco pueden poner en marcha el servicio de intermediación ―el mecanismo municipal utilizado en este caso― a petición de los inquilinos, solo de los propietarios, recalcan.
