A finales de 2025, el Defensor del Pueblo solicitó información acerca de la cobertura de personal facultativo de los 15 centros que albergan el mayor número de personas privadas de libertad. Y de estos, cinco se encuentran e Andalucía: Sevilla II, Huelva, Córdoba, Granada y Puerto III (Cádiz). La conclusión del Defensor fue que la dotación de médicos en estas grandes prisiones, con una población reclusa de más de 1.200 internos, «resulta del todo insuficiente». Según esta institución, la ratio que corresponde a estos grandes centros penitenciarios es de, al menos, ocho médicos, pero «en la mayoría hay uno o dos», asegura a este diario un médico que ha trabajado durante 40 años en cárceles andaluzas, la mayor parte del tiempo en la de Córdoba. Según este trabajador, se ha tenido que recurrir a empresas privadas, enfermeros y telemedicina para garantizar la asistencia sanitaria en las cárceles porque «ya no hay facultativos que quieran dedicarse a ello». «Supone dedicarse a la medicina pública de los más pobres, ganamos muchísimo menos y no se incentiva la carrera profesional ni la formación, así que es muy difícil encontrar relevo para los que se jubilan», asegura.. El Ministerio del Interior ha tenido que externalizar parte de la asistencia en prisiones ante la falta de médicos y «extralimitar las funciones de los enfermeros», que «en muchas ocasiones actúan como si fueran médicos, con los riesgos que eso comporta». Según el Defensor del Pueblo, el personal de enfermería «prescribe medicación, hace partes de lesiones y aplica aislamientos», lo que está fuera de sus competencias. El Defensor también advierte en su informe que en algunas cárceles «únicamente se dispone de médicos contratados que trabajan en turnos de 24 horas y descansan dos o tres días, de modo que uno o dos días a la semana y unas tres noches a la semana no hay médico». Y que esos vacíos se cubren con la telemedicina, «un recurso condicionado especialmente por el régimen penitenciario».. «No siempre ha sido así», incide el médico penitenciario consultado por este diario. «Con la eclosión del VIH y las drogas, se dotó a las cárceles de grandes equipos sanitarios. En los años 2000 éramos casi 500 los médicos que trabajábamos en prisiones y se hacía una buena promoción de la salud». Ahora, apenas quedan unas 160, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, y el 69% de los puestos están desiertos.. La población reclusa a la que se atiende también ha ido cambiando con el tiempo. Según cuenta el profesional consultado por este diario, «durante los años de plomo duro, en los años 80 y principios de los 90, el 40% de los reclusos tenían VIH y el 60% eran toxicómanos por vía parenteral». Esa población, «prácticamente murió por complicaciones derivadas de lo anterior y, con el paso del tiempo, los mecanismos de contagio del VIH han ido disminuyendo, de forma que la incidencia actual ha bajado drásticamente hasta el 7 u 8%». Cuando se controló la pandemia de VIH en las cárceles españolas, en los años 2000, se empezó con los tratamientos específicos para la hepatitis C y ya «no hay ningún paciente en prisiones descontrolado a causa de esta enfermedad».. Actualmente, es la «la población migrante, sobre todo del Magreb, la que llega a las cárceles con hepatitis B, C y tuberculosis». Pero, sin duda, dice este médico, «el gran problema sanitario en las cárceles es el consumo de estupefacientes y las enfermedades mentales, y para ello solo hay dos centros especializados», lamenta. Se trata del hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla, con 184 camas y dedicado exclusivamente a hombres, y el de Alicante, un centro mixto con mayor capacidad, dotado con 300 celdas.
En Andalucía hay cinco grandes prisiones y no cumplen la ratio de ocho facultativos: son los enfermeros y la telemedicina los que palían esta carencia asistencial
A finales de 2025, el Defensor del Pueblo solicitó información acerca de la cobertura de personal facultativo de los 15 centros que albergan el mayor número de personas privadas de libertad. Y de estos, cinco se encuentran e Andalucía: Sevilla II, Huelva, Córdoba, Granada y Puerto III (Cádiz). La conclusión del Defensor fue que la dotación de médicos en estas grandes prisiones, con una población reclusa de más de 1.200 internos, «resulta del todo insuficiente». Según esta institución, la ratio que corresponde a estos grandes centros penitenciarios es de, al menos, ocho médicos, pero «en la mayoría hay uno o dos», asegura a este diario un médico que ha trabajado durante 40 años en cárceles andaluzas, la mayor parte del tiempo en la de Córdoba. Según este trabajador, se ha tenido que recurrir a empresas privadas, enfermeros y telemedicina para garantizar la asistencia sanitaria en las cárceles porque «ya no hay facultativos que quieran dedicarse a ello». «Supone dedicarse a la medicina pública de los más pobres, ganamos muchísimo menos y no se incentiva la carrera profesional ni la formación, así que es muy difícil encontrar relevo para los que se jubilan», asegura.. El Ministerio del Interior ha tenido que externalizar parte de la asistencia en prisiones ante la falta de médicos y «extralimitar las funciones de los enfermeros», que «en muchas ocasiones actúan como si fueran médicos, con los riesgos que eso comporta». Según el Defensor del Pueblo, el personal de enfermería «prescribe medicación, hace partes de lesiones y aplica aislamientos», lo que está fuera de sus competencias. El Defensor también advierte en su informe que en algunas cárceles «únicamente se dispone de médicos contratados que trabajan en turnos de 24 horas y descansan dos o tres días, de modo que uno o dos días a la semana y unas tres noches a la semana no hay médico». Y que esos vacíos se cubren con la telemedicina, «un recurso condicionado especialmente por el régimen penitenciario».. «No siempre ha sido así», incide el médico penitenciario consultado por este diario. «Con la eclosión del VIH y las drogas, se dotó a las cárceles de grandes equipos sanitarios. En los años 2000 éramos casi 500 los médicos que trabajábamos en prisiones y se hacía una buena promoción de la salud». Ahora, apenas quedan unas 160, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, y el 69% de los puestos están desiertos.. La población reclusa a la que se atiende también ha ido cambiando con el tiempo. Según cuenta el profesional consultado por este diario, «durante los años de plomo duro, en los años 80 y principios de los 90, el 40% de los reclusos tenían VIH y el 60% eran toxicómanos por vía parenteral». Esa población, «prácticamente murió por complicaciones derivadas de lo anterior y, con el paso del tiempo, los mecanismos de contagio del VIH han ido disminuyendo, de forma que la incidencia actual ha bajado drásticamente hasta el 7 u 8%». Cuando se controló la pandemia de VIH en las cárceles españolas, en los años 2000, se empezó con los tratamientos específicos para la hepatitis C y ya «no hay ningún paciente en prisiones descontrolado a causa de esta enfermedad».. Actualmente, es la «la población migrante, sobre todo del Magreb, la que llega a las cárceles con hepatitis B, C y tuberculosis». Pero, sin duda, dice este médico, «el gran problema sanitario en las cárceles es el consumo de estupefacientes y las enfermedades mentales, y para ello solo hay dos centros especializados», lamenta. Se trata del hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla, con 184 camas y dedicado exclusivamente a hombres, y el de Alicante, un centro mixto con mayor capacidad, dotado con 300 celdas.
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