Vuelta al punto de partida, una de sus casillas recurrentes. La unión temporal de empresas (UTE) liderada por Acciona ha solicitado al Ministerio de Transportes la anulación del contrato para la ampliación del puente del Centenario de Sevilla, un movimiento que, de prosperar, obligaría a relicitar los trabajos pendientes y prolongaría aún más un proyecto atrapado entre modificados, retrasos y controversias. El Ministerio anunció que trabaja para adjudicar de nuevo las obras de ampliación y sustitución de los tirantes y «poder culminar esta actuación lo más rápido posible». El Ministerio obligará a Acciona a no parar la obra hasta garantizar la «seguridad». El Ejecutivo central culpa a las adjudicatarias de la situación generada y afirma que están obligadas a finalizar la estructura y el atirantado antes de dejar los trabajos. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, asegura que el nuevo percance «no tiene repercusión sobre la ciudadanía». El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por su parte, remitió una carta a Pedro Sánchez invitándole a transitar por la infraestructura en hora punta y reclamó el cese del ministro Óscar Puente por el «fiasco». El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exige los informes de seguridad del puente: «No sé si está garantizada», cuestionó.. La petición formal de Acciona se sustenta en un argumento jurídico: la suma de los modificados del contrato supera el límite que establece la ley. El primero elevó el presupuesto en un 19,2% y el segundo en un 19,92%, hasta alcanzar un incremento acumulado del 38,94%, muy por encima del umbral del 20% que permite a cualquiera de las partes desligarse del contrato. No es, según la versión de las empresas, una cuestión de dinero. «El problema es el proyecto», sostienen desde la UTE, que considera que la obra se ha vuelto «ingobernable» tanto por su complejidad técnica como por la obligación de ejecutarla sin interrumpir completamente el tráfico de una de las principales arterias viarias de Sevilla, con más de 100.000 vehículos diarios.. La ampliación del puente del Centenario, adjudicada en 2021, ha transitado por una secuencia de revisiones que han desbordado tanto los plazos como los costes previstos. El contrato inicial –en torno a los 70 millones– ha sido objeto de sucesivas modificaciones que han tensionado la relación entre la Administración y la adjudicataria, hasta desembocar en el actual pulso. La obra, diseñada para ejecutarse en poco más de dos años, acumula ya retrasos que duplican ese calendario. A ello se suma una ejecución intermitente, con fases de ralentización e incluso virtual paralización, como la vivida a comienzos de 2026 a la espera de la aprobación de nuevos modificados. El escenario que se abre ahora, en caso de rescisión, no implica un abandono inmediato. La UTE tendría que completar los trabajos ya abonados por el Ministerio, mientras que el resto de la obra se licitaría de nuevo, previsiblemente por la vía de emergencia.. El puente del Centenario no es una infraestructura más. Es uno de los principales nudos de la SE-30 y una pieza crítica para la movilidad metropolitana y portuaria de Sevilla. Su ampliación –largamente demandada– se concibió como una solución estructural a la congestión crónica de este punto negro. Sin embargo, la obra ha ido mutando en símbolo de las dificultades de la obra pública contemporánea: proyectos que nacen tensionados, modificaciones encadenadas, costes al alza y una ejecución condicionada por el tráfico, la técnica y la política.. El contexto se ha visto contaminado por elementos externos. Informes de la Intervención General del Estado han advertido de incrementos relevantes en partidas como el acero, mientras que la adjudicación y evolución del contrato han aparecido tangencialmente en investigaciones judiciales vinculadas al llamado «caso Koldo».. La decisión final corresponde al Ministerio de Transportes, que deberá valorar si concurren las causas legales para la rescisión y cómo articular una eventual transición. Una nueva licitación implicaría rehacer parte del proceso administrativo y un nuevo calendario. La UTE sostiene que dejaría la obra «preparada» para que otra empresa continúe los trabajos. La infraestructura se ha convertido en un nudo administrativo y técnico: un atasco permanente.
El Ministerio obligará a Acciona a seguir en la obra hasta garantizar la seguridad de los tirantes y la estructura de un puente por el que pasan más de 100.000 vehículos al día
Vuelta al punto de partida, una de sus casillas recurrentes. La unión temporal de empresas (UTE) liderada por Acciona ha solicitado al Ministerio de Transportes la anulación del contrato para la ampliación del puente del Centenario de Sevilla, un movimiento que, de prosperar, obligaría a relicitar los trabajos pendientes y prolongaría aún más un proyecto atrapado entre modificados, retrasos y controversias. El Ministerio anunció que trabaja para adjudicar de nuevo las obras de ampliación y sustitución de los tirantes y «poder culminar esta actuación lo más rápido posible». El Ministerio obligará a Acciona a no parar la obra hasta garantizar la «seguridad». El Ejecutivo central culpa a las adjudicatarias de la situación generada y afirma que están obligadas a finalizar la estructura y el atirantado antes de dejar los trabajos. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, asegura que el nuevo percance «no tiene repercusión sobre la ciudadanía». El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por su parte, remitió una carta a Pedro Sánchez invitándole a transitar por la infraestructura en hora punta y reclamó el cese del ministro Óscar Puente por el «fiasco». El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exige los informes de seguridad del puente: «No sé si está garantizada», cuestionó.. La petición formal de Acciona se sustenta en un argumento jurídico: la suma de los modificados del contrato supera el límite que establece la ley. El primero elevó el presupuesto en un 19,2% y el segundo en un 19,92%, hasta alcanzar un incremento acumulado del 38,94%, muy por encima del umbral del 20% que permite a cualquiera de las partes desligarse del contrato. No es, según la versión de las empresas, una cuestión de dinero. «El problema es el proyecto», sostienen desde la UTE, que considera que la obra se ha vuelto «ingobernable» tanto por su complejidad técnica como por la obligación de ejecutarla sin interrumpir completamente el tráfico de una de las principales arterias viarias de Sevilla, con más de 100.000 vehículos diarios.. La ampliación del puente del Centenario, adjudicada en 2021, ha transitado por una secuencia de revisiones que han desbordado tanto los plazos como los costes previstos. El contrato inicial –en torno a los 70 millones– ha sido objeto de sucesivas modificaciones que han tensionado la relación entre la Administración y la adjudicataria, hasta desembocar en el actual pulso. La obra, diseñada para ejecutarse en poco más de dos años, acumula ya retrasos que duplican ese calendario. A ello se suma una ejecución intermitente, con fases de ralentización e incluso virtual paralización, como la vivida a comienzos de 2026 a la espera de la aprobación de nuevos modificados. El escenario que se abre ahora, en caso de rescisión, no implica un abandono inmediato. La UTE tendría que completar los trabajos ya abonados por el Ministerio, mientras que el resto de la obra se licitaría de nuevo, previsiblemente por la vía de emergencia.. El puente del Centenario no es una infraestructura más. Es uno de los principales nudos de la SE-30 y una pieza crítica para la movilidad metropolitana y portuaria de Sevilla. Su ampliación –largamente demandada– se concibió como una solución estructural a la congestión crónica de este punto negro. Sin embargo, la obra ha ido mutando en símbolo de las dificultades de la obra pública contemporánea: proyectos que nacen tensionados, modificaciones encadenadas, costes al alza y una ejecución condicionada por el tráfico, la técnica y la política.. El contexto se ha visto contaminado por elementos externos. Informes de la Intervención General del Estado han advertido de incrementos relevantes en partidas como el acero, mientras que la adjudicación y evolución del contrato han aparecido tangencialmente en investigaciones judiciales vinculadas al llamado «caso Koldo».. La decisión final corresponde al Ministerio de Transportes, que deberá valorar si concurren las causas legales para la rescisión y cómo articular una eventual transición. Una nueva licitación implicaría rehacer parte del proceso administrativo y un nuevo calendario. La UTE sostiene que dejaría la obra «preparada» para que otra empresa continúe los trabajos. La infraestructura se ha convertido en un nudo administrativo y técnico: un atasco permanente.
Noticias de Andalucía en La Razón
