Los dirigentes de UGT y PSCyL reclamaron hoy a la Junta que abra la negociación con los agentes sociales para reforzar el sistema de atención a la dependencia ante los 340 millones de euros adicionales que, según señaló el secretario autonómico del sindicato, Óscar Lobo, recibirá la Comunidad, y pidió aprovechar estos recursos para aumentar la presencia de residencias públicas. Una reivindicación a la que se sumó el secretario general del PSCyL y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, quien defendió que la financiación llegue especialmente a los pequeños y medianos municipios.. Lobo recordó que el actual acuerdo de Diálogo Social en esta materia concluye en 2026, y consideró que los nuevos recursos deben servir para revisar el modelo. «Es el momento de empezar a trabajar y de sentarnos para mejorarlo, para perfeccionarlo y para que realmente nuestro sistema tenga mayor presencia de residencias públicas, que es una de las cuestiones de las que adolece actualmente», afirmó, antes de reclamar a la Administración autonómica que vuelva a concertar con los agentes sociales el futuro de la atención a la dependencia.. Lobo y Martínez realizaron estas declaraciones en Palencia, donde participaron en el II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Castilla y León, celebrado en La Roca. Al acto asistieron también el secretario general de la UJP, Felipe de Diego, y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, informa Ical.. El líder de los socialistas de Castilla y León coincidió en la necesidad de aprovechar los nuevos fondos para reforzar los servicios públicos vinculados a las personas mayores, y reclamó un acuerdo de Comunidad para determinar su utilización. «Esos más de 300 millones de euros para la dependencia tienen que incluir una participación y un acuerdo político de Comunidad para poder abordarlo con seriedad y que llegue a los territorios que más languidecen», sostuvo.. Martínez vinculó esta necesidad con las dificultades para envejecer en el medio rural, y defendió una mayor aportación autonómica para ampliar las plazas residenciales y las políticas de envejecimiento activo. «No tanto en las capitales de provincia, porque los ayuntamientos dan esa cobertura, pero sí en esos pequeños y medianos territorios que languidecen precisamente por la ausencia de unas políticas activas y por una cobertura social adecuada al siglo XXI», afirmó.. Desahucio de Mari Carmen. Óscar Lobo mostró su preocupación por la situación de la vivienda y puso como ejemplo el desahucio ejecutado ayer en Madrid a Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba alrededor de siete décadas residiendo en su vivienda del distrito de Retiro. La comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento y la mujer abandonó el inmueble en camilla para ser trasladada en ambulancia.. Al respecto, aseguró que Castilla y León «no es un territorio ajeno a esta problemática», y alertó especialmente de la vulnerabilidad de las personas mayores de 65 años ante el encarecimiento de la vivienda. «¿Cuándo vamos a abordar el problema de la vivienda y cómo protegemos especialmente a las personas mayores de 65 años vulnerables?», preguntó.. Asimismo, el secretario autonómico de UGT reclamó recuperar también el Diálogo Social en materia de vivienda, y aseguró que el incremento de los alquileres está afectando especialmente a Castilla y León. «Es importante, imprescindible abordar esta cuestión que golpea el bolsillo de los trabajadores y que también puede dejar desprotegida, como hemos visto, a una parte importante de nuestros mayores», señaló.. Carlos Martínez se refirió también a este desahucio, que calificó como un «fracaso de la política», y trasladó el debate a Castilla y León, ya que ayer se debatió en las Cortes una propuesta en este sentido. Al respecto, reprochó al PP su rechazo a la propuesta del PSOE para impulsar una política pública de vivienda a medio y largo plazo con la participación de ayuntamientos y diputaciones.. Martínez reclamó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que aborde la vivienda como uno de los principales problemas de la Comunidad, y sostuvo que el déficit no afecta únicamente a las capitales, sino también a pequeñas y medianas ciudades.. Pensionistas. Por otra parte, el secretario general de UGT en la Comunidad cifró en casi 12.000 millones de euros anuales la aportación de las pensiones a la Comunidad, y recordó que esos recursos repercuten en el comercio, el tejido productivo y los mercados y contribuyen a sostener la actividad de miles de municipios.. «Nuestro sistema público de pensiones hace viable una comunidad como Castilla y León», afirmó Lobo, quien defendió la necesidad de proteger un colectivo especialmente relevante en una autonomía envejecida.. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, dio la bienvenida a los participantes y reivindicó el papel activo de los jubilados en la defensa de sus derechos. «Con la jubilación no caduca la capacidad de luchar por lo justo», afirmó, al tiempo que pidió a las administraciones colaborar con los colectivos de mayores para consolidar los derechos alcanzados y avanzar en otros nuevos.. Por su parte, Felipe de Diego destacó la participación alcanzada en esta segunda edición del encuentro, y planteó la necesidad de mantener la organización y movilización de las personas mayores para preservar sus derechos.
Piden medidas para proteger a los mayores vulnerables ante el problema de la vivienda y evitar desahucios como el de Mari Carmen
Los dirigentes de UGT y PSCyL reclamaron hoy a la Junta que abra la negociación con los agentes sociales para reforzar el sistema de atención a la dependencia ante los 340 millones de euros adicionales que, según señaló el secretario autonómico del sindicato, Óscar Lobo, recibirá la Comunidad, y pidió aprovechar estos recursos para aumentar la presencia de residencias públicas. Una reivindicación a la que se sumó el secretario general del PSCyL y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, quien defendió que la financiación llegue especialmente a los pequeños y medianos municipios.. Lobo recordó que el actual acuerdo de Diálogo Social en esta materia concluye en 2026, y consideró que los nuevos recursos deben servir para revisar el modelo. «Es el momento de empezar a trabajar y de sentarnos para mejorarlo, para perfeccionarlo y para que realmente nuestro sistema tenga mayor presencia de residencias públicas, que es una de las cuestiones de las que adolece actualmente», afirmó, antes de reclamar a la Administración autonómica que vuelva a concertar con los agentes sociales el futuro de la atención a la dependencia.. Lobo y Martínez realizaron estas declaraciones en Palencia, donde participaron en el II Encuentro Autonómico de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Castilla y León, celebrado en La Roca. Al acto asistieron también el secretario general de la UJP, Felipe de Diego, y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, informa Ical.. El líder de los socialistas de Castilla y León coincidió en la necesidad de aprovechar los nuevos fondos para reforzar los servicios públicos vinculados a las personas mayores, y reclamó un acuerdo de Comunidad para determinar su utilización. «Esos más de 300 millones de euros para la dependencia tienen que incluir una participación y un acuerdo político de Comunidad para poder abordarlo con seriedad y que llegue a los territorios que más languidecen», sostuvo.. Martínez vinculó esta necesidad con las dificultades para envejecer en el medio rural, y defendió una mayor aportación autonómica para ampliar las plazas residenciales y las políticas de envejecimiento activo. «No tanto en las capitales de provincia, porque los ayuntamientos dan esa cobertura, pero sí en esos pequeños y medianos territorios que languidecen precisamente por la ausencia de unas políticas activas y por una cobertura social adecuada al siglo XXI», afirmó.. Desahucio de Mari Carmen. Óscar Lobo mostró su preocupación por la situación de la vivienda y puso como ejemplo el desahucio ejecutado ayer en Madrid a Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba alrededor de siete décadas residiendo en su vivienda del distrito de Retiro. La comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento y la mujer abandonó el inmueble en camilla para ser trasladada en ambulancia.. Al respecto, aseguró que Castilla y León «no es un territorio ajeno a esta problemática», y alertó especialmente de la vulnerabilidad de las personas mayores de 65 años ante el encarecimiento de la vivienda. «¿Cuándo vamos a abordar el problema de la vivienda y cómo protegemos especialmente a las personas mayores de 65 años vulnerables?», preguntó.. Asimismo, el secretario autonómico de UGT reclamó recuperar también el Diálogo Social en materia de vivienda, y aseguró que el incremento de los alquileres está afectando especialmente a Castilla y León. «Es importante, imprescindible abordar esta cuestión que golpea el bolsillo de los trabajadores y que también puede dejar desprotegida, como hemos visto, a una parte importante de nuestros mayores», señaló.. Carlos Martínez se refirió también a este desahucio, que calificó como un «fracaso de la política», y trasladó el debate a Castilla y León, ya que ayer se debatió en las Cortes una propuesta en este sentido. Al respecto, reprochó al PP su rechazo a la propuesta del PSOE para impulsar una política pública de vivienda a medio y largo plazo con la participación de ayuntamientos y diputaciones.. Martínez reclamó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que aborde la vivienda como uno de los principales problemas de la Comunidad, y sostuvo que el déficit no afecta únicamente a las capitales, sino también a pequeñas y medianas ciudades.. Pensionistas. Por otra parte, el secretario general de UGT en la Comunidad cifró en casi 12.000 millones de euros anuales la aportación de las pensiones a la Comunidad, y recordó que esos recursos repercuten en el comercio, el tejido productivo y los mercados y contribuyen a sostener la actividad de miles de municipios.. «Nuestro sistema público de pensiones hace viable una comunidad como Castilla y León», afirmó Lobo, quien defendió la necesidad de proteger un colectivo especialmente relevante en una autonomía envejecida.. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, dio la bienvenida a los participantes y reivindicó el papel activo de los jubilados en la defensa de sus derechos. «Con la jubilación no caduca la capacidad de luchar por lo justo», afirmó, al tiempo que pidió a las administraciones colaborar con los colectivos de mayores para consolidar los derechos alcanzados y avanzar en otros nuevos.. Por su parte, Felipe de Diego destacó la participación alcanzada en esta segunda edición del encuentro, y planteó la necesidad de mantener la organización y movilización de las personas mayores para preservar sus derechos.
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