El movimiento ciudadano «Hijos del Guadarrama», sucesores de la Plataforma Salvemos Navacerrada, ha pedido amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la situación que consideran de «agravio» para el Puerto de Navacerrada después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido los recursos presentados tanto por la Junta de Castilla y León como por Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí S.A. sobre la ocupación del ‘Pinar de Valsaín’.. En este sentido, este colectivo recuerda que más del 75 por ciento de las estaciones de esquí en España son de titularidad pública o gestionadas por entes públicos, pero que solamente Navacerrada es víctima de este «caos».. Una petición a la Europa de la unión que ha producido también tras la denuncia del organismo autónomo de Parques Nacionales contra el acuerdo del Gobierno de Castilla y León que declara su incompetencia para resolver la solicitud de interrupción del cómputo de plazo de ocupación de este monte de utilidad pública, ubicado en la provincia de Segovia.. «No existe un hecho determinado y demostrable que impida la práctica de este deporte de invierno, en el Puerto de Navacerrada, donde no se ha cerrado la estación ninguna temporada por falta de nieve ay tampoco existe un hecho que dañe la práctica del esquí, a la naturaleza y a la vida de las aves que conviven desde finales del siglo XIX”, afirman desde «Hijos del Guadarrama» en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, y en el que advierten también de que la orden del desmantelamiento de las instalaciones de Navacerrada provocaría un “desastre económico” ante una situación “absolutamente inconmensurable y lamentable”.. En este sentido, señalan que hay más de 200 puestos de trabajo directos en juego y más de 5.000 de forma indirecta en los Valles colindantes de Cercedilla, Navacerrada, Rascafría, Valsaín, San Ildefonso, a los que habría que sumar los profesionales de la nieve, propietarios y hostelería en la zona.. “Si allí no hubiese una estación de esquí, no subiría nadie”, apuntan.. Asimismo, advierten de que en el caso de retirar los medios mecánicos, se dejaría sin movilidad a todo un colectivo inclusivo de discapacidad que tampoco podrían acceder de “ninguna manera» a observar y disfrutar de este lugar.. Finalmente, defienden que en este Puerto de Navacerrada se protege también la naturaleza en verano ya que los esquiadores entrenan también en la zona, mientras que que el uso del tren sostenible, algo que es “necesario» para el acceso y transporte como uso público” pasaría a un ámbito turístico con un “coste elevadísimo”.. El Gobierno debe reconsiderar su postura. El pasado jueves, el consejero de Economía y Hacienda y Portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguraba tras el Consejo de Gobierno que no hay ninguna razón objetiva para que la estación de esquí de Navacerrada sea la única de toda España que el Gobierno pretenda cerrar.. Carriedo explicaba que desde la Junta siempre se ha mantenido la misma postura y apuntaba los negativos efectos en términos económicos y sociales que tendría el desmantelamiento de la estación de esquí.. “No entendemos que la única estación en la que se ha fijado el Ejecutivo sea una que beneficia a las comunidades de Madrid y Castilla y León”, afirmaba el consejero, a la vez que reclamaba a Moncloa que reconsidere su decisión.. A su vez, el portavoz señalaba que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que confirma un falló del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, “tiene que ver más con la forma que con el fondo”, e insistió en que el Gobierno debe dar explicaciones e indicar si considera que todas las estaciones de esquí de España son perjudiciales para el medio ambiente, “o solo una que beneficia a Castilla y León y Madrid”.. Carriedo confirmaba que la Junta acatará la sentencia pero que dentro de las competencias autonómicas se buscarán los mecanismos para encontrar una solución.. Y es que desde el Gobierno autonómico se considera que es plenamente compatible la sostenibilidad ambiental con la existencia de actividades productivas en el territorio.. “La naturaleza nunca es un inconveniente para el crecimiento económico. Al contrario, es una palanca de oportunidades y una fuente de creación de empleo y riqueza. Castilla y León tiene un patrimonio natural muy consolidado, que queremos aprovecharlo y protegerlo para que sirva como motor de desarrollo económico”, finalizaba, en declaraciones recogidas por Ical.
El movimiento ciudadano «Hijos del Guadarrama» advierte del «desastre económico» que supondría el desmantelamiento de la estación de esquí: «No existe un hecho que dañe la práctica de este deporte ni a la naturaleza»
El movimiento ciudadano «Hijos del Guadarrama», sucesores de la Plataforma Salvemos Navacerrada, ha pedido amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la situación que consideran de «agravio» para el Puerto de Navacerrada después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido los recursos presentados tanto por la Junta de Castilla y León como por Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí S.A. sobre la ocupación del ‘Pinar de Valsaín’.. En este sentido, este colectivo recuerda que más del 75 por ciento de las estaciones de esquí en España son de titularidad pública o gestionadas por entes públicos, pero que solamente Navacerrada es víctima de este «caos».. Una petición a la Europa de la unión que ha producido también tras la denuncia del organismo autónomo de Parques Nacionales contra el acuerdo del Gobierno de Castilla y León que declara su incompetencia para resolver la solicitud de interrupción del cómputo de plazo de ocupación de este monte de utilidad pública, ubicado en la provincia de Segovia.. «No existe un hecho determinado y demostrable que impida la práctica de este deporte de invierno, en el Puerto de Navacerrada, donde no se ha cerrado la estación ninguna temporada por falta de nieve ay tampoco existe un hecho que dañe la práctica del esquí, a la naturaleza y a la vida de las aves que conviven desde finales del siglo XIX”, afirman desde «Hijos del Guadarrama» en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, y en el que advierten también de que la orden del desmantelamiento de las instalaciones de Navacerrada provocaría un “desastre económico” ante una situación “absolutamente inconmensurable y lamentable”.. En este sentido, señalan que hay más de 200 puestos de trabajo directos en juego y más de 5.000 de forma indirecta en los Valles colindantes de Cercedilla, Navacerrada, Rascafría, Valsaín, San Ildefonso, a los que habría que sumar los profesionales de la nieve, propietarios y hostelería en la zona.. “Si allí no hubiese una estación de esquí, no subiría nadie”, apuntan.. Asimismo, advierten de que en el caso de retirar los medios mecánicos, se dejaría sin movilidad a todo un colectivo inclusivo de discapacidad que tampoco podrían acceder de “ninguna manera» a observar y disfrutar de este lugar.. Finalmente, defienden que en este Puerto de Navacerrada se protege también la naturaleza en verano ya que los esquiadores entrenan también en la zona, mientras que que el uso del tren sostenible, algo que es “necesario» para el acceso y transporte como uso público” pasaría a un ámbito turístico con un “coste elevadísimo”.. El pasado jueves, el consejero de Economía y Hacienda y Portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguraba tras el Consejo de Gobierno que no hay ninguna razón objetiva para que la estación de esquí de Navacerrada sea la única de toda España que el Gobierno pretenda cerrar.. Carriedo explicaba que desde la Junta siempre se ha mantenido la misma postura y apuntaba los negativos efectos en términos económicos y sociales que tendría el desmantelamiento de la estación de esquí.. “No entendemos que la única estación en la que se ha fijado el Ejecutivo sea una que beneficia a las comunidades de Madrid y Castilla y León”, afirmaba el consejero, a la vez que reclamaba a Moncloa que reconsidere su decisión.. A su vez, el portavoz señalaba que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que confirma un falló del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, “tiene que ver más con la forma que con el fondo”, e insistió en que el Gobierno debe dar explicaciones e indicar si considera que todas las estaciones de esquí de España son perjudiciales para el medio ambiente, “o solo una que beneficia a Castilla y León y Madrid”.. Carriedo confirmaba que la Junta acatará la sentencia pero que dentro de las competencias autonómicas se buscarán los mecanismos para encontrar una solución.. Y es que desde el Gobierno autonómico se considera que es plenamente compatible la sostenibilidad ambiental con la existencia de actividades productivas en el territorio.. “La naturaleza nunca es un inconveniente para el crecimiento económico. Al contrario, es una palanca de oportunidades y una fuente de creación de empleo y riqueza. Castilla y León tiene un patrimonio natural muy consolidado, que queremos aprovecharlo y protegerlo para que sirva como motor de desarrollo económico”, finalizaba, en declaraciones recogidas por Ical.
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