Casi dos millones de personas ya han cotizado a la Seguridad Social durante sus periodos de prácticas formativas pese a no tener una nómina. El número de mujeres, más de un millón, supera ampliamente al número de hombres, 790.000. La suma de ambos eleva el total de becarios no remunerados que han accedido a este derecho hasta 1,81 millones en los dos años que lleva en vigor este esquema. Así se desprende de los datos provistos a EL PAÍS por la Seguridad Social, que van del 1 de enero de 2024 (día desde el que los becarios no remunerados cotizan) al 9 de diciembre de 2025. Estos periodos cuentan para la futura jubilación de los estudiantes universitarios y también de los de Formación Profesional.. Seguir leyendo
Las mujeres constituyen el 56% de este colectivo que desde hace dos años aporta al sistema público por las prácticas sin retribución con el fin de sumar meses a la futura jubilación
Casi dos millones de personas ya han cotizado a la Seguridad Social durante sus periodos de prácticas formativas pese a no tener una nómina. El número de mujeres, más de un millón, supera ampliamente al número de hombres, 790.000. La suma de ambos eleva el total de becarios no remunerados que han accedido a este derecho hasta 1,81 millones en los dos años que lleva en vigor este esquema. Así se desprende de los datos provistos a EL PAÍS por la Seguridad Social, que van del 1 de enero de 2024 (día desde el que los becarios no remunerados cotizan) al 9 de diciembre de 2025. Estos periodos cuentan para la futura jubilación de los estudiantes universitarios y también de los de Formación Profesional.. Esta mejora para los estudiantes en prácticas se acordó en la primera parte de la reforma de pensiones, con el apoyo tanto de los sindicatos como de la patronal. Los becarios que perciben una compensación económica cotizan desde 2011 —una medida aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero—, pero no lo hacían aquellos cuyas prácticas no estaban retribuidas.. Eva Alcón, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universitat Jaume I, de Castellón, cree que estos datos “ponen de manifiesto la magnitud real que tienen las prácticas formativas no remuneradas en nuestro país y la relevancia de la medida adoptada en 2024 para garantizar la cotización a la Seguridad Social del estudiantado en prácticas”.. La presidenta de los rectores considera que la cotización de los becarios no remunerados es un “avance relevante en términos de derechos y de protección social, especialmente en una etapa clave de la formación académica y de la transición al mercado laboral”. El Consejo de la Juventud también hace una valoración positiva y opina que la cotización “corrige una anomalía histórica, que actividades con horarios, responsabilidades y dependencia organizativa no generasen ningún derecho futuro”. Esta plataforma, integrada por más de 60 entidades juveniles, subraya que las prácticas formativas “también generan valor”.. Es una reflexión parecida a la de los sindicatos. “Superar los 1,8 millones de altas desde enero de 2024 demuestra que la inclusión de los becarios en el sistema de Seguridad Social no era solo una demanda justa, sino una necesidad estructural con la que mejorar la inserción laboral de la juventud estudiante”, opina Belén Guirao, secretaria general de la asociación juvenil de UGT (RUGE). Cree que el “establecimiento de derechos y responsabilidades para ambas partes” genera un entorno “de mayor seguridad jurídica para el tejido productivo”.. La secretaria de Juventud de CC OO, Pau Garcia, también pone el foco en la proporción de mujeres que ya han cotizado por sus prácticas formativas, un 56% del total (son 1,02 millones, frente a 790.000 hombres). “Están sirviendo como una herramienta de igualdad en la llegada al mercado laboral”, reflexiona esta sindicalista. Abunda en esa idea la presidenta de los rectores: “El hecho de que más de la mitad de las personas beneficiarias sean mujeres evidencia la importancia de estas políticas desde una perspectiva de equidad y de reducción de desigualdades estructurales”.. La proporción de becarias que sin cobrar han cotizado a la Seguridad Social es coherente con la desagregación por sexo de la educación universitaria y de la Formación Profesional. En el primer caso, ellas representan el 56,8% (1,04 millones de 1,83) y en el segundo las estudiantes son el 46,3% (527.000 de 1,14 millones). Así, ellas son el 53% del total y representan el 56% de los becarios universitarios o de FP no remunerados que ya han cotizado.. El Consejo de la Juventud cree que ese 56% “pone de relieve una feminización de las formas más precarias de entrada al mercado laboral”. “Este patrón”, agrega la plataforma, “no es casual y apunta a desigualdades estructurales en los itinerarios de inserción laboral”. Desde UGT señalan el riesgo de que “ante una misma formación y un mismo itinerario formativo, se desarrollen dinámicas donde los hombres accedan antes a un contrato laboral mientras las mujeres permanecen más tiempo encadenando becas o prácticas”. A la vez, Guirao cree que la cotización “combate la brecha en las futuras pensiones y prestaciones desde el día uno de su contacto con la empresa”.. Esta cotización apenas supone costes para la entidad pública o privada que recibe al estudiante universitario, ya que está bonificada al 95% por la Seguridad Social. Para las prácticas de Formación Profesional, el Ministerio de Educación asume el 5% restante. En las universitarias sí estaba pensado que pagase la empresa pública o privada que acoge al becario, pero se dejó la puerta abierta a que lo asumieran las universidades si la entidad receptora no quería. Como vienen denunciando las universidades, son ellas las que casi siempre asumen ese coste.. Un análisis de este periódico tras el primer mes de aplicación de la medida mostró que casi todas las públicas, pese a las estrecheces económicas que sufren, son las que abonan ese 5% restante. Con todo, es un coste ínfimo, de un máximo de 10 euros por estudiante al mes. De ahí que las universidades no centren su queja en el coste, de unos pocos miles de euros mensuales en las universidades con más alumnos, sino en la carga administrativa que les supone.. La presidenta de la CRUE subraya que el sistema universitario “necesita certidumbre y recursos suficientes para poder seguir garantizando prácticas de calidad” y que para ello requiere “una correcta coordinación entre las administraciones, las universidades y las entidades colaboradoras, así como una financiación adecuada que no traslade cargas desproporcionadas a las universidades”.. Los datos provistos ahora por la Seguridad Social permiten extraer la conclusión de que en el último año (del 13 de diciembre de 2024 al 9 de diciembre de 2025) ha habido 885.562 nuevas altas de becarios no remunerados, frente a las 925.266 que se dieron del 1 de enero de 2024 al 12 de diciembre de 2024.. Estatuto del becario. Garcia, la representante de CC OO, cree que este volumen de estudiantes en prácticas que han accedido a la cotización “demuestra que las advertencias conspiranoicas de la CRUE y la CEOE son falsas, no ha habido fin de las prácticas a causa de la cotización”. “Con 1,81 millones de altas en la Seguridad Social, queda demostrado que el sistema ha absorbido la medida con total normalidad, gracias a un tejido productivo responsable que valora el talento por encima de una mínima aportación a la protección social”, agrega la representante de UGT, que ve en el “éxito” de la medida una prueba de que “la dignidad de los estudiantes no era una amenaza para su formación, sino un derecho que no podía esperar más; ese miedo de la CRUE y CEOE, en realidad escondía la resistencia a abandonar un modelo de mano de obra gratuita”.. Ambas representantes sindicales creen que se repetirá el guion respecto al estatuto del becario, una norma pactada por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos que aspira a compensar los gastos de los estudiantes en prácticas y a limitar las prácticas extracurriculares (las que más precariedad concentran). CEOE y los rectores universitarios no suscribieron el acuerdo, como tampoco lo hizo la parte socialista del Gobierno originalmente, lo que ha dilatado la llegada del texto al Consejo de Ministros más de dos años.. El Ejecutivo dio un primer visto bueno a la norma el 4 de noviembre, a la espera de que la norma vuelva al gabinete para una segunda lectura antes de enfrentarse al Parlamento. Tiene muy pocas opciones de prosperar, como la mayoría de proyectos que Yolanda Díaz presenta a la mayoría de derechas del Congreso.. El Consejo de la Juventud ve fundamental que esta normativa se haga realidad: “Estos datos obligan a preguntarse cuántas de esas personas son realmente becarias y cuántas están desempeñando funciones propias de un puesto de trabajo, lo que refuerza la importancia de contar con un Estatuto del Becario que delimite claramente ambos ámbitos”.. UGT y CC OO piden a los grupos parlamentarios que avalen el acuerdo, mientras que la CRUE insiste en que el texto que se negocia en el Parlamento no tiene el aval empresarial ni de los rectores. “Se debe trabajar para alcanzar un acuerdo con las diferentes instituciones del sector público, el sector empresarial y las entidades del tercer sector para poder cumplir con estas nuevas obligaciones, incluido establecer con carácter previo la financiación pública indispensable. Todo ello con el objetivo de garantizar la continuidad de las prácticas”, dice Alcón.
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