La reciente ratificación del Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras (TOP) por parte del Tribunal Supremo y, por tanto, del trasvase desde el Guadiana hasta esta cuenca onubense, tras desestimar los recursos interpuestos contra el mismo por asociaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción ha llevado a los regantes de la provincia a levantar la voz contra lo que consideran un continuo freno al futuro de la provincia basado, principalmente, en demagogia.. Los regantes están indignados, según se desprende de las declaraciones realizadas a LA RAZÓN por Fernando González, presidente de Huelva Riega, una entidad que aglutina a once comunidades de la provincia que suponen el 100% de la superficie regable de la provincia, que ha acusado a estos grupos de utilizar recursos públicos para «sembrar inseguridad» sin base técnica. Para la asociación, la sentencia no es solo una victoria legal; es la evidencia de una estrategia de hostigamiento que, según denuncia, carece de ética. El malestar de los regantes nace de lo que consideran una campaña de desinformación que ha durado años. Desde que se interpusieron los recursos en 2023, la consigna de los colectivos ecologistas en cada foro ha sido, según González, la misma: «El plan hidrológico de la Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras está impugnado, está impugnado». Una actitud que según denuncia González ha servido «a base de demagogia para sembrar dudas entre los usuarios y los inversores que estaban dispuestos a invertir su dinero en los negocios, en la industria y en la agricultura de nuestra provincia». Según el sector, se ha creado un «ambiente de inseguridad» que ha castigado la llegada de capital y el desarrollo de proyectos vitales.. Fernando González expresó su malestar por el hecho de que estos colectivos que atacan la planificación hídrica lo hagan, en gran medida, con fondos públicos: «Es muy triste que organizaciones como las recurrentes inviertan su tiempo y sus recursos –en su mayoría procedentes de las subvenciones que se pagan con los impuestos de todos– en descalificar los instrumentos de planificación hidrológica para frenar o, si pudiesen, impedir la ejecución de las obras planificadas», afirma tajante.. González va un paso más allá al cuestionar la competencia de quienes lideran estas organizaciones: «El que estemos ante personas de baja catadura moral y ética que no son capaces de llevar a cabo ningún proyecto digno de tal nombre, si no se lo pagamos entre todos con las subvenciones que graciosamente concede el Gobierno de España, no quiere decir que no fueran conscientes de que sus recursos no tenían argumentos».. La queja de los regantes se fundamenta en lo que el propio Tribunal Supremo ha plasmado en su sentencia: la falta de rigor científico de las impugnaciones. González recuerda que en los recursos argumentaban que el agua procedente de las presas de Andévalo y Chanza constituían un trasvase «sin cobertura legal» si bien, la sentencia del Supremo argumenta que este tipo de transferencia está contemplada en el marco normativo estatal.. «Esta transferencia no es algo nuevo ni arbitrario, sino que forma parte de un modelo histórico consolidado en la provincia. Es el llamado sistema Chanza piedras, que lleva solamente medio siglo garantizando el equilibrio hídrico de su territorio», ironiza el presidente de Huelva Riega que señala que, entre otras cuestiones, también recurrieron el regimen de los caudales ecológicos «sin aportar ningún sustento técnico acreditado, ningún sustento técnico acreditado», y careciendo de cualquier argumento «científico ni técnico ni ecológico digno de tales nombres».. Frente a lo que consideran un ecologismo «de despacho», el sector defiende su labor a pie de campo. En una provincia donde el 45,3% del territorio está protegido y solo un 5 % se destina al regadío, los agricultores se ven a sí mismos como los verdaderos custodios del entorno: «El verdadero ecologismo no se hace desde un despacho, se hace desde el territorio y así es como lo hacen nuestros regantes día a día, gestionando y contribuyendo al buen estado de las masas», reivindica González.. Para Huelva Riega, la sentencia del Supremo debe servir como un punto de no retorno para que la sociedad onubense reflexione sobre los obstáculos que se ponen a su crecimiento. González invita a los ciudadanos a preguntarse «cuántas veces se ha intentado frenar el desarrollo de Huelva utilizando mensajes alarmistas que, finalmente, no tenían el respaldo jurídico ni técnico que se decía». El sector no olvida que estas actividades –agricultura, industria del hidrógeno verde y turismo sostenible– son las que sostienen la economía provincial. Por ello, instan a las Administraciones a no dejarse amedrentar por lo que califican como una «confrontación social» artificial y a dar cumplimiento inmediato al plan hidrológico ratificado. «Resulta sorprendente ver cómo algunos colectivos ecologistas recurren de manera sistemática cualquier avance hidráulico», concluye el presidente de los regantes, confiando en que este «reproche judicial» del Supremo marque el fin de una etapa de bloqueo y el inicio de la ejecución de las infraestructuras que Huelva necesita para garantizar buena parte de su futuro.
El sector acusa a los ecologistas, tras la ratificación del Plan del Tinto, Odiel y Piedras, «de frenar el futuro de la provincia»
La reciente ratificación del Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras (TOP) por parte del Tribunal Supremo y, por tanto, del trasvase desde el Guadiana hasta esta cuenca onubense, tras desestimar los recursos interpuestos contra el mismo por asociaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción ha llevado a los regantes de la provincia a levantar la voz contra lo que consideran un continuo freno al futuro de la provincia basado, principalmente, en demagogia.. Los regantes están indignados, según se desprende de las declaraciones realizadas a LA RAZÓN por Fernando González, presidente de Huelva Riega, una entidad que aglutina a once comunidades de la provincia que suponen el 100% de la superficie regable de la provincia, que ha acusado a estos grupos de utilizar recursos públicos para «sembrar inseguridad» sin base técnica. Para la asociación, la sentencia no es solo una victoria legal; es la evidencia de una estrategia de hostigamiento que, según denuncia, carece de ética. El malestar de los regantes nace de lo que consideran una campaña de desinformación que ha durado años. Desde que se interpusieron los recursos en 2023, la consigna de los colectivos ecologistas en cada foro ha sido, según González, la misma: «El plan hidrológico de la Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras está impugnado, está impugnado». Una actitud que según denuncia González ha servido «a base de demagogia para sembrar dudas entre los usuarios y los inversores que estaban dispuestos a invertir su dinero en los negocios, en la industria y en la agricultura de nuestra provincia». Según el sector, se ha creado un «ambiente de inseguridad» que ha castigado la llegada de capital y el desarrollo de proyectos vitales.. Fernando González expresó su malestar por el hecho de que estos colectivos que atacan la planificación hídrica lo hagan, en gran medida, con fondos públicos: «Es muy triste que organizaciones como las recurrentes inviertan su tiempo y sus recursos –en su mayoría procedentes de las subvenciones que se pagan con los impuestos de todos– en descalificar los instrumentos de planificación hidrológica para frenar o, si pudiesen, impedir la ejecución de las obras planificadas», afirma tajante.. González va un paso más allá al cuestionar la competencia de quienes lideran estas organizaciones: «El que estemos ante personas de baja catadura moral y ética que no son capaces de llevar a cabo ningún proyecto digno de tal nombre, si no se lo pagamos entre todos con las subvenciones que graciosamente concede el Gobierno de España, no quiere decir que no fueran conscientes de que sus recursos no tenían argumentos».. La queja de los regantes se fundamenta en lo que el propio Tribunal Supremo ha plasmado en su sentencia: la falta de rigor científico de las impugnaciones. González recuerda que en los recursos argumentaban que el agua procedente de las presas de Andévalo y Chanza constituían un trasvase «sin cobertura legal» si bien, la sentencia del Supremo argumenta que este tipo de transferencia está contemplada en el marco normativo estatal.. «Esta transferencia no es algo nuevo ni arbitrario, sino que forma parte de un modelo histórico consolidado en la provincia. Es el llamado sistema Chanza piedras, que lleva solamente medio siglo garantizando el equilibrio hídrico de su territorio», ironiza el presidente de Huelva Riega que señala que, entre otras cuestiones, también recurrieron el regimen de los caudales ecológicos «sin aportar ningún sustento técnico acreditado, ningún sustento técnico acreditado», y careciendo de cualquier argumento «científico ni técnico ni ecológico digno de tales nombres».. Frente a lo que consideran un ecologismo «de despacho», el sector defiende su labor a pie de campo. En una provincia donde el 45,3% del territorio está protegido y solo un 5 % se destina al regadío, los agricultores se ven a sí mismos como los verdaderos custodios del entorno: «El verdadero ecologismo no se hace desde un despacho, se hace desde el territorio y así es como lo hacen nuestros regantes día a día, gestionando y contribuyendo al buen estado de las masas», reivindica González.. Para Huelva Riega, la sentencia del Supremo debe servir como un punto de no retorno para que la sociedad onubense reflexione sobre los obstáculos que se ponen a su crecimiento. González invita a los ciudadanos a preguntarse «cuántas veces se ha intentado frenar el desarrollo de Huelva utilizando mensajes alarmistas que, finalmente, no tenían el respaldo jurídico ni técnico que se decía». El sector no olvida que estas actividades –agricultura, industria del hidrógeno verde y turismo sostenible– son las que sostienen la economía provincial. Por ello, instan a las Administraciones a no dejarse amedrentar por lo que califican como una «confrontación social» artificial y a dar cumplimiento inmediato al plan hidrológico ratificado. «Resulta sorprendente ver cómo algunos colectivos ecologistas recurren de manera sistemática cualquier avance hidráulico», concluye el presidente de los regantes, confiando en que este «reproche judicial» del Supremo marque el fin de una etapa de bloqueo y el inicio de la ejecución de las infraestructuras que Huelva necesita para garantizar buena parte de su futuro.
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