Unos 80.000 profesores del sistema educativo público valenciano están llamados este a realizar la huelga indefinida convocada por los cinco principales sindicatos de Educación (STEPV, UGT, CC OO, ANPE y CSIF) después de que la semana pasada no llegaran a buen término las negociaciones con la Conselleria de Educación, en manos de Carmen Ortí, y las entidades mantuvieran un paro con el que los docentes que lo secunden perderán entre 100 y 200 euros al día.. Además, la huelga indefinida no sólo tensiona el final de curso para los alumnos de los centros públicos sino que afecta de forma directa a los 24.000 alumnos de segundo de Bachillerato de los centros públicos. Su evaluación y, sobre todo, el hecho de que este año se examinan de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ha puesto en alerta tanto a los propios estudiantes como a sus familias y a la consellera, quien en una criticada carta a las familias pidió que «ningún alumno fuera rehén de un conflicto sindical». Es más, para el Consell, estos 24.000 alumnos estarían, al no finalizarse el temario y sufrir las consecuencias de un paro indefinido, al mismo nivel formativo que los casi 8.000 estudiantes de este curso que lo realizan en centros privados y concertados.. Pero este lunes comienza una huelga indefinida de la que se desconoce cómo se desarrollará, su duración y cuánto tiempo podrán aguantar los docentes. Además, pese a que la semana pasada no hubo acuerdo con Educación, quien les ofreció una subida salarial de 75 euros al mes progresiva en tres años hasta llegar a las 1.050 euros más al año, la consellera ya anunció el viernes que sigue abierta al diálogo y que esta misma semana podría presentar una nueva propuesta que, esta vez, haga que los sindicatos no se levanten de la mesa como si lo hicieron el pasado miércoles.. Otro de los puntos candentes en esta huelga es el de los servicios mínimos. Debido a ese miedo de la conselleria a que los alumnos de segundo se quedaran sin evaluar o recibir el temario completo, Educación planteó en un primer momento que todos los profesores de ese curso fueran considerados servicios mínimos. Luego rectificó y solo les obligó a que respetaran el derecho de los estudiantes a ser evaluados.. Sin embargo, los sindicatos han llevado ante la Justicia estos servicios mínimos aunque los docentes deberán cumplirlos. Ayer mismo, el sindicato STEPV hizo llegar al profesorado de segundo de Bachillerato un modelo de reclamación de concreciones respecto a los servicios mínimos «ante la indefinición y ambigüedad» de estos.. «Nosotros seguimos abiertos a negociar y en el momento que ellos quieran mantendremos una o las reuniones que consideren oportunas. En cualquier caso, esperamos que se cumplan los servicios mínimos, que la Conselleria ha fijado con el objetivo principal de no perjudicar a los más débiles en este conflicto, que son los alumnos, especialmente los de segundo de Bachillerato, que se juegan sus pruebas de acceso a la universidad», dijo este domingo el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, para quien «no podemos consentir que estos alumnos sean moneda de cambio en un conflicto que ellos no han provocado». «Apelamos a la responsabilidad del profesorado, que seguro que estará a la altura de las circunstancias como siempre, pero también a las fuerzas sindicales para que no intenten boicotear estos servicios mínimos», aseguró.. Las reclamaciones de los docentes. Entre las exigencias de los sindicatos para negociar y frenar la huelga figuran bajar las ratios en las aulas, pasando de los 25 alumnos en Infantil y Primaria a 15, y de los 30 y 25 de ESO y Bachillerato a 20 estudiantes; recuperación de las plantillas y la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo; y el refuerzo de los profesionales que trabajan en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales.. Los docentes piden también a la Conselleria un plan de adecuación climática de los centros, la mejora de las infraestructuras y culminar planes pendientes como Edificant, así como agilizar la reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana.. También piden la recuperación del poder adquisitivo del profesorado valenciano, que está «a la cola» de remuneraciones salariales de todo el Estado con una parte autonómica de la retribución que no se ha sido incrementada desde hace 19 años.. Exigen una recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo, la revisión anual del IPC, la recuperación de la paga extra o el cobro del verano por parte de interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo, además de la reducción de la temporalidad, la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones o la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años, entre otras medidas.. Otras de las demandas son la simplificación de procedimientos y la eliminación de informes duplicados, la apuesta por el valenciano mediante un modelo lingüístico que garantice la competencia plurilingüe y la cohesión social, con el valenciano como lengua de cohesión y calidad educativa, y la retirada «de la censura llevada a cabo por el gobierno valenciano» a los autores catalanes y baleares del currículum de Bachillerato.
Unos 80.000 docentes están llamados a un paro que pone en jaque el futuro de 24.000 alumnos de segundo de Bachillerato que deben examinarse de la PAU y que no lo harían en igualdad de condiciones que los estudiantes del sistema privado
Unos 80.000 profesores del sistema educativo público valenciano están llamados este a realizar la huelga indefinida convocada por los cinco principales sindicatos de Educación (STEPV, UGT, CC OO, ANPE y CSIF) después de que la semana pasada no llegaran a buen término las negociaciones con la Conselleria de Educación, en manos de Carmen Ortí, y las entidades mantuvieran un paro con el que los docentes que lo secunden perderán entre 100 y 200 euros al día.. Además, la huelga indefinida no sólo tensiona el final de curso para los alumnos de los centros públicos sino que afecta de forma directa a los 24.000 alumnos de segundo de Bachillerato de los centros públicos. Su evaluación y, sobre todo, el hecho de que este año se examinan de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ha puesto en alerta tanto a los propios estudiantes como a sus familias y a la consellera, quien en una criticada carta a las familias pidió que «ningún alumno fuera rehén de un conflicto sindical». Es más, para el Consell, estos 24.000 alumnos estarían, al no finalizarse el temario y sufrir las consecuencias de un paro indefinido, al mismo nivel formativo que los casi 8.000 estudiantes de este curso que lo realizan en centros privados y concertados.. Pero este lunes comienza una huelga indefinida de la que se desconoce cómo se desarrollará, su duración y cuánto tiempo podrán aguantar los docentes. Además, pese a que la semana pasada no hubo acuerdo con Educación, quien les ofreció una subida salarial de 75 euros al mes progresiva en tres años hasta llegar a las 1.050 euros más al año, la consellera ya anunció el viernes que sigue abierta al diálogo y que esta misma semana podría presentar una nueva propuesta que, esta vez, haga que los sindicatos no se levanten de la mesa como si lo hicieron el pasado miércoles.. Otro de los puntos candentes en esta huelga es el de los servicios mínimos. Debido a ese miedo de la conselleria a que los alumnos de segundo se quedaran sin evaluar o recibir el temario completo, Educación planteó en un primer momento que todos los profesores de ese curso fueran considerados servicios mínimos. Luego rectificó y solo les obligó a que respetaran el derecho de los estudiantes a ser evaluados.. Sin embargo, los sindicatos han llevado ante la Justicia estos servicios mínimos aunque los docentes deberán cumplirlos. Ayer mismo, el sindicato STEPV hizo llegar al profesorado de segundo de Bachillerato un modelo de reclamación de concreciones respecto a los servicios mínimos «ante la indefinición y ambigüedad» de estos.. «Nosotros seguimos abiertos a negociar y en el momento que ellos quieran mantendremos una o las reuniones que consideren oportunas. En cualquier caso, esperamos que se cumplan los servicios mínimos, que la Conselleria ha fijado con el objetivo principal de no perjudicar a los más débiles en este conflicto, que son los alumnos, especialmente los de segundo de Bachillerato, que se juegan sus pruebas de acceso a la universidad», dijo este domingo el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, para quien «no podemos consentir que estos alumnos sean moneda de cambio en un conflicto que ellos no han provocado». «Apelamos a la responsabilidad del profesorado, que seguro que estará a la altura de las circunstancias como siempre, pero también a las fuerzas sindicales para que no intenten boicotear estos servicios mínimos», aseguró.. Las reclamaciones de los docentes. Entre las exigencias de los sindicatos para negociar y frenar la huelga figuran bajar las ratios en las aulas, pasando de los 25 alumnos en Infantil y Primaria a 15, y de los 30 y 25 de ESO y Bachillerato a 20 estudiantes; recuperación de las plantillas y la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo; y el refuerzo de los profesionales que trabajan en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales.. Los docentes piden también a la Conselleria un plan de adecuación climática de los centros, la mejora de las infraestructuras y culminar planes pendientes como Edificant, así como agilizar la reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana.. También piden la recuperación del poder adquisitivo del profesorado valenciano, que está «a la cola» de remuneraciones salariales de todo el Estado con una parte autonómica de la retribución que no se ha sido incrementada desde hace 19 años.. Exigen una recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo, la revisión anual del IPC, la recuperación de la paga extra o el cobro del verano por parte de interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo, además de la reducción de la temporalidad, la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones o la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años, entre otras medidas.. Otras de las demandas son la simplificación de procedimientos y la eliminación de informes duplicados, la apuesta por el valenciano mediante un modelo lingüístico que garantice la competencia plurilingüe y la cohesión social, con el valenciano como lengua de cohesión y calidad educativa, y la retirada «de la censura llevada a cabo por el gobierno valenciano» a los autores catalanes y baleares del currículum de Bachillerato.
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