El 16 de enero de 2019, Juanma Moreno fue investido presidente de la Junta de Andalucía tras obtener 59 votos gracias a los 26 parlamentarios del PP, 21 de Ciudadanos y los doce con los que Vox se estrenó en el Parlamento andaluz. El acuerdo permitió formar Gobierno a los dos primeros partidos mientras que la formación que ya entonces dirigía Santiago Abascal prestó apoyo parlamentario. Ese pacto fue suscrito entre PP y Vox, ya que Ciudadanos se negaba a negociar formalmente con la ultraderecha, postura que se fue luego flexibilizando en cada uno de los acuerdos presupuestarios que hubo que sellar para mantener la legislatura. El acuerdo no contemplaba ni «prioridad nacional» ni la negativa a acoger a más menores extranjetos no acompañados, dos de las exigencias actuales que Vox ha arrancado al PP para facilitar los Gobiernos de Extremadura y Aragón. Esas son, junto a la posible entrada en el Ejecutivo, las principales reticencias de Moreno –más allá de las diferencias políticas–para formalizar un nuevo acuerdo con Vox tras el resultado electoral del pasado 17 de mayo.. En enero de 2019 no existían precedentes de pactos entre el PP y Vox. Ahora sí, y el suscrito en Extremadura es una hoja de ruta que muestra que hay planteamientos coincidentes y otros en los que será más complicado alcanzar un consenso. En política siempre se señala cuando se afronta una negociación –con voluntad de concluirla satisfactoriamente para ambas partes– hay que pactar tantos los acuerdos como los desacuerdos. En el documento que facilitó la investidura de María Guardiola como presidenta extremeña hay material suficiente para llevar a cabo ese ejercicio.. En materia de energía e industria, el pacto extremeño es reproducible en Andalucía porque se centra en la continuidad de la central nuclear de Almaraz, un hecho diferencial extremeño. Por lo demás, alude a implantar un Plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial, algo que ya se hace en Andalucía, y la planificación de redes eléctricas, queja recurrente del Gobierno andaluz al Gobierno de España.. El único punto conflictivo es que en Extremadura se ha pactado la «Protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas», una exigencia de Vox que se alinea con la que han planteado en Andalucía los partidos de izquierdas. Por tanto, si se incluyen salvaguardas para la «protección del territorio», como señala el texto, sería un planteamiento que contaría con un amplio consenso político.. En lo que respecta al sector primario, el PP ya se ha acercado a nivel nacional a algunas de las peticiones de Vox. Más allá de que el partido de Abascal muestre su «rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur», el PP ha matizado que no lo acepta «si no cumple con medidas de salvaguarda». En el texto extremeño se alude a que ese acuerdo comercial debe «garantizar la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños», un objetivo idéntico. La parte de fomento de regadíos, infraestructuras hídricas y modernización de caminos rurales es muy similar a lo que el Gobierno andaluz ha hecho desde 2019. Exactamente igual que la ampliación de la declaración responsable, «compatibilizar la protección del medio natural con el desarrollo económico» o el impulso de la caza. Todas ellas son cuestiones asumidas ya por el actual Ejecutivo andaluz.. Con el Pacto Verde Europeo pueden surgir algunos problemas en los discursos –de ahí lo de pactar el desacuerdo–, pero el PP sí ha admitido públicamente que algunos de los aspectos que recoge son «muy extremistas» y, sin renunciar a él, considera que hay que flexibilizarlo o acompasarlo a la realidad social.. La sanidad no es punto de fricción porque PP y Vox son conscientes de que hay que mejorarla e incluso «consolidar» los incrementos presupuestarios, como señala el pacto extremeño. Algo similar ocurre en facilitar el acceso a la vivienda o reducir la carga impositiva para los andaluces.. Las discrepancias surgen en inmigración. En 2019, PP y Vox pactaron «evitar decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas». Ahora Vox ha endurecido su postura y se niega a acoger menores extranjeros con el lema «ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible». También exige «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas, cuestión de difícil encaje legal en muchos ámbitos más allá de introducir cuestiones como el arraigo o el tiempo de residencia en la región.. En 2019, Vox quería acabar con «el turismo sanitario» y hoy apunta a la saturación de los servicios públicos por la inmigración, un salto cualitativo. Si se flexibilizan las posturas, habrá acuerdo, legislatura y «estabilidad».
El acuerdo en Extremadura muestra que ambos partidos comparten visiones en varios aspectos, siendo la «prioridad nacional» y la «inmigración» lo que les aleja
El 16 de enero de 2019, Juanma Moreno fue investido presidente de la Junta de Andalucía tras obtener 59 votos gracias a los 26 parlamentarios del PP, 21 de Ciudadanos y los doce con los que Vox se estrenó en el Parlamento andaluz. El acuerdo permitió formar Gobierno a los dos primeros partidos mientras que la formación que ya entonces dirigía Santiago Abascal prestó apoyo parlamentario. Ese pacto fue suscrito entre PP y Vox, ya que Ciudadanos se negaba a negociar formalmente con la ultraderecha, postura que se fue luego flexibilizando en cada uno de los acuerdos presupuestarios que hubo que sellar para mantener la legislatura. El acuerdo no contemplaba ni «prioridad nacional» ni la negativa a acoger a más menores extranjetos no acompañados, dos de las exigencias actuales que Vox ha arrancado al PP para facilitar los Gobiernos de Extremadura y Aragón. Esas son, junto a la posible entrada en el Ejecutivo, las principales reticencias de Moreno –más allá de las diferencias políticas–para formalizar un nuevo acuerdo con Vox tras el resultado electoral del pasado 17 de mayo.. En enero de 2019 no existían precedentes de pactos entre el PP y Vox. Ahora sí, y el suscrito en Extremadura es una hoja de ruta que muestra que hay planteamientos coincidentes y otros en los que será más complicado alcanzar un consenso. En política siempre se señala cuando se afronta una negociación –con voluntad de concluirla satisfactoriamente para ambas partes– hay que pactar tantos los acuerdos como los desacuerdos. En el documento que facilitó la investidura de María Guardiola como presidenta extremeña hay material suficiente para llevar a cabo ese ejercicio.. En materia de energía e industria, el pacto extremeño es reproducible en Andalucía porque se centra en la continuidad de la central nuclear de Almaraz, un hecho diferencial extremeño. Por lo demás, alude a implantar un Plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial, algo que ya se hace en Andalucía, y la planificación de redes eléctricas, queja recurrente del Gobierno andaluz al Gobierno de España.. El único punto conflictivo es que en Extremadura se ha pactado la «Protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas», una exigencia de Vox que se alinea con la que han planteado en Andalucía los partidos de izquierdas. Por tanto, si se incluyen salvaguardas para la «protección del territorio», como señala el texto, sería un planteamiento que contaría con un amplio consenso político.. En lo que respecta al sector primario, el PP ya se ha acercado a nivel nacional a algunas de las peticiones de Vox. Más allá de que el partido de Abascal muestre su «rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur», el PP ha matizado que no lo acepta «si no cumple con medidas de salvaguarda». En el texto extremeño se alude a que ese acuerdo comercial debe «garantizar la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños», un objetivo idéntico. La parte de fomento de regadíos, infraestructuras hídricas y modernización de caminos rurales es muy similar a lo que el Gobierno andaluz ha hecho desde 2019. Exactamente igual que la ampliación de la declaración responsable, «compatibilizar la protección del medio natural con el desarrollo económico» o el impulso de la caza. Todas ellas son cuestiones asumidas ya por el actual Ejecutivo andaluz.. Con el Pacto Verde Europeo pueden surgir algunos problemas en los discursos –de ahí lo de pactar el desacuerdo–, pero el PP sí ha admitido públicamente que algunos de los aspectos que recoge son «muy extremistas» y, sin renunciar a él, considera que hay que flexibilizarlo o acompasarlo a la realidad social.. La sanidad no es punto de fricción porque PP y Vox son conscientes de que hay que mejorarla e incluso «consolidar» los incrementos presupuestarios, como señala el pacto extremeño. Algo similar ocurre en facilitar el acceso a la vivienda o reducir la carga impositiva para los andaluces.. Las discrepancias surgen en inmigración. En 2019, PP y Vox pactaron «evitar decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas». Ahora Vox ha endurecido su postura y se niega a acoger menores extranjeros con el lema «ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible». También exige «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas, cuestión de difícil encaje legal en muchos ámbitos más allá de introducir cuestiones como el arraigo o el tiempo de residencia en la región.. En 2019, Vox quería acabar con «el turismo sanitario» y hoy apunta a la saturación de los servicios públicos por la inmigración, un salto cualitativo. Si se flexibilizan las posturas, habrá acuerdo, legislatura y «estabilidad».
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