Las aglomeraciones urbanas de más de 50.000 habitantes equivalentes deberán presentar antes del mes de octubre de este año, en cada caso, un Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS), así como los estudios técnicos de detalle, en el ámbito territorial gestionado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Se trata de un documento que pretende favorecer la recogida, conducción y transporte de las aguas residuales hasta las estaciones depuradoras, “garantizando que su funcionamiento se desarrolle en condiciones compatibles con la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas del medio receptor”, según fuentes del organismo de cuenca a las que tuvo acceso Ical. En particular, las medidas relacionadas con la operación y mantenimiento del sistema, la implantación de sistemas de monitorización y control de alivios y la renovación de infraestructuras prioritarias deberán acometerse durante los tres primeros años desde la aprobación del PIGSS (en octubre), mientras que el resto de actuaciones contará, con carácter general, con un plazo máximo de ejecución de diez años. En este sentido, el la CHD tiene identificados 847 puntos de vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento en 18 áreas urbanas y en otras puntuales del medio rural, donde se unen las aguas de escorrentía fluvial y las residuales fecales, lo que provoca su degradación. De ellos, 11 de estas aglomeraciones corresponden a zonas de igual o más de 50.000 habitantes equivalentes, que suponen una población de 2,6 millones de habitantes equivalentes. Otras cinco, se sitúan entre 10.000 y 50.000, con 116.000 vecinos; y dos más, de menos de 10.000, con más de 13.000 personas, que se han seleccionado “por su especial incidencia”. Cabe recordar que el parámetro de habitantes equivalentes se utiliza habitualmente en el sector hidrológico para estandarizar el impacto ambiental del agua residual bruta antes de ser depurada, pues no toda la contaminada proviene de viviendas, sino también de negocios, granjas o industrias, con lo que siempre supera a la población real. Estos puntos detectados vierten a una masa de agua que “puede poner en riesgo el medio ambiente o la salud de las personas”, así como las características de que estos superen umbrales en relación con la capacidad de tratar las aguas pluviales. En Castilla y León, deben acometer estos planes, en la primera de las categorías, las aglomeraciones de Ávila, con 250.000 habitantes equivalentes en dos municipios; Burgos y su alfoz, con nueve ayuntamientos y 635.000 equivalentes: la Mancomunidad de León y su alfoz, con ocho municipios y 336.000 habitantes; Palencia y su entorno, con tres núcleos y algo más de 170.000; Salamanca y su alfoz, con 16 municipios y 300.000 habitantes; Segovia, con tres y 115.000; Soria, con dos y 90.000 equivalentes; Valladolid, con seis municipios y 510.000 habitantes; y Zamora, con tres núcleos urbanos
El organismo de cuenca tiene identificados 847 puntos de vertidos en 18 áreas urbanas y en otras puntuales del medio rural, donde se unen las aguas de escorrentía fluvial y las residuales fecales, lo que provoca su degradación
Las aglomeraciones urbanas de más de 50.000 habitantes equivalentes deberán presentar antes del mes de octubre de este año, en cada caso, un Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS), así como los estudios técnicos de detalle, en el ámbito territorial gestionado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Se trata de un documento que pretende favorecer la recogida, conducción y transporte de las aguas residuales hasta las estaciones depuradoras, “garantizando que su funcionamiento se desarrolle en condiciones compatibles con la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas del medio receptor”, según fuentes del organismo de cuenca a las que tuvo acceso Ical.En particular, las medidas relacionadas con la operación y mantenimiento del sistema, la implantación de sistemas de monitorización y control de alivios y la renovación de infraestructuras prioritarias deberán acometerse durante los tres primeros años desde la aprobación del PIGSS (en octubre), mientras que el resto de actuaciones contará, con carácter general, con un plazo máximo de ejecución de diez años.En este sentido, el la CHD tiene identificados 847 puntos de vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento en 18 áreas urbanas y en otras puntuales del medio rural, donde se unen las aguas de escorrentía fluvial y las residuales fecales, lo que provoca su degradación. De ellos, 11 de estas aglomeraciones corresponden a zonas de igual o más de 50.000 habitantes equivalentes, que suponen una población de 2,6 millones de habitantes equivalentes. Otras cinco, se sitúan entre 10.000 y 50.000, con 116.000 vecinos; y dos más, de menos de 10.000, con más de 13.000 personas, que se han seleccionado “por su especial incidencia”.Cabe recordar que el parámetro de habitantes equivalentes se utiliza habitualmente en el sector hidrológico para estandarizar el impacto ambiental del agua residual bruta antes de ser depurada, pues no toda la contaminada proviene de viviendas, sino también de negocios, granjas o industrias, con lo que siempre supera a la población real.Estos puntos detectados vierten a una masa de agua que “puede poner en riesgo el medio ambiente o la salud de las personas”, así como las características de que estos superen umbrales en relación con la capacidad de tratar las aguas pluviales.En Castilla y León, deben acometer estos planes, en la primera de las categorías, las aglomeraciones de Ávila, con 250.000 habitantes equivalentes en dos municipios; Burgos y su alfoz, con nueve ayuntamientos y 635.000 equivalentes: la Mancomunidad de León y su alfoz, con ocho municipios y 336.000 habitantes; Palencia y su entorno, con tres núcleos y algo más de 170.000; Salamanca y su alfoz, con 16 municipios y 300.000 habitantes; Segovia, con tres y 115.000; Soria, con dos y 90.000 equivalentes; Valladolid, con seis municipios y 510.000 habitantes; y Zamora, con tres núcleos urbanos y 13
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