Los fondos Next Generation de la Unión Europea para superar la crisis económica tras la pandemia abrieron numerosas líneas de ayudas articuladas por el Gobierno de España y que tenían que gestionar las comunidades autónomas. Una de ellas eran las incluidas en el Bono Alquiler Joven en Andalucía y el Programa de Ayudas al alquiler que, ante la demanda que suscitaron, provocaron un atasco administrativo en la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Para no repetir esta circunstancia, en el pasado Consejo de Gobierno se aprobó una modificación presupuestaria destinada a reforzar los servicios administrativos que gestionan varias subvenciones.. En concreto, la medida permitirá continuar con «las tareas de apoyo administrativo en la gestión de los expedientes para la concesión de ayudas de los Programas 1 y 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». En concreto, el que regula las ayudas «en materia de rehabilitación residencial y vivienda social», así como «el Programa de Ayudas al Alquiler a los Jóvenes», incluyendo el «Bono Alquiler Joven en Andalucía y el Programa de Ayudas al alquiler, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, por un importe de 2.608.833,92 euros. Igualmente, se incluyen las «subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación».. El coste de ambas prórrogas, ya que este servicio venía ya funcionando, es de casi 6,5 millones de euros –6.477.687,28 euros– y solo existía crédito disponible por un importe de 1.488.047,77 euros. Eso obliga a detraer de otras partidas presupuestarias casi 5 millones de euros en servicios administrativos, en concreto 4.982.563,43 euros.. La movilización de partidas de carácter extraordinario está siendo especialmente significativa en el actual presupuesto, ya que ha habido que movilizar recursos para la reconstrucción de infraestructuras tras el tren de borrascas que sufrió Andalucía en los primeros meses del año.. Sin embargo, la descongestión administrativa en temas sociales como el bono alquiler constituye otra necesidad después de los innumerables problemas que generó la primera de estas convocatorias. De hecho, hay que recordar que la Cámara de Cuentas de Andalucía recomendó a la administración autonómica que se dotara de medios personales «adecuados, suficientes y estables» para satisfacer las necesidades de tramitación de las convocatorias periódicas de ayudas del Bono Alquiler Joven, tras detectar deficiencias en la gestión del Bono Alquiler Joven, en la convocatoria de 2022.. El órgano fiscalizador subrayó la necesidad de «adoptar medidas que permitan agilizar el proceso de liberación, asignación y/o redistribución de crédito, en caso de existencia de remanente de crédito a nivel provincial». De momento, se ha recurrido a modificaciones presupuestarias para acometer esta tarea.
La Cámara de Cuentas reclamó «medios personales estables»
Los fondos Next Generation de la Unión Europea para superar la crisis económica tras la pandemia abrieron numerosas líneas de ayudas articuladas por el Gobierno de España y que tenían que gestionar las comunidades autónomas. Una de ellas eran las incluidas en el Bono Alquiler Joven en Andalucía y el Programa de Ayudas al alquiler que, ante la demanda que suscitaron, provocaron un atasco administrativo en la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Para no repetir esta circunstancia, en el pasado Consejo de Gobierno se aprobó una modificación presupuestaria destinada a reforzar los servicios administrativos que gestionan varias subvenciones.. En concreto, la medida permitirá continuar con «las tareas de apoyo administrativo en la gestión de los expedientes para la concesión de ayudas de los Programas 1 y 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». En concreto, el que regula las ayudas «en materia de rehabilitación residencial y vivienda social», así como «el Programa de Ayudas al Alquiler a los Jóvenes», incluyendo el «Bono Alquiler Joven en Andalucía y el Programa de Ayudas al alquiler, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, por un importe de 2.608.833,92 euros. Igualmente, se incluyen las «subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación».. El coste de ambas prórrogas, ya que este servicio venía ya funcionando, es de casi 6,5 millones de euros –6.477.687,28 euros– y solo existía crédito disponible por un importe de 1.488.047,77 euros. Eso obliga a detraer de otras partidas presupuestarias casi 5 millones de euros en servicios administrativos, en concreto 4.982.563,43 euros.. La movilización de partidas de carácter extraordinario está siendo especialmente significativa en el actual presupuesto, ya que ha habido que movilizar recursos para la reconstrucción de infraestructuras tras el tren de borrascas que sufrió Andalucía en los primeros meses del año.. Sin embargo, la descongestión administrativa en temas sociales como el bono alquiler constituye otra necesidad después de los innumerables problemas que generó la primera de estas convocatorias. De hecho, hay que recordar que la Cámara de Cuentas de Andalucía recomendó a la administración autonómica que se dotara de medios personales «adecuados, suficientes y estables» para satisfacer las necesidades de tramitación de las convocatorias periódicas de ayudas del Bono Alquiler Joven, tras detectar deficiencias en la gestión del Bono Alquiler Joven, en la convocatoria de 2022.. El órgano fiscalizador subrayó la necesidad de «adoptar medidas que permitan agilizar el proceso de liberación, asignación y/o redistribución de crédito, en caso de existencia de remanente de crédito a nivel provincial». De momento, se ha recurrido a modificaciones presupuestarias para acometer esta tarea.
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