Con la llegada del verano y las altas temperaturas adelantándose cada vez más en el calendario, miles de comunidades de vecinos ultiman la puesta a punto de sus piscinas. Sin embargo, una importante modificación normativa cambiará por completo la forma en la que estas instalaciones deberán gestionarse a partir de 2027.. Desde el 2 de enero de ese año, las comunidades ya no podrán recurrir a personas sin acreditación específica para determinadas labores de mantenimiento. Los profesionales encargados de tareas relacionadas con el tratamiento del agua, el control sanitario o la manipulación de productos químicos deberán contar con una cualificación oficial reconocida, entre ellas el certificado SEA757_2 o alguna titulación equivalente.. La medida no entrará en vigor este verano. La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó recientemente aplazar su aplicación después de comprobar que gran parte del sector todavía no estaba preparado para asumir las nuevas exigencias.. Escasez de profesionales. Uno de los principales problemas detectados es la escasez de profesionales que cuentan actualmente con esta formación específica. De haberse aplicado la norma en la fecha inicialmente prevista, miles de instalaciones habrían tenido dificultades para encontrar personal habilitado para desarrollar determinadas funciones.. El nuevo certificado exige una formación de 360 horas y aborda cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, el uso seguro de biocidas, la limpieza de instalaciones y el mantenimiento integral de piscinas. Además, prepara a los profesionales para controlar la presencia de microorganismos potencialmente peligrosos para la salud pública, como la Legionella, la Escherichia coli o las bacterias del género Pseudomonas.. La intención de las autoridades es reforzar la seguridad sanitaria y profesionalizar un sector que hasta ahora permitía que determinadas tareas fueran realizadas por personas con experiencia práctica, pero sin una acreditación oficial.. Eso sí, la norma no afecta a todas las labores de mantenimiento. Las actuaciones más básicas podrán seguir realizándose con normalidad, mientras que las funciones relacionadas con el tratamiento químico del agua y los controles sanitarios serán las que requieran personal específicamente cualificado.. Las consecuencias de incumplir esta normativa pueden ser muy importantes. La Ley General de Salud Pública contempla un sistema de sanciones graduado según la gravedad de la infracción.. Las multas pueden dispararse hasta los 600.000 euros. Las faltas leves pueden alcanzar los 3.000 euros. Las graves, que incluyen contratar conscientemente a personal sin la titulación requerida o realizar una gestión inadecuada del agua y de los productos químicos, pueden oscilar entre 3.001 y 60.000 euros.. En los casos más serios, cuando exista un riesgo para la salud pública, una negligencia evidente o se produzcan brotes o intoxicaciones relacionados con la instalación, las multas pueden dispararse hasta los 600.000 euros.. La cuenta atrás ya ha comenzado y las comunidades de propietarios disponen de algo más de seis meses para adaptarse a un cambio que transformará la gestión de miles de piscinas en toda España.
Desde el 2 de enero de ese año, las comunidades ya no podrán recurrir a personas sin acreditación específica para determinadas labores de mantenimiento
Con la llegada del verano y las altas temperaturas adelantándose cada vez más en el calendario, miles de comunidades de vecinos ultiman la puesta a punto de sus piscinas. Sin embargo, una importante modificación normativa cambiará por completo la forma en la que estas instalaciones deberán gestionarse a partir de 2027.. Desde el 2 de enero de ese año, las comunidades ya no podrán recurrir a personas sin acreditación específica para determinadas labores de mantenimiento. Los profesionales encargados de tareas relacionadas con el tratamiento del agua, el control sanitario o la manipulación de productos químicos deberán contar con una cualificación oficial reconocida, entre ellas el certificado SEA757_2 o alguna titulación equivalente.. La medida no entrará en vigor este verano. La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó recientemente aplazar su aplicación después de comprobar que gran parte del sector todavía no estaba preparado para asumir las nuevas exigencias.. Escasez de profesionales. Uno de los principales problemas detectados es la escasez de profesionales que cuentan actualmente con esta formación específica. De haberse aplicado la norma en la fecha inicialmente prevista, miles de instalaciones habrían tenido dificultades para encontrar personal habilitado para desarrollar determinadas funciones.. El nuevo certificado exige una formación de 360 horas y aborda cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, el uso seguro de biocidas, la limpieza de instalaciones y el mantenimiento integral de piscinas. Además, prepara a los profesionales para controlar la presencia de microorganismos potencialmente peligrosos para la salud pública, como la Legionella, la Escherichia coli o las bacterias del género Pseudomonas.. La intención de las autoridades es reforzar la seguridad sanitaria y profesionalizar un sector que hasta ahora permitía que determinadas tareas fueran realizadas por personas con experiencia práctica, pero sin una acreditación oficial.. Eso sí, la norma no afecta a todas las labores de mantenimiento. Las actuaciones más básicas podrán seguir realizándose con normalidad, mientras que las funciones relacionadas con el tratamiento químico del agua y los controles sanitarios serán las que requieran personal específicamente cualificado.. Las consecuencias de incumplir esta normativa pueden ser muy importantes. La Ley General de Salud Pública contempla un sistema de sanciones graduado según la gravedad de la infracción.. Las multas pueden dispararse hasta los 600.000 euros. Las faltas leves pueden alcanzar los 3.000 euros. Las graves, que incluyen contratar conscientemente a personal sin la titulación requerida o realizar una gestión inadecuada del agua y de los productos químicos, pueden oscilar entre 3.001 y 60.000 euros.. En los casos más serios, cuando exista un riesgo para la salud pública, una negligencia evidente o se produzcan brotes o intoxicaciones relacionados con la instalación, las multas pueden dispararse hasta los 600.000 euros.. La cuenta atrás ya ha comenzado y las comunidades de propietarios disponen de algo más de seis meses para adaptarse a un cambio que transformará la gestión de miles de piscinas en toda España.
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