El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha ganado una primera batalla en los tribunales contra el PSPV. Los socialistas valencianos han pasado de vigilar su gestión a llevarla directamente en los tribunales. La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha archivado la denuncia que interpusieron en marzo el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, y la diputada socialista Yaissel Sánchez contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por trato de favor hacia la firma de sanidad privada Ribera Salud.. El Ministerio Público ha confirmado este miércoles el archivo de las diligencias de investigación penal sobre este asunto, «sin perjuicio de su posible reconducción por vía judicial», según informa EFE.. El PSPV denunció al conseller Gómez, a su cuñada, directora financiera de Ribera Salud, y a su hermano, gerente de una clínica en Benidorm, por supuestos delitos de negociaciones prohibidas, administración desleal, corrupción en los negocios, prevaricación, delitos contra la salud pública, malversación y omisión del deber de supervisión.. El fondo de la acusación de los socialistas era un supuesto trato de favor por parte de Gómez hacia Ribera Salud, así como presuntas irregularidades por parte de esta firma en el manejo de material sanitario de un solo uso.. Según reflejó el PSPV en su denuncia -presentada inicialmente ante la Fiscalía Provincial pero derivada a la del TSJCV por el aforamiento de Marciano Gómez-, «el actual Conseller de Sanitat, Marciano Gómez, fue uno de los ideólogos del modelo Alzira» para la privatización del sistema sanitario.. «Una vez cesados de todos sus cargos públicos -en anteriores legislaturas-, en enero de 2005, Marciano Gómez constituiría dos consultoras denominadas Iniciativas Médicas y Farmacéuticas Sl e Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL, ambas señaladas en el ‘caso Osvaldo’ y la desviación de fondos de contratos del Hospital General», añadía el escrito.. También responsabilizaron desde el PSPV a Gómez de paralizar el proceso de reversión de las concesiones sanitarias iniciado en 2015 por el Gobierno del Botànic.. Sobre la concesión del departamento Elx-Crevillent, el PSPV señaló en su denuncia que «lejos de revertirla, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su conseller de Sanitat, Marciano Gómez, deciden continuarla a través de una prórroga muy ventajosa para el Grupo Ribera Salud, a pesar de la existencia de informes anteriores que evidenciaban las deficiencias estructurales de este tipo de gestión indirecta, la falta de eficiencia presupuestaria y control y después de haberse comunicado un año antes las normas para la reversión».. Los socialistas atribuyen a esta decisión «un perjuicio económico de 40 millones de euros», en alusión al incremento de los beneficios de Ribera Salud en este departamento.. «Como directora financiera de Ribera Salud, la cuñada del conseller ha sido la encargada de las negociaciones con el departamento de Sanidad al respecto de las liquidaciones de la concesión con la Administración. El conflicto de intereses compromete gravemente los principios de imparcialidad, independencia e integridad del procedimientos que deben regirse en la administración», siempre según la denuncia del PSPV.. Además, «la vinculación familiar directa entre el titular de la Conselleria con la entonces directora financiera de la concesionaria podría haber contribuido a aumentar la cuantía de las liquidaciones económicas que la Administración acaba abonando a la concesionaria, especialmente en el período 2023».
El Ministerio Público ha confirmado este miércoles el archivo de las diligencias de investigación penal
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha ganado una primera batalla en los tribunales contra el PSPV. Los socialistas valencianos han pasado de vigilar su gestión a llevarla directamente en los tribunales. La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha archivado la denuncia que interpusieron en marzo el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, y la diputada socialista Yaissel Sánchez contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por trato de favor hacia la firma de sanidad privada Ribera Salud.. El Ministerio Público ha confirmado este miércoles el archivo de las diligencias de investigación penal sobre este asunto, «sin perjuicio de su posible reconducción por vía judicial», según informa EFE.. El PSPV denunció al conseller Gómez, a su cuñada, directora financiera de Ribera Salud, y a su hermano, gerente de una clínica en Benidorm, por supuestos delitos de negociaciones prohibidas, administración desleal, corrupción en los negocios, prevaricación, delitos contra la salud pública, malversación y omisión del deber de supervisión.. El fondo de la acusación de los socialistas era un supuesto trato de favor por parte de Gómez hacia Ribera Salud, así como presuntas irregularidades por parte de esta firma en el manejo de material sanitario de un solo uso.. Según reflejó el PSPV en su denuncia -presentada inicialmente ante la Fiscalía Provincial pero derivada a la del TSJCV por el aforamiento de Marciano Gómez-, «el actual Conseller de Sanitat, Marciano Gómez, fue uno de los ideólogos del modelo Alzira» para la privatización del sistema sanitario.. «Una vez cesados de todos sus cargos públicos -en anteriores legislaturas-, en enero de 2005, Marciano Gómez constituiría dos consultoras denominadas Iniciativas Médicas y Farmacéuticas Sl e Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL, ambas señaladas en el ‘caso Osvaldo’ y la desviación de fondos de contratos del Hospital General», añadía el escrito.. También responsabilizaron desde el PSPV a Gómez de paralizar el proceso de reversión de las concesiones sanitarias iniciado en 2015 por el Gobierno del Botànic.. Sobre la concesión del departamento Elx-Crevillent, el PSPV señaló en su denuncia que «lejos de revertirla, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su conseller de Sanitat, Marciano Gómez, deciden continuarla a través de una prórroga muy ventajosa para el Grupo Ribera Salud, a pesar de la existencia de informes anteriores que evidenciaban las deficiencias estructurales de este tipo de gestión indirecta, la falta de eficiencia presupuestaria y control y después de haberse comunicado un año antes las normas para la reversión».. Los socialistas atribuyen a esta decisión «un perjuicio económico de 40 millones de euros», en alusión al incremento de los beneficios de Ribera Salud en este departamento.. «Como directora financiera de Ribera Salud, la cuñada del conseller ha sido la encargada de las negociaciones con el departamento de Sanidad al respecto de las liquidaciones de la concesión con la Administración. El conflicto de intereses compromete gravemente los principios de imparcialidad, independencia e integridad del procedimientos que deben regirse en la administración», siempre según la denuncia del PSPV.. Además, «la vinculación familiar directa entre el titular de la Conselleria con la entonces directora financiera de la concesionaria podría haber contribuido a aumentar la cuantía de las liquidaciones económicas que la Administración acaba abonando a la concesionaria, especialmente en el período 2023».
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