Esta semana, si se cumplen las previsiones, el Tribunal Constitucional va a despejar definitivamente el camino de regreso de Carles Puigdemont y los otros dirigentes del procés fugados a Bélgica. Pero ese no va a ser el final del periplo para el expresident de la Generalitat, ya que la probable decisión del Constitucional dejará la pelota botando a los pies del Tribunal Supremo, que es el órgano encargado de hacer efectivo el regreso de Puigdemont, puesto que es la instancia ante la cual está acusado. Esto abre un paréntesis de tiempo indeterminado, durante el cual el Supremo puede decidir la fecha en la que permite la vuelta del fugado, sin que medie ningún plazo preestablecido por ley. Esta indefinición otorga a la Sala Segunda del Supremo un poder que ésta podría utilizar políticamente, dejando caer sobre el tapete la carta Puigdemont cuando estimara más oportuno a según qué intereses.. Seguir leyendo
La judicatura puede influir en los acontecimientos políticos a cuenta del regreso del ‘expresident’
Esta semana, si se cumplen las previsiones, el Tribunal Constitucional va a despejar definitivamente el camino de regreso de Carles Puigdemont y los otros dirigentes del procés fugados a Bélgica. Pero ese no va a ser el final del periplo para el expresident de la Generalitat, ya que la probable decisión del Constitucional dejará la pelota botando a los pies del Tribunal Supremo, que es el órgano encargado de hacer efectivo el regreso de Puigdemont, puesto que es la instancia ante la cual está acusado. Esto abre un paréntesis de tiempo indeterminado, durante el cual el Supremo puede decidir la fecha en la que permite la vuelta del fugado, sin que medie ningún plazo preestablecido por ley. Esta indefinición otorga a la Sala Segunda del Supremo un poder que ésta podría utilizar políticamente, dejando caer sobre el tapete la carta Puigdemont cuando estimara más oportuno a según qué intereses.. No sería la primera vez que el Supremo se ve tentado de utilizar su discrecionalidad sobre el tiempo. En el otoño de 2019 se dio a conocer la sentencia del juicio a los líderes del procés un mes antes de la celebración de las elecciones generales, convocadas ante la imposibilidad de investir a un presidente después de los comicios celebrados en abril. A finales de septiembre se disolvieron las Cortes, convocando las elecciones para el 10 de noviembre, y el 14 de octubre el Supremo hizo público el fallo, lo que provocó disturbios durante las noches siguientes en Barcelona. En aquellas elecciones repetidas, Vox logró su mejor resultado, 52 diputados.. La comparación con el proceder de otras instancias judiciales es flagrante. El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero esperó a la celebración de las recientes elecciones andaluzas antes de hacer pública su investigación, señalando expresamente en su escrito que era consciente de la posibilidad de que su actuación pudiese interferir en el proceso electoral.. Ahora, con el previsible fallo del Constitucional y ante un panorama electoral incierto, con una convocatoria general en el aire, nos podríamos encontrar en una situación parecida a la de 2019.. En este escenario, la decisión sobre cuándo podría regresar Puigdemont es una bala de plata en manos de una instancia judicial que, a lo largo de esta legislatura, ha mostrado una querencia por intervenir de manera rotunda en la arena política, la mayoría de las veces contra los intereses del Gobierno central, al que el Supremo parece reprocharle precisamente la ley de amnistía, entendida como una afrenta al papel dirigente que tuvo el tribunal a la hora de encauzar (a su manera) el procés, ante la parálisis del Gobierno del PP de entonces. Por ello, visto lo visto a lo largo de esta legislatura (concentraciones ante las puertas de los juzgados incluidas, condena al fiscal general), la tentación por parte del Supremo de utilizar políticamente el margen que le da la ley no es una especulación sin base.. A nadie se le escapa que el posible regreso de Puigdemont movería el tablero político, volviendo a situar el tema de la amnistía en el centro del debate. La imagen del expresident regresando a Cataluña como un hombre libre, posiblemente acompañado de una multitud, por exigua que fuera, sería utilizada por la derecha para revivir el discurso de “la España humillada” por Sánchez que dominó los primeros (y tambaleantes) compases de la actual legislatura. No deja de ser paradójico que el posible regreso del expresident vaya a tener más repercusión política y electoral en el conjunto de España que en Cataluña. Allí, Puigdemont es una figura políticamente amortizada, por lo que representa de un período ya superado, los años del procés. En cambio, en el resto de España Puigdemont sigue siendo un activo político de gran valor en manos de la derecha.. Si el Supremo decidiese permitir el regreso del fugado sin más dilaciones (cosa que podría hacer), la amnistía volvería a dar aire a una oposición que ha visto en las últimas semanas cómo el desahucio de Maricarmen Abascal ha diluido el impacto de la crisis en Ceuta sobre la estabilidad y las posibilidades de permanencia del Gobierno central. En el PP y Vox (y sus medios afines) se ha instalado la sensación que Sánchez no puede aguantar más y está a punto de caer. Ceuta debía ser el tiro de gracia a la legislatura, pero el presidente ha demostrado de nuevo su gran capacidad de resistencia, y la impaciencia y las ganas de un PP desbocado, convencido de que finalmente había llegado el momento, han hecho el resto. Por último, Maricarmen Abascal ha permitido al Gobierno dar un vuelco a la agenda que ha situado a la derecha a la defensiva.. Ahora, la vuelta de Puigdemont podría proporcionar otro vuelco del escenario, esta vez en sentido contrario, poniendo de nuevo al Gobierno contra las cuerdas. Una vez más. Ahora, además, con la participación activa del propio fugado, que podría considerar beneficioso para los intereses de su partido que su retorno coincidiera con una posible campaña electoral, de manera que su figura se convirtiera en el centro de la campaña, para regocijo de la derecha, que haría de la amnistía el tema central de la convocatoria. Pero ¿sería el tiro de gracia definitivo que busca Feijóo? ¿Le serviría el Supremo en bandeja de plata la convocatoria electoral que el líder del PP viene reclamando desde el inicio de la legislatura?. Probablemente no. Sí que es cierto que la amnistía es un tema que galvaniza al votante de la derecha, como lo hace Ceuta en cierto modo. La defensa de la unidad de España es un hit recurrente que la derecha ha utilizado para maniatar a la izquierda, menos ducha en la utilización del sentimiento nacionalista. Ahí los intereses de la derecha estatal coinciden con los de la derecha catalana. Además, la amnistía divide al electorado socialista, una parte del cual se va a sentir francamente incómodo ante la probable cabalgata puigdemontista. Ahora bien, la disolución de las Cortes en nuestro ordenamiento constitucional está en manos exclusivamente del presidente del Gobierno, y éste no es un detalle menor. Sánchez controla los tiempos y sería extraño que decidiera convocar las elecciones generales antes de que se apague el eco del retorno, a bombo y platillo, de Puigdemont. Y se apagará, como se ha apagado Ceuta y como, en su momento, se apagaron los ecos de la amnistía (y antes, los de los indultos).. Con el calendario en sus manos por mor de su cargo, Sánchez puede esquivar la bala Puigdemont… A no ser que el Supremo caiga en la tentación de jugar a hacer política a fondo y de manera descarada, reservando su decisión sobre Puigdemont hasta que el presidente mueva ficha. En este sentido, el artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General indica que el decreto de disolución de las Cortes debe señalar la fecha en la que deben celebrarse las elecciones y que ésta debe ser “el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria”. Cincuenta y cuatro días son tiempo suficiente para disparar la bala Puigdemont esperando acertar al corazón del Gobierno. Aunque, en este mundo tan loco, igual acaba alojada en el pie del propio Supremo.. Oriol Bartomeus es director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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