La titular de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Cangas do Morrazo ha citado a declarar en calidad de investigado al actual concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cangas, Antón Iglesias (BNG), dentro de la investigación abierta por el supuesto pago del rescate exigido tras el ciberataque que sufrió el consistorio hace más de tres años. Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la causa se sigue por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En la investigación también figura como investigado el responsable de la empresa informática que trabajó para el Ayuntamiento tras el ataque. La investigación judicial tiene su origen en una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Pontevedra en octubre de 2024, después de apreciar indicios de posibles irregularidades relacionadas con el pago de un rescate cercano a los 200.000 euros para recuperar la información municipal cifrada por los atacantes. En un primer momento, el Ministerio Público también había apreciado indicios de delitos de daños informáticos y coacciones. La actuación de la Fiscalía se produjo tras una denuncia presentada por el Partido Popular sobre la gestión del ciberataque, que paralizó buena parte de la actividad municipal. Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando el Ayuntamiento de Cangas sufrió un ataque informático mediante un programa de tipo ransomware, que bloqueó el acceso a numerosos archivos municipales. Semanas después, ya con el nuevo gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), el consistorio adjudicó por algo más de 5.000 euros un contrato de asistencia técnica para evaluar el alcance del ataque, aunque ese trabajo no permitió recuperar la información. Posteriormente, el Ayuntamiento volvió a contratar a la misma empresa para realizar una auditoría de descifrado y recuperación de los archivos afectados. Gracias a esos trabajos se logró recuperar gran parte de la información cifrada. Sin embargo, según sostiene la investigación, la empresa reconoció posteriormente en un informe que había negociado con los autores del ciberataque y que había abonado el rescate exigido en bitcoins para obtener las claves de descifrado de los archivos. La jueza trata ahora de determinar si la contratación de esos servicios y el supuesto pago del rescate se ajustaron a la legalidad y si pudo existir un uso irregular de fondos públicos. Aunque Antón Iglesias ocupa actualmente la Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, las fuentes judiciales precisan que en el momento de los hechos no estaba al frente de ese departamento. La instrucción continúa abierta a la espera de la práctica de nuevas diligencias y de la declaración de los investigados.
Está citado como investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación en una causa en la que también figura el responsable de la empresa informática contratada
La titular de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Cangas do Morrazo ha citado a declarar en calidad de investigado al actual concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cangas, Antón Iglesias (BNG), dentro de la investigación abierta por el supuesto pago del rescate exigido tras el ciberataque que sufrió el consistorio hace más de tres años.Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la causa se sigue por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En la investigación también figura como investigado el responsable de la empresa informática que trabajó para el Ayuntamiento tras el ataque.La investigación judicial tiene su origen en una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Pontevedra en octubre de 2024, después de apreciar indicios de posibles irregularidades relacionadas con el pago de un rescate cercano a los 200.000 euros para recuperar la información municipal cifrada por los atacantes. En un primer momento, el Ministerio Público también había apreciado indicios de delitos de daños informáticos y coacciones.La actuación de la Fiscalía se produjo tras una denuncia presentada por el Partido Popular sobre la gestión del ciberataque, que paralizó buena parte de la actividad municipal.Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando el Ayuntamiento de Cangas sufrió un ataque informático mediante un programa de tipo ransomware, que bloqueó el acceso a numerosos archivos municipales. Semanas después, ya con el nuevo gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), el consistorio adjudicó por algo más de 5.000 euros un contrato de asistencia técnica para evaluar el alcance del ataque, aunque ese trabajo no permitió recuperar la información.Posteriormente, el Ayuntamiento volvió a contratar a la misma empresa para realizar una auditoría de descifrado y recuperación de los archivos afectados. Gracias a esos trabajos se logró recuperar gran parte de la información cifrada.Sin embargo, según sostiene la investigación, la empresa reconoció posteriormente en un informe que había negociado con los autores del ciberataque y que había abonado el rescate exigido en bitcoins para obtener las claves de descifrado de los archivos.La jueza trata ahora de determinar si la contratación de esos servicios y el supuesto pago del rescate se ajustaron a la legalidad y si pudo existir un uso irregular de fondos públicos. Aunque Antón Iglesias ocupa actualmente la Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, las fuentes judiciales precisan que en el momento de los hechos no estaba al frente de ese departamento.La instrucción continúa abierta a la espera de la práctica de nuevas diligencias y de la declaración de los investigados.
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