La legislatura de Salvador Illa ha estado marcada por numerosas carpetas: la crisis educativa, los problemas de Rodalies, la peste porcina, la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el Hard Rock, los presupuestos o la vivienda. Sin embargo, hay una cuestión que ha tenido un peso político muy superior al resto: la reforma de la financiación autonómica y el camino hacia una «financiación singular para Cataluña».. Fue una de las principales bazas negociadoras de ERC para investir a Illa y también ha vuelto a aparecer en las negociaciones presupuestarias. Para los republicanos, el acuerdo de financiación era la gran contrapartida de haber permitido al PSC recuperar la Generalitat. Para Illa, en cambio, suponía un compromiso que no dependía exclusivamente de él ni de su Govern, sino del Gobierno de Pedro Sánchez.. El Ejecutivo socialista ha sido durante años reticente a cualquier fórmula que pudiera interpretarse como un trato privilegiado a Cataluña por el riesgo de generar rechazo en otros territorios, como así ha sido, incluso entre sus comunidades. Finalmente, sin embargo, PSOE y ERC alcanzaron un acuerdo para reformar el sistema y avanzar hacia un modelo que pretende ser el primer paso para incorporar elementos singulares para Cataluña. Este viernes, el primer gran salto adelante se produjo con la aprobación de la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).. El nuevo modelo contempla unos 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña durante el primer año, además de respetar el principio de ordinalidad. La reforma aumenta la capacidad tributaria de las comunidades, establece mecanismos de nivelación y añade una aportación del Estado de unos 21.000 millones para el conjunto del sistema. También incorpora elementos relacionados con el turismo, la despoblación o la masa forestal.. La consellera de Economía, Alícia Romero, ha celebrado el acuerdo y ha defendido que supone una mejora para el conjunto de territorios y una oportunidad que Cataluña no había tenido en los últimos 14 años. Pero el Govern todavía no puede dar por ganada la batalla y, por lo tanto, ese acuerdo sobre el cual Illa llegó a la Generalitat, todavía no está culminado.. La verdadera prueba llega ahora al Congreso. Superado el trámite autonómico en el CPFF, la reforma inicia un recorrido legislativo que puede prolongarse durante los próximos meses. Hacienda prevé redactar el anteproyecto de ley orgánica en unos 10 o 12 días para llevarlo posteriormente al Consejo de Ministros. Después llegará al Congreso, donde afrontará su primera gran prueba: el debate a la totalidad.. Y ahí aparece Junts. Los de Carles Puigdemont ya han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad para intentar tumbar la propuesta. Su argumento es que el nuevo modelo no supone una verdadera financiación singular, sino que mantiene el «café para todos» y está muy lejos del concierto económico que reclama Junts y que, a su modo de ver, ERC vendió al principio.. El planteamiento coloca a Illa, al PSOE y a ERC ante un escenario incómodo. ERC necesita que salga adelante para poder presentar como un éxito el pacto que permitió investir a Illa, mientras el PSC necesita cumplir uno de los grandes compromisos de la legislatura. Pero para hacerlo posible, el Gobierno necesita convencer a Junts.. Los juntaires, además, afrontan su propio dilema. Rechazar una reforma que supondría 4.700 millones adicionales para Cataluña puede tener un coste político ante su electorado. Por eso han situado el concierto económico como condición: sostienen que el modelo pactado por PSOE y ERC es insuficiente y que Cataluña debe disponer de un sistema propio que permita que el dinero recaudado en la comunidad permanezca en ella.. La pugna tiene también una evidente dimensión partidista. Junts no quiere regalar a ERC una de sus principales conquistas políticas, especialmente en plena disputa por el liderazgo del independentismo. Los republicanos, de hecho, tampoco consideran que el texto sea perfecto. Oriol Junqueras lo ha calificado de «insuficiente», aunque «infinitamente mejor» que el actual.. El Govern intenta ahora convencer a Junts de que utilice la tramitación parlamentaria para introducir mejoras en lugar de bloquear la reforma. Romero sostiene que el concierto económico no cuenta con apoyos suficientes en el Congreso y apuesta por aprovechar el nuevo modelo para negociar cuestiones como el coste de la vida en Cataluña o una mayor capacidad de recaudación del IRPF.. Además, la aprobación de la reforma general no cerraría completamente la cuestión catalana. Si supera el Congreso, todavía quedaría por negociar bilateralmente con el Estado el desarrollo de las singularidades de Cataluña, como la financiación de competencias no homogéneas o la capacidad normativa y de gestión sobre los impuestos.. El objetivo del Govern es que todo el proceso culmine antes de acabar 2026 para que el nuevo sistema pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Pero antes habrá que superar el Congreso. Illa ha conseguido que el pacto que le llevó a la Generalitat avance hasta el CPFF. Ahora necesita que Junts no lo haga descarrilar en Madrid. La carpeta que más ha condicionado su legislatura está llegando, finalmente, a su momento decisivo.
La reforma prevé 4.700 millones adicionales para Cataluña, pero los de Puigdemont anuncian una enmienda a la totalidad para reclamar un concierto económico
La legislatura de Salvador Illa ha estado marcada por numerosas carpetas: la crisis educativa, los problemas de Rodalies, la peste porcina, la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el Hard Rock, los presupuestos o la vivienda. Sin embargo, hay una cuestión que ha tenido un peso político muy superior al resto: la reforma de la financiación autonómica y el camino hacia una «financiación singular para Cataluña».. Fue una de las principales bazas negociadoras de ERC para investir a Illa y también ha vuelto a aparecer en las negociaciones presupuestarias. Para los republicanos, el acuerdo de financiación era la gran contrapartida de haber permitido al PSC recuperar la Generalitat. Para Illa, en cambio, suponía un compromiso que no dependía exclusivamente de él ni de su Govern, sino del Gobierno de Pedro Sánchez.. El Ejecutivo socialista ha sido durante años reticente a cualquier fórmula que pudiera interpretarse como un trato privilegiado a Cataluña por el riesgo de generar rechazo en otros territorios, como así ha sido, incluso entre sus comunidades. Finalmente, sin embargo, PSOE y ERC alcanzaron un acuerdo para reformar el sistema y avanzar hacia un modelo que pretende ser el primer paso para incorporar elementos singulares para Cataluña. Este viernes, el primer gran salto adelante se produjo con la aprobación de la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).. El nuevo modelo contempla unos 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña durante el primer año, además de respetar el principio de ordinalidad. La reforma aumenta la capacidad tributaria de las comunidades, establece mecanismos de nivelación y añade una aportación del Estado de unos 21.000 millones para el conjunto del sistema. También incorpora elementos relacionados con el turismo, la despoblación o la masa forestal.. La consellera de Economía, Alícia Romero, ha celebrado el acuerdo y ha defendido que supone una mejora para el conjunto de territorios y una oportunidad que Cataluña no había tenido en los últimos 14 años. Pero el Govern todavía no puede dar por ganada la batalla y, por lo tanto, ese acuerdo sobre el cual Illa llegó a la Generalitat, todavía no está culminado.. La verdadera prueba llega ahora al Congreso. Superado el trámite autonómico en el CPFF, la reforma inicia un recorrido legislativo que puede prolongarse durante los próximos meses. Hacienda prevé redactar el anteproyecto de ley orgánica en unos 10 o 12 días para llevarlo posteriormente al Consejo de Ministros. Después llegará al Congreso, donde afrontará su primera gran prueba: el debate a la totalidad.. Y ahí aparece Junts. Los de Carles Puigdemont ya han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad para intentar tumbar la propuesta. Su argumento es que el nuevo modelo no supone una verdadera financiación singular, sino que mantiene el «café para todos» y está muy lejos del concierto económico que reclama Junts y que, a su modo de ver, ERC vendió al principio.. El planteamiento coloca a Illa, al PSOE y a ERC ante un escenario incómodo. ERC necesita que salga adelante para poder presentar como un éxito el pacto que permitió investir a Illa, mientras el PSC necesita cumplir uno de los grandes compromisos de la legislatura. Pero para hacerlo posible, el Gobierno necesita convencer a Junts.. Los juntaires, además, afrontan su propio dilema. Rechazar una reforma que supondría 4.700 millones adicionales para Cataluña puede tener un coste político ante su electorado. Por eso han situado el concierto económico como condición: sostienen que el modelo pactado por PSOE y ERC es insuficiente y que Cataluña debe disponer de un sistema propio que permita que el dinero recaudado en la comunidad permanezca en ella.. La pugna tiene también una evidente dimensión partidista. Junts no quiere regalar a ERC una de sus principales conquistas políticas, especialmente en plena disputa por el liderazgo del independentismo. Los republicanos, de hecho, tampoco consideran que el texto sea perfecto. Oriol Junqueras lo ha calificado de «insuficiente», aunque «infinitamente mejor» que el actual.. El Govern intenta ahora convencer a Junts de que utilice la tramitación parlamentaria para introducir mejoras en lugar de bloquear la reforma. Romero sostiene que el concierto económico no cuenta con apoyos suficientes en el Congreso y apuesta por aprovechar el nuevo modelo para negociar cuestiones como el coste de la vida en Cataluña o una mayor capacidad de recaudación del IRPF.. Además, la aprobación de la reforma general no cerraría completamente la cuestión catalana. Si supera el Congreso, todavía quedaría por negociar bilateralmente con el Estado el desarrollo de las singularidades de Cataluña, como la financiación de competencias no homogéneas o la capacidad normativa y de gestión sobre los impuestos.. El objetivo del Govern es que todo el proceso culmine antes de acabar 2026 para que el nuevo sistema pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Pero antes habrá que superar el Congreso. Illa ha conseguido que el pacto que le llevó a la Generalitat avance hasta el CPFF. Ahora necesita que Junts no lo haga descarrilar en Madrid. La carpeta que más ha condicionado su legislatura está llegando, finalmente, a su momento decisivo.
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