El nuevo modelo de financiación autonómica afronta ahora su momento decisivo en el Congreso después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) diera luz verde el pasado viernes al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC en el marco del pacto que permitió la investidura de Salvador Illa. Los republicanos y el ejecutivo catalán han situado ahora el foco sobre Junts, cuyo voto será determinante durante la tramitación parlamentaria y que, por el momento, mantiene su rechazo al texto y su apuesta por un concierto económico para Cataluña.. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha elevado este lunes la presión sobre los de Carles Puigdemont y ha calificado de «surrealista e incomprensible» que Junts se oponga al nuevo modelo y pueda acabar votando junto al PP y Vox en el Congreso. «Esto no va de que ERC se ponga una medalla. Si quieren medallas, se las damos todas. Esto va de que Cataluña tenga una financiación que pueda hacer avanzar al país», ha defendido.. Alamany ha planteado la decisión en términos económicos: Junts, ha señalado, deberá decidir si quiere que Cataluña tenga 4.700 millones de euros más o que ese dinero se lo quede el Gobierno. Esa es precisamente una de las principales bazas con las que ERC pretende defender el acuerdo: el nuevo sistema supondría, según el pacto, unos 4.700 millones de euros adicionales para la Generalitat ya en 2027, además de incorporar el principio de ordinalidad y una reducción significativa del déficit fiscal catalán.. La número dos de ERC ha insistido, además, en que los republicanos no han roto los puentes con Junts y que las conversaciones continúan abiertas. «No nos hemos cansado de establecer contactos, puentes, con Junts. No lo dejaremos de hacer», ha asegurado. El objetivo de los republicanos es que los de Puigdemont no tumben en Madrid un acuerdo que ERC considera un avance, aunque reconoce que el modelo todavía puede ser mejorado durante su tramitación parlamentaria.. Y ahí reside precisamente la principal incógnita. El acuerdo aprobado por el CPFF no es un concierto económico y tampoco incorpora todos los elementos de singularidad que inicialmente formaban parte de las expectativas generadas alrededor del pacto de investidura de Illa. Entre las cuestiones que han quedado pendientes figura, especialmente, el alcance de la capacidad de Cataluña para recaudar y gestionar los impuestos. ERC, sin embargo, defiende que el texto supone un salto adelante al garantizar más recursos, introducir la ordinalidad y reducir el déficit fiscal.. Junts mantiene una posición muy diferente. La formación ya ha dejado claro que mantiene su enmienda a la totalidad y que considera imprescindible avanzar hacia un concierto económico para Cataluña. Para los de Puigdemont, el modelo pactado por ERC con el PSOE se queda muy lejos de la reivindicación que los independentistas plantearon inicialmente y supone rebajar las exigencias con las que los republicanos presentaron el acuerdo de financiación como una de las grandes contrapartidas de la investidura de Illa.. El problema para el Gobierno y para ERC es que el texto deberá superar ahora la tramitación parlamentaria en el Congreso. Después de su aprobación por el Consejo de Ministros, la reforma llegará a la Cámara Baja, donde tendrá que superar primero el debate de totalidad y posteriormente el trámite de enmiendas. Es en ese recorrido donde el papel de Junts adquiere una importancia fundamental por la actual aritmética parlamentaria.. ERC intenta evitar que el desacuerdo entre los dos grandes partidos independentistas catalanes termine frustrando el nuevo modelo. Los republicanos sostienen que la reivindicación de un concierto económico puede ser legítima, pero consideran que rechazar ahora la reforma supondría renunciar a una mejora concreta de la financiación catalana. Alamany ha insistido así en que Cataluña no puede permitirse dejar pasar la oportunidad «porque alguien crea que es más importante dejarlo pasar y que alguien se cuelgue una medalla».. La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, también ha abierto la puerta a que las demandas de Junts puedan incorporarse durante la negociación parlamentaria. El Govern sostiene que todavía existe margen para introducir modificaciones mediante las enmiendas al proyecto y que la propuesta no constituye un punto final inamovible. ERC comparte esta posición y las negociaciones podrían centrarse en cuestiones como la recaudación de impuestos, el cálculo de la población ajustada, el coste de vida o la financiación de las políticas de normalización lingüística.. De este modo, el Govern y ERC intentan convertir la tramitación parlamentaria en una segunda oportunidad para ampliar el acuerdo. La estrategia pasa por trasladar a Junts que votar en contra del texto en su conjunto no es la única alternativa y que existe margen para negociar mejoras concretas. Sin embargo, la exigencia de un concierto económico constituye por ahora una línea roja para los de Puigdemont y no cuenta con el respaldo del PSOE ni de los principales grupos parlamentarios, por lo que difícilmente podría incorporarse en los términos que reclama Junts.
Los republicanos recuerdan que el nuevo modelo aportaría 4.700 millones adicionales a la Generalitat en 2027, mientras los de Puigdemont mantienen su enmienda a la totalidad y exigen un concierto económico
El nuevo modelo de financiación autonómica afronta ahora su momento decisivo en el Congreso después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) diera luz verde el pasado viernes al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC en el marco del pacto que permitió la investidura de Salvador Illa. Los republicanos y el ejecutivo catalán han situado ahora el foco sobre Junts, cuyo voto será determinante durante la tramitación parlamentaria y que, por el momento, mantiene su rechazo al texto y su apuesta por un concierto económico para Cataluña.. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha elevado este lunes la presión sobre los de Carles Puigdemont y ha calificado de «surrealista e incomprensible» que Junts se oponga al nuevo modelo y pueda acabar votando junto al PP y Vox en el Congreso. «Esto no va de que ERC se ponga una medalla. Si quieren medallas, se las damos todas. Esto va de que Cataluña tenga una financiación que pueda hacer avanzar al país», ha defendido.. Alamany ha planteado la decisión en términos económicos: Junts, ha señalado, deberá decidir si quiere que Cataluña tenga 4.700 millones de euros más o que ese dinero se lo quede el Gobierno. Esa es precisamente una de las principales bazas con las que ERC pretende defender el acuerdo: el nuevo sistema supondría, según el pacto, unos 4.700 millones de euros adicionales para la Generalitat ya en 2027, además de incorporar el principio de ordinalidad y una reducción significativa del déficit fiscal catalán.. La número dos de ERC ha insistido, además, en que los republicanos no han roto los puentes con Junts y que las conversaciones continúan abiertas. «No nos hemos cansado de establecer contactos, puentes, con Junts. No lo dejaremos de hacer», ha asegurado. El objetivo de los republicanos es que los de Puigdemont no tumben en Madrid un acuerdo que ERC considera un avance, aunque reconoce que el modelo todavía puede ser mejorado durante su tramitación parlamentaria.. Y ahí reside precisamente la principal incógnita. El acuerdo aprobado por el CPFF no es un concierto económico y tampoco incorpora todos los elementos de singularidad que inicialmente formaban parte de las expectativas generadas alrededor del pacto de investidura de Illa. Entre las cuestiones que han quedado pendientes figura, especialmente, el alcance de la capacidad de Cataluña para recaudar y gestionar los impuestos. ERC, sin embargo, defiende que el texto supone un salto adelante al garantizar más recursos, introducir la ordinalidad y reducir el déficit fiscal.. Junts mantiene una posición muy diferente. La formación ya ha dejado claro que mantiene su enmienda a la totalidad y que considera imprescindible avanzar hacia un concierto económico para Cataluña. Para los de Puigdemont, el modelo pactado por ERC con el PSOE se queda muy lejos de la reivindicación que los independentistas plantearon inicialmente y supone rebajar las exigencias con las que los republicanos presentaron el acuerdo de financiación como una de las grandes contrapartidas de la investidura de Illa.. El problema para el Gobierno y para ERC es que el texto deberá superar ahora la tramitación parlamentaria en el Congreso. Después de su aprobación por el Consejo de Ministros, la reforma llegará a la Cámara Baja, donde tendrá que superar primero el debate de totalidad y posteriormente el trámite de enmiendas. Es en ese recorrido donde el papel de Junts adquiere una importancia fundamental por la actual aritmética parlamentaria.. ERC intenta evitar que el desacuerdo entre los dos grandes partidos independentistas catalanes termine frustrando el nuevo modelo. Los republicanos sostienen que la reivindicación de un concierto económico puede ser legítima, pero consideran que rechazar ahora la reforma supondría renunciar a una mejora concreta de la financiación catalana. Alamany ha insistido así en que Cataluña no puede permitirse dejar pasar la oportunidad «porque alguien crea que es más importante dejarlo pasar y que alguien se cuelgue una medalla».. La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, también ha abierto la puerta a que las demandas de Junts puedan incorporarse durante la negociación parlamentaria. El Govern sostiene que todavía existe margen para introducir modificaciones mediante las enmiendas al proyecto y que la propuesta no constituye un punto final inamovible. ERC comparte esta posición y las negociaciones podrían centrarse en cuestiones como la recaudación de impuestos, el cálculo de la población ajustada, el coste de vida o la financiación de las políticas de normalización lingüística.. De este modo, el Govern y ERC intentan convertir la tramitación parlamentaria en una segunda oportunidad para ampliar el acuerdo. La estrategia pasa por trasladar a Junts que votar en contra del texto en su conjunto no es la única alternativa y que existe margen para negociar mejoras concretas. Sin embargo, la exigencia de un concierto económico constituye por ahora una línea roja para los de Puigdemont y no cuenta con el respaldo del PSOE ni de los principales grupos parlamentarios, por lo que difícilmente podría incorporarse en los términos que reclama Junts.
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