Cuando Salvador Illa llegó a la Generalitat tras ganar las elecciones catalanas, lo hizo con una idea clara: Cataluña debía dejar atrás definitivamente el procés y abrir una etapa de normalidad institucional, centralidad política y recuperación de la gestión cotidiana. Frente a una década marcada por el conflicto territorial, el nuevo president quiso presentarse como el dirigente de los servicios públicos, de la estabilidad y de una administración centrada en resolver problemas concretos.. Dos años después de aquella victoria electoral, el balance es contradictorio. Illa ha conseguido, en parte, restaurar la institucionalidad que prometía: ha recuperado la presencia de Cataluña en foros multilaterales, ha reactivado la agenda internacional de la Generalitat y ha tratado de proyectar una imagen de normalidad política tanto en Madrid como en Bruselas. A ello se suma una intensa actividad exterior para captar inversiones, con viajes a Asia, América y ahora California, donde busca reforzar la industria audiovisual catalana y estrechar lazos con Silicon Valley. Sin embargo, el relato de la gestión ha embarrancado en una sucesión de crisis que han puesto en cuestión precisamente aquello que debía convertirse en la gran bandera del Govern: la mejora de los servicios públicos.. Crisis. La principal sacudida llegó con Rodalies. El colapso recurrente de la red ferroviaria, agravado por un accidente mortal que evidenció graves déficits de mantenimiento, obligó al ejecutivo catalán a afrontar su mayor crisis política desde el inicio de la legislatura. El caos ferroviario dejó al descubierto una infraestructura profundamente deteriorada, incapaz no solo de garantizar puntualidad, sino también seguridad. Govern, Ministerio de Transportes, Renfe y Adif reaccionaron con un plan de choque e inversiones millonarias para revertir años de abandono, pero el daño político ya estaba hecho: la imagen de un Govern incapaz de controlar una de las principales preocupaciones ciudadanas había calado.. Cuando Rodalies comenzaba a dejar de monopolizar la agenda política, otro frente se abrió en la educación. Miles de profesores han salido a la calle en huelga para denunciar falta de personal, exceso de burocracia, ratios elevadas y salarios insuficientes. Pero el conflicto ha ido mucho más allá de las reivindicaciones laborales. El malestar se disparó después de que el Govern impulsara un plan piloto para introducir mossos en centros educativos con el objetivo de prevenir episodios de violencia juvenil y, sobre todo, tras descubrirse la infiltración de agentes de paisano en una asamblea docente.. La paradoja para Illa es que, pese a las dificultades, el Govern no ha dejado de intentar construir una agenda propia. El president ha impulsado un plan para ampliar el parque público de vivienda con 50.000 pisos, ha tratado de reforzar el sistema de dependencia y ha puesto el foco en la reorganización sanitaria y laboral, además de haber reducido sustancialmente los delitos. Pero esas iniciativas han quedado a menudo eclipsadas por una sensación creciente de improvisación y desgaste.. La oposición y los propios socios de investidura han sabido explotar esa fragilidad. La líder parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach, ha llegado a definir al Govern como “débil” y “sobrepasado”, incapaz de cerrar conflictos sin rectificaciones. Incluso ERC, socio imprescindible de la legislatura, admite en privado y públicamente errores de gestión y sostiene que el Ejecutivo socialista se ha generado crisis que podría haber evitado.. ERC sostiene a Illa. Y, aun así, Esquerra se ha convertido en el principal sostén político de Salvador Illa. El president gobierna en minoría y depende de ERC y Comuns para sobrevivir parlamentariamente. La retirada de los presupuestos en marzo, para evitar una derrota en el Parlament, evidenció hasta qué punto la estabilidad del Govern pendía de un hilo. Pero también dejó otra conclusión: ni el PSC ni ERC parecían dispuestos a romper definitivamente.. Desde entonces, ambas formaciones han rebajado posiciones y acelerado discretamente las negociaciones hasta dejar prácticamente encarrilado un acuerdo para los presupuestos de 2026. Los republicanos han reducido sus exigencias iniciales —especialmente sobre la recaudación íntegra del IRPF— y el pacto se orienta ahora hacia compromisos más concretos, como un tren orbital que conecte la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona, una sociedad para blindar inversiones estatales y el traspaso de nuevas competencias a la Generalitat. El acuerdo, además, pretende incorporar mecanismos de garantía política. Una comisión bilateral Estado-Generalitat serviría para ratificar los compromisos y evitar que ERC vuelva a encontrarse, como ocurrió en anteriores pactos, con promesas diluidas o aplazadas indefinidamente.. Esquerra parece haber llegado a otra conclusión: sostener a los socialistas es hoy su única estrategia viable para mantener influencia política e institucional. Tras las importantes pérdidas electorales sufridas en municipales, generales y catalanas, los republicanos han conservado buena parte de su poder gracias a sus pactos con el PSC tanto en Cataluña como en Madrid.. De hecho, el intercambio de papeles resulta evidente. Durante la pasada legislatura fue Salvador Illa quien sostuvo desde la oposición al Govern de Pere Aragonès; ahora es Oriol Junqueras quien se ha convertido en el comodín imprescindible del PSC. La paradoja alcanza niveles máximos cuando ERC exige públicamente responsabilidades al Govern por la infiltración policial o critica la gestión educativa mientras, en paralelo, negocia con optimismo las cuentas que podrían garantizar la estabilidad del ejecutivo hasta el final de la legislatura.. Así, ERC celebrará este lunes un Consell Nacional para decidir si apoyan las cuentas de Illa y, de ese modo, salvarle al presidente una legislatura llena de crisis de gestión. Illa conseguirá las primeras cuentas catalanas en tres años y, sobre todo, un balón de oxígeno político imprescindible para intentar agotar el mandato. Probablemente serán también las únicas de toda la legislatura, condicionada ya por el ciclo electoral de 2027 y 2028.
Dos años después de ganar las elecciones, el Govern socialista encara problemas de gestión en educación, seguridad y transporte mientras está a punto de aprobar sus primeros presupuestos
Cuando Salvador Illa llegó a la Generalitat tras ganar las elecciones catalanas, lo hizo con una idea clara: Cataluña debía dejar atrás definitivamente el procés y abrir una etapa de normalidad institucional, centralidad política y recuperación de la gestión cotidiana. Frente a una década marcada por el conflicto territorial, el nuevo president quiso presentarse como el dirigente de los servicios públicos, de la estabilidad y de una administración centrada en resolver problemas concretos.. Dos años después de aquella victoria electoral, el balance es contradictorio. Illa ha conseguido, en parte, restaurar la institucionalidad que prometía: ha recuperado la presencia de Cataluña en foros multilaterales, ha reactivado la agenda internacional de la Generalitat y ha tratado de proyectar una imagen de normalidad política tanto en Madrid como en Bruselas. A ello se suma una intensa actividad exterior para captar inversiones, con viajes a Asia, América y ahora California, donde busca reforzar la industria audiovisual catalana y estrechar lazos con Silicon Valley. Sin embargo, el relato de la gestión ha embarrancado en una sucesión de crisis que han puesto en cuestión precisamente aquello que debía convertirse en la gran bandera del Govern: la mejora de los servicios públicos.. Crisis. La principal sacudida llegó con Rodalies. El colapso recurrente de la red ferroviaria, agravado por un accidente mortal que evidenció graves déficits de mantenimiento, obligó al ejecutivo catalán a afrontar su mayor crisis política desde el inicio de la legislatura. El caos ferroviario dejó al descubierto una infraestructura profundamente deteriorada, incapaz no solo de garantizar puntualidad, sino también seguridad. Govern, Ministerio de Transportes, Renfe y Adif reaccionaron con un plan de choque e inversiones millonarias para revertir años de abandono, pero el daño político ya estaba hecho: la imagen de un Govern incapaz de controlar una de las principales preocupaciones ciudadanas había calado.. Cuando Rodalies comenzaba a dejar de monopolizar la agenda política, otro frente se abrió en la educación. Miles de profesores han salido a la calle en huelga para denunciar falta de personal, exceso de burocracia, ratios elevadas y salarios insuficientes. Pero el conflicto ha ido mucho más allá de las reivindicaciones laborales. El malestar se disparó después de que el Govern impulsara un plan piloto para introducir mossos en centros educativos con el objetivo de prevenir episodios de violencia juvenil y, sobre todo, tras descubrirse la infiltración de agentes de paisano en una asamblea docente.. La paradoja para Illa es que, pese a las dificultades, el Govern no ha dejado de intentar construir una agenda propia. El president ha impulsado un plan para ampliar el parque público de vivienda con 50.000 pisos, ha tratado de reforzar el sistema de dependencia y ha puesto el foco en la reorganización sanitaria y laboral, además de haber reducido sustancialmente los delitos. Pero esas iniciativas han quedado a menudo eclipsadas por una sensación creciente de improvisación y desgaste.. La oposición y los propios socios de investidura han sabido explotar esa fragilidad. La líder parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach, ha llegado a definir al Govern como “débil” y “sobrepasado”, incapaz de cerrar conflictos sin rectificaciones. Incluso ERC, socio imprescindible de la legislatura, admite en privado y públicamente errores de gestión y sostiene que el Ejecutivo socialista se ha generado crisis que podría haber evitado.. ERC sostiene a Illa. Y, aun así, Esquerra se ha convertido en el principal sostén político de Salvador Illa. El president gobierna en minoría y depende de ERC y Comuns para sobrevivir parlamentariamente. La retirada de los presupuestos en marzo, para evitar una derrota en el Parlament, evidenció hasta qué punto la estabilidad del Govern pendía de un hilo. Pero también dejó otra conclusión: ni el PSC ni ERC parecían dispuestos a romper definitivamente.. Desde entonces, ambas formaciones han rebajado posiciones y acelerado discretamente las negociaciones hasta dejar prácticamente encarrilado un acuerdo para los presupuestos de 2026. Los republicanos han reducido sus exigencias iniciales —especialmente sobre la recaudación íntegra del IRPF— y el pacto se orienta ahora hacia compromisos más concretos, como un tren orbital que conecte la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona, una sociedad para blindar inversiones estatales y el traspaso de nuevas competencias a la Generalitat. El acuerdo, además, pretende incorporar mecanismos de garantía política. Una comisión bilateral Estado-Generalitat serviría para ratificar los compromisos y evitar que ERC vuelva a encontrarse, como ocurrió en anteriores pactos, con promesas diluidas o aplazadas indefinidamente.. Esquerra parece haber llegado a otra conclusión: sostener a los socialistas es hoy su única estrategia viable para mantener influencia política e institucional. Tras las importantes pérdidas electorales sufridas en municipales, generales y catalanas, los republicanos han conservado buena parte de su poder gracias a sus pactos con el PSC tanto en Cataluña como en Madrid.. De hecho, el intercambio de papeles resulta evidente. Durante la pasada legislatura fue Salvador Illa quien sostuvo desde la oposición al Govern de Pere Aragonès; ahora es Oriol Junqueras quien se ha convertido en el comodín imprescindible del PSC. La paradoja alcanza niveles máximos cuando ERC exige públicamente responsabilidades al Govern por la infiltración policial o critica la gestión educativa mientras, en paralelo, negocia con optimismo las cuentas que podrían garantizar la estabilidad del ejecutivo hasta el final de la legislatura.. Así, ERC celebrará este lunes un Consell Nacional para decidir si apoyan las cuentas de Illa y, de ese modo, salvarle al presidente una legislatura llena de crisis de gestión. Illa conseguirá las primeras cuentas catalanas en tres años y, sobre todo, un balón de oxígeno político imprescindible para intentar agotar el mandato. Probablemente serán también las únicas de toda la legislatura, condicionada ya por el ciclo electoral de 2027 y 2028.
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