El escándalo urbanístico de las Viviendas de Protección Pública, VPP, de la urbanización de Les Naus de la playa de San Juan, en Alicante, llega hoy a uno de sus días clave en la investigación judicial. Es el día en que comparece la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, que dimitió al conocerse que era adjudicataria de uno de los pisos, y la exdirectora general de Contratación Pública y actual jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino obtuvieron sendas viviendas.. A Gómez, que dimitió a raíz de destaparse el asunto, y Pérez-Hickman se les preguntará en calidad de investigadas. También comparecen el arquitecto municipal, Francisco Nieto, y el promotor de la cooperativa de Les Naus de la Playa de San Juan, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi.. Funcionario que daba los visados. Además de las dos altos cargos municipales, en la jornada de hoy también prestará declaración el funcionario de la Dirección Territorial de Vivienda, que depende de la Conselleria, que daba los vistos buenos a los expedientes de las viviendas, Roberto Palencia. Palencia fue beneficiario de una de las viviendas, aunque la obtuvo su pareja, y no él directamente. Se da la circunstancia que su pareja es también arquitecto municipal.. El escándalo urbanístico de la promoción de pisos de Les Naus, que ha supuesto un auténtico terremoto en la opinión pública de Alicante, es también noticia por la negativa de algunos de los citados a declarar a comparecer tanto ante la juez como en la comisión de investigación municipal; un órgano creado expresamente para arrojar luz sobre el proceso por el que se concedieron las viviendas.. De hecho, el viernes 8 de mayo, estaban citados por la juez tres funcionarios municipales en calidad de testigos, quienes no se presentaron. A esos funcionarios se les volvió a citar, esta vez a través de la Policía, y han acudido hoy a los juzgados de Benalúa.. Se trata de la jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de Gestión Patrimonial, Pablo Torregrosa y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura.. Además de la causa judicial, la investigación sobre las viviendas de protección pública se lleva a cabo también en la citada comisión municipal y en Les Corts.. El propio alcalde, Luis Barcala, se refiere al asunto como «escándalo» y en el pleno extraordinario del 5 de febrero, de carácter monográfico sobre las VPP, se comprometió a llegar hasta el final para saber qué ocurrió.
Comparecen también en calidad de testigos los tres funcionarios municipales que no se presentaron el 8 de mayo ante la juez
El escándalo urbanístico de las Viviendas de Protección Pública, VPP, de la urbanización de Les Naus de la playa de San Juan, en Alicante, llega hoy a uno de sus días clave en la investigación judicial. Es el día en que comparece la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, que dimitió al conocerse que era adjudicataria de uno de los pisos, y la exdirectora general de Contratación Pública y actual jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino obtuvieron sendas viviendas.. A Gómez, que dimitió a raíz de destaparse el asunto, y Pérez-Hickman se les preguntará en calidad de investigadas. También comparecen el arquitecto municipal, Francisco Nieto, y el promotor de la cooperativa de Les Naus de la Playa de San Juan, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi.. Funcionario que daba los visados. Además de las dos altos cargos municipales, en la jornada de hoy también prestará declaración el funcionario de la Dirección Territorial de Vivienda, que depende de la Conselleria, que daba los vistos buenos a los expedientes de las viviendas, Roberto Palencia. Palencia fue beneficiario de una de las viviendas, aunque la obtuvo su pareja, y no él directamente. Se da la circunstancia que su pareja es también arquitecto municipal.. El escándalo urbanístico de la promoción de pisos de Les Naus, que ha supuesto un auténtico terremoto en la opinión pública de Alicante, es también noticia por la negativa de algunos de los citados a declarar a comparecer tanto ante la juez como en la comisión de investigación municipal; un órgano creado expresamente para arrojar luz sobre el proceso por el que se concedieron las viviendas.. De hecho, el viernes 8 de mayo, estaban citados por la juez tres funcionarios municipales en calidad de testigos, quienes no se presentaron. A esos funcionarios se les volvió a citar, esta vez a través de la Policía, y han acudido hoy a los juzgados de Benalúa.. Se trata de la jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de Gestión Patrimonial, Pablo Torregrosa y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura.. Además de la causa judicial, la investigación sobre las viviendas de protección pública se lleva a cabo también en la citada comisión municipal y en Les Corts.. El propio alcalde, Luis Barcala, se refiere al asunto como «escándalo» y en el pleno extraordinario del 5 de febrero, de carácter monográfico sobre las VPP, se comprometió a llegar hasta el final para saber qué ocurrió.
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