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  Sociedad  Es oficial: multas de hasta 500.000 euros para bares y restaurantes por incumplir la nueva ley
Sociedad

Es oficial: multas de hasta 500.000 euros para bares y restaurantes por incumplir la nueva ley

5 de mayo de 2026
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La nueva Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario introduce cambios relevantes en el sector de la hostelería y la distribución. Entre las principales medidas, obliga a bares, restaurantes y supermercados a ofrecer a sus clientes —si lo solicitan— un envase para llevarse los restos de comida sin ningún coste adicional. Aunque la norma entró en vigor en 2025, su aplicación práctica se ha hecho efectiva desde el pasado mes de abril.. Objetivo: reducir el desperdicio alimentario. La ley incluye otras iniciativas destinadas a disminuir de forma significativa el desperdicio de alimentos. En concreto, se fija como meta reducir hasta un 50% los residuos alimentarios per cápita en el ámbito de la venta minorista y el consumo, así como rebajar en un 20% las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción y suministro de cara al año 2030.. Para lograrlo, los agentes que participan en la cadena alimentaria deben contar con un plan que “jerarquice las prioridades alimentarias”. Este documento debe contemplar medidas como la donación de alimentos no consumidos, su uso para alimentación animal, el envío a instalaciones de compostaje o su aprovechamiento mediante procesos de transformación.. No obstante, la normativa no se aplica por igual a todos los negocios. Quedan fuera de estas obligaciones concretas las microempresas con menos de 10 trabajadores, las explotaciones agrarias con menos de 50 empleados y aquellas actividades que se desarrollen en establecimientos de hasta 1.300 metros cuadrados. Aun así, todos los actores implicados deben cumplir con las medidas generales de prevención y reducción del desperdicio.. Sanciones económicas y críticas del sector. El incumplimiento de la ley puede acarrear sanciones económicas. Las infracciones leves, como no aplicar el plan de jerarquía o no informar a los clientes de la posibilidad de llevarse las sobras, pueden suponer multas de alrededor de 2.000 euros.. En casos más graves, como no disponer de un plan de prevención o no donar los excedentes mediante acuerdos, las sanciones pueden alcanzar los 60.000 euros. Si se trata de infracciones muy graves, especialmente por acumulación o reiteración, las multas podrían llegar hasta los 500.000 euros.. Algunos profesionales del sector han mostrado su desacuerdo con determinadas medidas. Entre ellos, el hostelero y creador de contenido Abraham Galera ha criticado la obligación de ofrecer envases gratuitos a los clientes. “Imagino que entonces el gobierno nos facilitará cada mes 1.000 tupperwares gratis para los clientes que se quieran llevar la comida, porque si no, no lo entiendo”, afirma.. Además, cuestiona el sentido de la norma, señalando que hasta ahora algunos establecimientos ya ofrecían este servicio de forma gratuita, mientras que otros lo cobraban entre 20 y 40 céntimos sin generar polémica.. Más allá de las críticas, los datos de la Unión Europea reflejan la magnitud del problema: en España, cada persona desperdicia de media 28 kilos de alimentos al año, una cifra que evidencia la necesidad de adoptar medidas para reducir esta tendencia.

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Aunque la norma entró en vigor en 2025, su aplicación práctica se ha hecho efectiva desde el pasado mes de abril

  

La nueva Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario introduce cambios relevantes en el sector de la hostelería y la distribución. Entre las principales medidas, obliga a bares, restaurantes y supermercados a ofrecer a sus clientes —si lo solicitan— un envase para llevarse los restos de comida sin ningún coste adicional. Aunque la norma entró en vigor en 2025, su aplicación práctica se ha hecho efectiva desde el pasado mes de abril.. Objetivo: reducir el desperdicio alimentario. La ley incluye otras iniciativas destinadas a disminuir de forma significativa el desperdicio de alimentos. En concreto, se fija como meta reducir hasta un 50% los residuos alimentarios per cápita en el ámbito de la venta minorista y el consumo, así como rebajar en un 20% las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción y suministro de cara al año 2030.. Para lograrlo, los agentes que participan en la cadena alimentaria deben contar con un plan que “jerarquice las prioridades alimentarias”. Este documento debe contemplar medidas como la donación de alimentos no consumidos, su uso para alimentación animal, el envío a instalaciones de compostaje o su aprovechamiento mediante procesos de transformación.. No obstante, la normativa no se aplica por igual a todos los negocios. Quedan fuera de estas obligaciones concretas las microempresas con menos de 10 trabajadores, las explotaciones agrarias con menos de 50 empleados y aquellas actividades que se desarrollen en establecimientos de hasta1.300 metros cuadrados. Aun así, todos los actores implicados deben cumplir con las medidas generales de prevención y reducción del desperdicio.. Sanciones económicas y críticas del sector. El incumplimiento de la ley puede acarrear sanciones económicas. Las infracciones leves, como no aplicar el plan de jerarquía o no informar a los clientes de la posibilidad de llevarse las sobras, pueden suponer multas de alrededor de 2.000 euros.. En casos más graves, como no disponer de un plan de prevención o no donar los excedentes mediante acuerdos, las sanciones pueden alcanzar los 60.000 euros. Si se trata de infracciones muy graves, especialmente por acumulación o reiteración, las multas podrían llegar hasta los 500.000 euros.. Algunos profesionales del sector han mostrado su desacuerdo con determinadas medidas. Entre ellos, el hostelero y creador de contenido Abraham Galera ha criticado la obligación de ofrecer envases gratuitos a los clientes. “Imagino que entonces el gobierno nos facilitará cada mes 1.000 tupperwares gratis para los clientes que se quieran llevar la comida, porque si no, no lo entiendo”, afirma.. Además, cuestiona el sentido de la norma, señalando que hasta ahora algunos establecimientos ya ofrecían este servicio de forma gratuita, mientras que otros lo cobraban entre 20 y 40 céntimos sin generar polémica.. Más allá de las críticas, los datos de la Unión Europea reflejan la magnitud del problema: en España, cada persona desperdicia de media 28 kilos de alimentos al año, una cifra que evidencia la necesidad de adoptar medidas para reducir esta tendencia.

 

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