Las principales asociaciones españolas del sector del medicamento y la cosmética han lanzado un mensaje conjunto de advertencia ante la futura transposición de la Directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas. Aunque comparten plenamente el objetivo ambiental de la norma, consideran que el sistema de responsabilidad ampliada del productor diseñado por Bruselas es «desproporcionado», «metodológicamente débil» y contrario al principio de «quien contamina paga». La posición llega en un momento clave ya que el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de cerrar la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley que adaptará la Directiva (UE) 2024/3019 al ordenamiento español. El comunicado, firmado por Aelmhu, Aeseg, Anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y Stanpa, se suma a un clima europeo de creciente contestación. En marzo del año pasado, tal como publicó LA RAZÓN, la patronal farmacéutica europea anunció su intención de recurrir la Directiva ante el Tribunal General de la UE al considerar «arbitraria» e «intrínsecamente injusta» la decisión de responsabilizar únicamente a las industrias farmacéutica y cosmética de los costes del tratamiento cuaternario de las aguas residuales urbanas. Polonia ha presentado también un recurso y el Tribunal Superior de Irlanda ha planteado una cuestión prejudicial sobre la validez del modelo. El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó el 18 de junio de 2025 una moción en la que pide a la Comisión un nuevo estudio independiente antes de finales de 2026 para identificar correctamente las sustancias microcontaminantes y verificar los costes reales del tratamiento cuaternario. En este contexto, las asociaciones españolas encargaron a PwC un informe técnico y jurídico para analizar el alcance de la Directiva y los costes que comporta. Según el análisis, el sistema de responsabilidad ampliada del productor se apoya en una premisa que consideran errónea: que los medicamentos de uso humano y los cosméticos serían los principales responsables de la carga tóxica en las aguas residuales urbanas. A su juicio, la evidencia disponible no sostiene esa conclusión. Señalan limitaciones metodológicas relevantes, ausencia de datos completos, modelos sesgados y dificultades para acreditar un vínculo causal suficiente. Como resultado, denuncian que se han excluido sustancias y sectores igualmente contaminantes, generando un reparto de responsabilidades que consideran injustificado. Impacto económico difícil de anticipar La incertidumbre regulatoria y económica es otro de los puntos críticos. Los costes estimados del tratamiento cuaternario en España oscilan entre 134 y 346 millones de euros al año en proyecciones a 20 años, lo que supondría entre 2.680 y 6.920 millones en total. Un rango tan amplio, explican, evidencia la falta de definición de las zonas de riesgo y las diferencias metodológicas entre estudios de impacto. Además, los criterios de exención de sus
Exigen al Gobierno una transposición prudente de la norma ante las dudas jurídicas y los costes desproporcionados que se les demanda
Las principales asociaciones españolas del sector del medicamento y la cosmética han lanzado un mensaje conjunto de advertencia ante la futura transposición de la Directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas. Aunque comparten plenamente el objetivo ambiental de la norma, consideran que el sistema de responsabilidad ampliada del productor diseñado por Bruselas es «desproporcionado», «metodológicamente débil» y contrario al principio de «quien contamina paga». La posición llega en un momento clave ya que el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de cerrar la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley que adaptará la Directiva (UE) 2024/3019 al ordenamiento español.El comunicado, firmado por Aelmhu, Aeseg, Anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y Stanpa, se suma a un clima europeo de creciente contestación. En marzo del año pasado, tal como publicó LA RAZÓN, la patronal farmacéutica europea anunció su intención de recurrir la Directiva ante el Tribunal General de la UE al considerar «arbitraria» e «intrínsecamente injusta» la decisión de responsabilizar únicamente a las industrias farmacéutica y cosmética de los costes del tratamiento cuaternario de las aguas residuales urbanas. Polonia ha presentado también un recurso y el Tribunal Superior de Irlanda ha planteado una cuestión prejudicial sobre la validez del modelo. El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó el 18 de junio de 2025 una moción en la que pide a la Comisión un nuevo estudio independiente antes de finales de 2026 para identificar correctamente las sustancias microcontaminantes y verificar los costes reales del tratamiento cuaternario.En este contexto, las asociaciones españolas encargaron a PwC un informe técnico y jurídico para analizar el alcance de la Directiva y los costes que comporta. Según el análisis, el sistema de responsabilidad ampliada del productor se apoya en una premisa que consideran errónea: que los medicamentos de uso humano y los cosméticos serían los principales responsables de la carga tóxica en las aguas residuales urbanas. A su juicio, la evidencia disponible no sostiene esa conclusión. Señalan limitaciones metodológicas relevantes, ausencia de datos completos, modelos sesgados y dificultades para acreditar un vínculo causal suficiente. Como resultado, denuncian que se han excluido sustancias y sectores igualmente contaminantes, generando un reparto de responsabilidades que consideran injustificado.Impacto económico difícil de anticiparLa incertidumbre regulatoria y económica es otro de los puntos críticos. Los costes estimados del tratamiento cuaternario en España oscilan entre 134 y 346 millones de euros al año en proyecciones a 20 años, lo que supondría entre 2.680 y 6.920 millones en total. Un rango tan amplio, explican, evidencia la falta de definición de las zonas de riesgo y las diferencias metodológicas entre estudios de impacto. Además, los criterios de exención de sustanci
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