El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ley que prioriza la gestión pública de los servicios sanitarios y limita la privada a casos estrictamente excepcionales, que deberán estar objetivamente motivados y acreditar que esta fórmula es sostenible y eficiente.. Esta medida llevaba meses sobre la mesa, ya que el pasado febrero dio luz verde al anteproyecto de ley que, además de poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, pretende reforzar el control del gasto de los centros públicos que están gestionados por compañías privadas, en un claro ataque al modelo sanitario de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. También es curioso que tras permanecer estos meses «parada», la ley salga adelante a tan solo cinco días de las elecciones andaluzas.. En este sentido, la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha cuestionado la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), y ha recordado que el Ministerio de Mónica García, que está al cargo de las competencias sanitarias en Ceuta y Melilla, está externalizando servicios en estas ciudades autónomas.. En declaraciones a los medios en la clausura de la II Jornada Sermas Cuidados, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que a García «le ha salido el tiro por la culata» con este proyecto de ley, que fue aprobado en segunda vuelta. «Son sus socios de gobierno los que no van a aprobar esta ley, que además no tendría retroactividad con el modelo sanitario de éxito que tenemos en la Comunidad de Madrid», destacó, informa Ep.. Además, recordó que la ministra a través de Ingesa, está «externalizando todo» en Ceuta y Melilla «no por dar una mejor atención, sino porque no tiene capacidad». Y puso como ejemplo «la última externalización que hizo de cribados o de la atención psiquiátrica, con 75.000 pacientes que tienen que ir a la Península a tratarse, cinco al día».. Tras superar su segunda vuelta por el Consejo, el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud iniciará ahora su andadura parlamentaria para que el Gobierno pueda «blindar» la sanidad pública y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del sistema sanitario.. «El objetivo es blindar la sanidad pública exigiendo evaluaciones estrictas para cualquier colaboración privada garantizando la calidad y la equidad en todos los centros del sistema nacional de salud», destacó en rueda de prensa la portavoz de Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informa Efe.. Mediante el texto aprobado este martes se deroga la conocida como ley 15/97, que abrió la puerta a la entrada de grandes grupos en los centros públicos como Quirón o Ribera Salud, que se exportó después a otros hospitales como el de Torrejón de Ardoz (Madrid), recientemente epicentro de una polémica por los audios de su CEO en los que reconocía derivar a los pacientes menos rentables.. En este punto hay que destacar que dicha norma, que ahora pretenden derogar, fue aprobada en el año 1997 en el Congreso de los Diputados bajo el primer gobierno de José María Aznar, aunque salió adelante gracias al apoyo del PSOE, y de otros partidos como PNV, CiU y CC.. En su exposición de motivos, el proyecto argumenta que la evidencia científica muestra que la gestión pública ofrece una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, además de garantizar un mayor control y transparencia del gasto público.. De esta forma, la gestión indirecta de los servicios sanitarios tendrá un carácter estrictamente excepcional: para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.. Para ello, se establecen varios mecanismos de control: el primero, la exigencia de una evaluación previa. De este modo se crearán órganos con expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil. Dichos órganos elaborarán un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley, algo que la administración deberá tener en cuenta antes de decidir.. Según Sanidad, esta proliferación de modelos privados ha derivado en fragmentación, déficit de transparencia y menor capacidad de control institucional, unos modelos que, además, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.. El proyecto establece también que sea obligatorio hacer un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria.
El desembarco de grupos privados se produjo gracias a los votos socialistas en 1997
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ley que prioriza la gestión pública de los servicios sanitarios y limita la privada a casos estrictamente excepcionales, que deberán estar objetivamente motivados y acreditar que esta fórmula es sostenible y eficiente.. Esta medida llevaba meses sobre la mesa, ya que el pasado febrero dio luz verde al anteproyecto de ley que, además de poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, pretende reforzar el control del gasto de los centros públicos que están gestionados por compañías privadas, en un claro ataque al modelo sanitario de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. También es curioso que tras permanecer estos meses «parada», la ley salga adelante a tan solo cinco días de las elecciones andaluzas.. En este sentido, la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha cuestionado la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), y ha recordado que el Ministerio de Mónica García, que está al cargo de las competencias sanitarias en Ceuta y Melilla, está externalizando servicios en estas ciudades autónomas.. En declaraciones a los medios en la clausura de la II Jornada Sermas Cuidados, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que a García «le ha salido el tiro por la culata» con este proyecto de ley, que fue aprobado en segunda vuelta. «Son sus socios de gobierno los que no van a aprobar esta ley, que además no tendría retroactividad con el modelo sanitario de éxito que tenemos en la Comunidad de Madrid», destacó, informa Ep.. Además, recordó que la ministra a través de Ingesa, está «externalizando todo» en Ceuta y Melilla «no por dar una mejor atención, sino porque no tiene capacidad». Y puso como ejemplo «la última externalización que hizo de cribados o de la atención psiquiátrica, con 75.000 pacientes que tienen que ir a la Península a tratarse, cinco al día».. Tras superar su segunda vuelta por el Consejo, el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud iniciará ahora su andadura parlamentaria para que el Gobierno pueda «blindar» la sanidad pública y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del sistema sanitario.. «El objetivo es blindar la sanidad pública exigiendo evaluaciones estrictas para cualquier colaboración privada garantizando la calidad y la equidad en todos los centros del sistema nacional de salud», destacó en rueda de prensa la portavoz de Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informa Efe.. Mediante el texto aprobado este martes se deroga la conocida como ley 15/97, que abrió la puerta a la entrada de grandes grupos en los centros públicos como Quirón o Ribera Salud, que se exportó después a otros hospitales como el de Torrejón de Ardoz (Madrid), recientemente epicentro de una polémica por los audios de su CEO en los que reconocía derivar a los pacientes menos rentables.. En este punto hay que destacar que dicha norma, que ahora pretenden derogar, fue aprobada en el año 1997 en el Congreso de los Diputados bajo el primer gobierno de José María Aznar, aunque salió adelante gracias al apoyo del PSOE, y de otros partidos como PNV, CiU y CC.. En su exposición de motivos, el proyecto argumenta que la evidencia científica muestra que la gestión pública ofrece una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, además de garantizar un mayor control y transparencia del gasto público.. De esta forma, la gestión indirecta de los servicios sanitarios tendrá un carácter estrictamente excepcional: para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.. Para ello, se establecen varios mecanismos de control: el primero, la exigencia de una evaluación previa. De este modo se crearán órganos con expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil. Dichos órganos elaborarán un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley, algo que la administración deberá tener en cuenta antes de decidir.. Según Sanidad, esta proliferación de modelos privados ha derivado en fragmentación, déficit de transparencia y menor capacidad de control institucional, unos modelos que, además, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.. El proyecto establece también que sea obligatorio hacer un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria.
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