El Gobierno de España ha señalado que el diseño de un plan de recuperación integral para el litoral onubense exige una «plena cooperación multinivel» por su «compleja dinámica» y apunta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha reforzado los contactos con los ayuntamientos afectados, «reafirmando su compromiso», aunque «resulta crucial el papel de la Junta de Andalucía» en sus competencias de ordenación del territorio y otorgamiento de concesiones. Así lo ha indicado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta escrita del PP al Congreso de los Diputados sobre las soluciones «eficaces y duraderas» previstas para frenar la erosión y «proteger» la primera línea de costa en las playas de la provincia de Huelva.. Al respecto, el Gobierno explica que la costa onubense presenta un carácter «marcadamente regresivo» debido a «unas elevadas tasas de transporte litoral de sedimentos» que «no son compensadas por las fuentes naturales de alimentación». En este sentido, señala que, dada la «inviabilidad» de revertir esta dinámica, la gestión se centra en «paliar sus efectos» mediante ingeniería de costas, principalmente a través de la regeneración con aportes masivos de arena o la construcción de diques y espigones, «asumiendo que estas infraestructuras rígidas pueden distorsionar el transporte litoral», toda vez que apunta que este escenario se ve «agravado» por el cambio climático, que «reduce la disponibilidad de arena y complica progresivamente la implementación de medidas correctoras».. En este punto, indica que la actuación del Gobierno en este ámbito competencial se rige por «diversos instrumentos» de planificación estratégica como la Estrategia de Protección de la Costa de Huelva, que se elaboró en 2013, y que supone un documento «base» que «diagnosticó los problemas erosivos y planteó alternativas de corrección». Su vigencia se mantiene como «guía de diseño» para las actuaciones en el litoral, «complementada por la necesaria profundización en las problemáticas locales y enmarcada en la normativa nacional e internacional». De otro lado, señala que, en 2017, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar aprobó la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española y, como continuación, y con financiación de la Comisión Europea, en 2023 se publicó el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa considerando los efectos del Cambio Climático con el objetivo de «garantizar un enfoque coherente y armonizado» a nivel nacional en la gestión costera, bajo las competencias del Miteco.. El marco se completa con la modificación de 2013 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la Estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea (2021), la Ley Europea del Clima y la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. En este contexto, el Gobierno detalla que el Ministerio para la Transición Ecológica ha prestado «especial atención» a la evolución del litoral onubense mediante «medidas específicas» como las realizadas en Mataslascañas que ha sufrido un «deterioro severo» en su sector oriental y que «cuenta actualmente con una actuación en ejecución para corregir dicha situación, sin perjuicio de futuras intervenciones».. Asimismo, indica que en materia de protección litoral se promueven actuaciones –aportes de arena, retención de sedimentos, restauración dunar– donde «el componente ambiental y la adaptación al cambio climático son imperativos». Al respecto, señala que en Matalascañas, desde finales de 2025 se ejecuta una obra de seis millones de euros para la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena de dragado y el recrecido de nueve espigones, con finalización prevista «antes del verano de 2026».. Por otra parte, subraya que la playa de El Portil presenta una problemática «compleja» condicionada por el canal de navegación del río Piedras y la «presión urbanística», factores que «interfieren en el basculamiento interestacional natural de la playa». Por ello, apunta que «se trabaja en el diseño de soluciones correctoras», aunque «se prevé que la dinámica erosiva disminuya pronto conforme avance el crecimiento de la flecha de El Rompido». En El Portil, remarca el Ejecutivo, se han realizado «múltiples aportaciones» en su zona de Punta Umbría –35.889 metros cúbicos en 2018 y 3.645 metros cúbicos en 2020– y en la de Cartaya, con 12.000 metros cúbicos en 2018) y una actuación conjunta de 6.000 metros cúbicos en 2019, mientras que en Ayamonte «se ejecutaron redistribuciones de arena en 2018 y 2020».. Cuestionado por el grupo popular por la evaluación técnica actualizada sobre el estado del litoral de la provincia tras los últimos temporales, el Gobierno ha señalado que los mayores daños se han producido en el paseo de Matalascañas –colindante con el dominio público estatal, pero de titularidad municipal– y que, «de acuerdo con la legislación vigente, los daños provocados por las borrascas en infraestructuras públicas y privadas deberán ser atendidos por sus titulares».. De la misma manera, ha indicado que otros daños destacables se dan en los «denominados chiringuitos o en redes municipales», de forma que «de la reparación de los daños sobre estos bienes, según la legislación vigente, deben responden los autorizados y/o concesionarios –particulares o ayuntamientos–«. De hecho, subraya, en los informes que emite respecto a las concesiones y autorizaciones que otorga la Junta de Andalucía «se recoge expresamente que la conservación y el mantenimiento de lo autorizado/concedido es por cuenta del titular de la respectiva autorización o concesión», así como que se encuentra en «zona potencialmente inundable por la propia naturaleza de su ubicación». Entre estas concesiones se encuentran incluso viviendas construidas antes de la Ley de Costas de 1988.. Por todo ello, el Gobierno remarca que el diseño de un plan de recuperación integral exige una «plena cooperación multinivel» y que la planificación se enfrenta a la «compleja dinámica» del litoral onubense, caracterizada por «transportes de sedimentos superiores a 300.000 metros cúbicos/año en la costa oriental y 200.000 en la occidental, carreras de marea de cuatro metros y exposición a temporales del sur y sudoeste», destacando que «estos factores dificultan la predicción evolutiva a largo plazo». Finalmente, el Gobierno remarca que la implementación de medidas requiere «plazos extensos, condicionados por la necesidad de estudios técnicos rigurosos, la tramitación de evaluaciones de impacto ambiental completas y los procesos de participación pública obligatorios».
Reclama la colaboración de la Junta y los ayuntamientos para abordar los trabajos
El Gobierno de España ha señalado que el diseño de un plan de recuperación integral para el litoral onubense exige una «plena cooperación multinivel» por su «compleja dinámica» y apunta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha reforzado los contactos con los ayuntamientos afectados, «reafirmando su compromiso», aunque «resulta crucial el papel de la Junta de Andalucía» en sus competencias de ordenación del territorio y otorgamiento de concesiones. Así lo ha indicado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta escrita del PP al Congreso de los Diputados sobre las soluciones «eficaces y duraderas» previstas para frenar la erosión y «proteger» la primera línea de costa en las playas de la provincia de Huelva.. Al respecto, el Gobierno explica que la costa onubense presenta un carácter «marcadamente regresivo» debido a «unas elevadas tasas de transporte litoral de sedimentos» que «no son compensadas por las fuentes naturales de alimentación». En este sentido, señala que, dada la «inviabilidad» de revertir esta dinámica, la gestión se centra en «paliar sus efectos» mediante ingeniería de costas, principalmente a través de la regeneración con aportes masivos de arena o la construcción de diques y espigones, «asumiendo que estas infraestructuras rígidas pueden distorsionar el transporte litoral», toda vez que apunta que este escenario se ve «agravado» por el cambio climático, que «reduce la disponibilidad de arena y complica progresivamente la implementación de medidas correctoras».. En este punto, indica que la actuación del Gobierno en este ámbito competencial se rige por «diversos instrumentos» de planificación estratégica como la Estrategia de Protección de la Costa de Huelva, que se elaboró en 2013, y que supone un documento «base» que «diagnosticó los problemas erosivos y planteó alternativas de corrección». Su vigencia se mantiene como «guía de diseño» para las actuaciones en el litoral, «complementada por la necesaria profundización en las problemáticas locales y enmarcada en la normativa nacional e internacional». De otro lado, señala que, en 2017, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar aprobó la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española y, como continuación, y con financiación de la Comisión Europea, en 2023 se publicó el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa considerando los efectos del Cambio Climático con el objetivo de «garantizar un enfoque coherente y armonizado» a nivel nacional en la gestión costera, bajo las competencias del Miteco.. El marco se completa con la modificación de 2013 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la Estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea (2021), la Ley Europea del Clima y la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. En este contexto, el Gobierno detalla que el Ministerio para la Transición Ecológica ha prestado «especial atención» a la evolución del litoral onubense mediante «medidas específicas» como las realizadas en Mataslascañas que ha sufrido un «deterioro severo» en su sector oriental y que «cuenta actualmente con una actuación en ejecución para corregir dicha situación, sin perjuicio de futuras intervenciones».. Asimismo, indica que en materia de protección litoral se promueven actuaciones –aportes de arena, retención de sedimentos, restauración dunar– donde «el componente ambiental y la adaptación al cambio climático son imperativos». Al respecto, señala que en Matalascañas, desde finales de 2025 se ejecuta una obra de seis millones de euros para la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena de dragado y el recrecido de nueve espigones, con finalización prevista «antes del verano de 2026».. Por otra parte, subraya que la playa de El Portil presenta una problemática «compleja» condicionada por el canal de navegación del río Piedras y la «presión urbanística», factores que «interfieren en el basculamiento interestacional natural de la playa». Por ello, apunta que «se trabaja en el diseño de soluciones correctoras», aunque «se prevé que la dinámica erosiva disminuya pronto conforme avance el crecimiento de la flecha de El Rompido». En El Portil, remarca el Ejecutivo, se han realizado «múltiples aportaciones» en su zona de Punta Umbría –35.889 metros cúbicos en 2018 y 3.645 metros cúbicos en 2020– y en la de Cartaya, con 12.000 metros cúbicos en 2018) y una actuación conjunta de 6.000 metros cúbicos en 2019, mientras que en Ayamonte «se ejecutaron redistribuciones de arena en 2018 y 2020».. Cuestionado por el grupo popular por la evaluación técnica actualizada sobre el estado del litoral de la provincia tras los últimos temporales, el Gobierno ha señalado que los mayores daños se han producido en el paseo de Matalascañas –colindante con el dominio público estatal, pero de titularidad municipal– y que, «de acuerdo con la legislación vigente, los daños provocados por las borrascas en infraestructuras públicas y privadas deberán ser atendidos por sus titulares».. De la misma manera, ha indicado que otros daños destacables se dan en los «denominados chiringuitos o en redes municipales», de forma que «de la reparación de los daños sobre estos bienes, según la legislación vigente, deben responden los autorizados y/o concesionarios –particulares o ayuntamientos–«. De hecho, subraya, en los informes que emite respecto a las concesiones y autorizaciones que otorga la Junta de Andalucía «se recoge expresamente que la conservación y el mantenimiento de lo autorizado/concedido es por cuenta del titular de la respectiva autorización o concesión», así como que se encuentra en «zona potencialmente inundable por la propia naturaleza de su ubicación». Entre estas concesiones se encuentran incluso viviendas construidas antes de la Ley de Costas de 1988.. Por todo ello, el Gobierno remarca que el diseño de un plan de recuperación integral exige una «plena cooperación multinivel» y que la planificación se enfrenta a la «compleja dinámica» del litoral onubense, caracterizada por «transportes de sedimentos superiores a 300.000 metros cúbicos/año en la costa oriental y 200.000 en la occidental, carreras de marea de cuatro metros y exposición a temporales del sur y sudoeste», destacando que «estos factores dificultan la predicción evolutiva a largo plazo». Finalmente, el Gobierno remarca que la implementación de medidas requiere «plazos extensos, condicionados por la necesidad de estudios técnicos rigurosos, la tramitación de evaluaciones de impacto ambiental completas y los procesos de participación pública obligatorios».
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