Colombia ha decidido que si los toros tienen que morir, lo harán entre restricciones, controles y advertencias públicas. La Ley 2385 de 2024, bautizada por los medios como «No más olé», no solo fija el final legal de las corridas para julio de 2027. Va más allá: establece un periodo de transición tan limitado y fiscalizado que lo convierte, de facto, en una prohibición anticipada.. Según el borrador del decreto presentado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en este tiempo, el país permite festejos taurinos, pero no en cualquier parte ni en cualquier forma. Solo se podrán autorizar eventos en municipios donde se acredite una tradición ininterrumpida desde 2010. Si hubo un solo año sin toros, se acabó la posibilidad de organizarlos. No basta con que haya afición ni argumentos simbólicos: la constancia es el único aval permitido.. Las alcaldías, además, tienen expresamente prohibido financiar o promocionar los festejos. En su lugar, se les ordena organizar campañas educativas para divulgar el contenido de la ley y advertir que los toros, según la normativa vigente, son una forma de “tortura y maltrato animal”. La narrativa ya no es neutral: el Estado colombiano ha elegido una postura frontal y no la esconde.. Los organizadores deberán destinar el 25% del material promocional a explicar que estos espectáculos están condenados a desaparecer. Las plazas se convierten así en un espacio de exhibición bajo vigilancia, donde cada cartel es también un anuncio del fin. El mensaje está claro: los toros están permitidos… pero solo porque aún no ha llegado su hora.. Otra medida clave es la prohibición total del ingreso de menores de 18 años a los festejos. Ni como público, ni como actuantes. No habrá aprendizajes ni iniciaciones en la lidia. Y en cuanto a los animales, el decreto impone la presencia obligatoria de un equipo veterinario que podrá interrumpir cualquier faena si detecta signos de lesiones graves o conductas anómalas. El toro que sufra debe ser retirado inmediatamente del ruedo.. El tratamiento a los animales también cambia fuera del ruedo. Está prohibido el uso de descargas eléctricas o elementos punzantes durante el transporte o manejo del ganado, y las condiciones de alojamiento, alimentación e higiene deberán ser escrupulosas. El espectáculo taurino, antes ritualizado, se convierte ahora en un acto supervisado desde la ciencia del «bienestar animal».. Las tientas —clave para la selección genética en las ganaderías— también se ven afectadas. Solo se podrán realizar en fincas registradas ante el ICA, con reses mayores de 24 meses y con fines estrictamente técnicos. No podrán tener público, ni convocatorias masivas, ni convertirse en eventos sociales encubiertos. El carácter íntimo y funcional será obligatorio.. El texto del decreto también establece que las autoridades locales podrán cancelar un evento en cualquier momento si se detectan irregularidades, incluso si ya ha comenzado. La presencia de veedurías ciudadanas, coordinadas bajo reglas estrictas, refuerza esta vigilancia con carácter preventivo y documental. Cada festejo, por tanto, será observado y evaluado en tiempo real.. No es una moratoria simbólica, ni una espera pasiva. El Gobierno colombiano ha optado por una transición activa, con normativas diseñadas no para respetar los festejos, sino para conducirlos hacia su extinción con control quirúrgico. Más que una despedida pactada, parece un cerco progresivo, una asfixia regulatoria.. Con este enfoque, Colombia entraría en una nueva etapa: no prohíbe de golpe, pero tampoco concede margen para la continuidad del espectáculo. La expresión cultural taurina, reconocida durante décadas, se transforma en una excepción monitorizada hasta su desaparición legal. No habrá olé en 2028. Pero si este borrador es aprobado y sancionado, cada muleta que se despliega lo hace bajo la sombra de un final inevitable.
El país latinoamericano pone fecha de caducidad a los festejos taurinos y pretende regular con mano firme cada detalle antes de su desaparición
Colombia ha decidido que si los toros tienen que morir, lo harán entre restricciones, controles y advertencias públicas. La Ley 2385 de 2024, bautizada por los medios como «No más olé», no solo fija el final legal de las corridas para julio de 2027. Va más allá: establece un periodo de transición tan limitado y fiscalizado que lo convierte, de facto, en una prohibición anticipada.. Según el borrador del decreto presentado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en este tiempo, el país permite festejos taurinos, pero no en cualquier parte ni en cualquier forma. Solo se podrán autorizar eventos en municipios donde se acredite una tradición ininterrumpida desde 2010. Si hubo un solo año sin toros, se acabó la posibilidad de organizarlos. No basta con que haya afición ni argumentos simbólicos: la constancia es el único aval permitido.. Las alcaldías, además, tienen expresamente prohibido financiar o promocionar los festejos. En su lugar, se les ordena organizar campañas educativas para divulgar el contenido de la ley y advertir que los toros, según la normativa vigente, son una forma de “tortura y maltrato animal”. La narrativa ya no es neutral: el Estado colombiano ha elegido una postura frontal y no la esconde.. Los organizadores deberán destinar el 25% del material promocional a explicar que estos espectáculos están condenados a desaparecer. Las plazas se convierten así en un espacio de exhibición bajo vigilancia, donde cada cartel es también un anuncio del fin. El mensaje está claro: los toros están permitidos… pero solo porque aún no ha llegado su hora.. Otra medida clave es la prohibición total del ingreso de menores de 18 años a los festejos. Ni como público, ni como actuantes. No habrá aprendizajes ni iniciaciones en la lidia. Y en cuanto a los animales, el decreto impone la presencia obligatoria de un equipo veterinario que podrá interrumpir cualquier faena si detecta signos de lesiones graves o conductas anómalas. El toro que sufra debe ser retirado inmediatamente del ruedo.. El tratamiento a los animales también cambia fuera del ruedo. Está prohibido el uso de descargas eléctricas o elementos punzantes durante el transporte o manejo del ganado, y las condiciones de alojamiento, alimentación e higiene deberán ser escrupulosas. El espectáculo taurino, antes ritualizado, se convierte ahora en un acto supervisado desde la ciencia del «bienestar animal».. Las tientas —clave para la selección genética en las ganaderías— también se ven afectadas. Solo se podrán realizar en fincas registradas ante el ICA, con reses mayores de 24 meses y con fines estrictamente técnicos. No podrán tener público, ni convocatorias masivas, ni convertirse en eventos sociales encubiertos. El carácter íntimo y funcional será obligatorio.. El texto del decreto también establece que las autoridades locales podrán cancelar un evento en cualquier momento si se detectan irregularidades, incluso si ya ha comenzado. La presencia de veedurías ciudadanas, coordinadas bajo reglas estrictas, refuerza esta vigilancia con carácter preventivo y documental. Cada festejo, por tanto, será observado y evaluado en tiempo real.. No es una moratoria simbólica, ni una espera pasiva. El Gobierno colombiano ha optado por una transición activa, con normativas diseñadas no para respetar los festejos, sino para conducirlos hacia su extinción con control quirúrgico. Más que una despedida pactada, parece un cerco progresivo, una asfixia regulatoria.. Con este enfoque, Colombia entraría en una nueva etapa: no prohíbe de golpe, pero tampoco concede margen para la continuidad del espectáculo. La expresión cultural taurina, reconocida durante décadas, se transforma en una excepción monitorizada hasta su desaparición legal. No habrá olé en 2028. Pero si este borrador es aprobado y sancionado, cada muleta que se despliega lo hace bajo la sombra de un final inevitable.
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