La vida enseña, ¡vaya si enseña!, y una de las cosas más importantes que aprendí desde bien jovencita es a no dar explicaciones, que no conduce a nada y lo complica todo. Dar explicaciones es como intentar justificar algo de lo que estamos convencidos, por tanto es innecesario, sólo basta con que el planteamiento sea sólido y estemos seguros de lo que defendemos. Veamos si no el caso del juez Peinado: cuando una autoridad adopta una decisión, lo esencial es que esté sólidamente fundamentada en hechos acreditados y en normas jurídicas. Cuantas más explicaciones accesorias se añaden, mayor es el riesgo de introducir hipótesis, conjeturas o valoraciones que terminen debilitando la propia decisión. La experiencia demuestra que una resolución puede ser jurídicamente correcta y, sin embargo, verse cuestionada por argumentos complementarios que no eran imprescindibles para justificarla.. En esos casos, el debate deja de centrarse en la legalidad de la medida y pasa a concentrarse en las razones añadidas por quien la adopta. Lo que pretendía reforzar la decisión acaba convirtiéndose en su punto más vulnerable. Este problema resulta especialmente delicado cuando se alude a comportamientos futuros que no han ocurrido. La función de la justicia consiste en valorar riesgos reales y circunstancias objetivas, pero no en presentar como probables escenarios que carecen de una base suficientemente acreditada. Cuando una explicación se apoya en una hipótesis discutible, la atención pública se desplaza desde los hechos comprobados hacia las especulaciones.. Además, las explicaciones excesivas pueden generar una percepción de falta de imparcialidad. Un juez debe transmitir que sus decisiones responden exclusivamente a criterios jurídicos. Si introduce razonamientos que parecen apoyarse en intuiciones, sospechas o comparaciones controvertidas, corre el riesgo de alimentar dudas sobre la neutralidad de su actuación, aunque esa no haya sido su intención. En una sociedad democrática, la confianza en las instituciones depende en gran medida de la solidez de sus argumentos. La sobriedad suele fortalecer la autoridad, por eso la mejor argumentación no es la más extensa ni la más llamativa, sino la que se limita a lo necesario para justificar una decisión con rigor, objetividad y respeto.
Cuantas más se añaden, mayor es el riesgo de introducir hipótesis, conjeturas o valoraciones
La vida enseña, ¡vaya si enseña!, y una de las cosas más importantes que aprendí desde bien jovencita es a no dar explicaciones, que no conduce a nada y lo complica todo. Dar explicaciones es como intentar justificar algo de lo que estamos convencidos, por tanto es innecesario, sólo basta con que el planteamiento sea sólido y estemos seguros de lo que defendemos. Veamos si no el caso del juez Peinado: cuando una autoridad adopta una decisión, lo esencial es que esté sólidamente fundamentada en hechos acreditados y en normas jurídicas. Cuantas más explicaciones accesorias se añaden, mayor es el riesgo de introducir hipótesis, conjeturas o valoraciones que terminen debilitando la propia decisión. La experiencia demuestra que una resolución puede ser jurídicamente correcta y, sin embargo, verse cuestionada por argumentos complementarios que no eran imprescindibles para justificarla.. En esos casos, el debate deja de centrarse en la legalidad de la medida y pasa a concentrarse en las razones añadidas por quien la adopta. Lo que pretendía reforzar la decisión acaba convirtiéndose en su punto más vulnerable. Este problema resulta especialmente delicado cuando se alude a comportamientos futuros que no han ocurrido. La función de la justicia consiste en valorar riesgos reales y circunstancias objetivas, pero no en presentar como probables escenarios que carecen de una base suficientemente acreditada. Cuando una explicación se apoya en una hipótesis discutible, la atención pública se desplaza desde los hechos comprobados hacia las especulaciones.. Además, las explicaciones excesivas pueden generar una percepción de falta de imparcialidad. Un juez debe transmitir que sus decisiones responden exclusivamente a criterios jurídicos. Si introduce razonamientos que parecen apoyarse en intuiciones, sospechas o comparaciones controvertidas, corre el riesgo de alimentar dudas sobre la neutralidad de su actuación, aunque esa no haya sido su intención. En una sociedad democrática, la confianza en las instituciones depende en gran medida de la solidez de sus argumentos. La sobriedad suele fortalecer la autoridad, por eso la mejor argumentación no es la más extensa ni la más llamativa, sino la que se limita a lo necesario para justificar una decisión con rigor, objetividad y respeto.
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