Las sentencias emitidas en catalán en Cataluña representaron el 6,5 % del total en 2024, mientras que las demandas presentadas en catalán representaron un 5,7 % de las que se tramitaron el mismo año, situación que preocupa al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.. Estos datos del Departamento de Justicia forman parte de un estudio elaborado por Òmnium Cultural por un encargo del ICAB, cuya Comisión de Lengua celebró el pasado 12 de mayo la primera de las cuatro jornadas que componen el ciclo «Diálogos sobre el catalán en el Derecho», iniciativa con la que pretende generar «reflexión y debate» sobre el uso y la situación actual del catalán en el ámbito jurídico.. En este sentido, el informe sostiene que «parte de la legislación estatal contradice el Estatuto, sitúa el castellano como lengua por defecto y deja el uso del catalán condicionado, a menudo sometido a criterio del juez».. En una entrevista con EFE, el abogado y diputado responsable de la Comisión de Lengua Catalana del ICAB, Alexander Salvador, opina que los datos son «muy poco alentadores».. El uso del catalán «no se garantiza» en la Justicia. Precisamente, en el caso de las notificaciones judiciales, el uso del catalán también ha disminuido drásticamente: el 14,7 % de estas se pidieron en catalán en 2021, porcentaje que en 2024 bajó hasta situarse en el 7,4 %, es decir, la mitad.. Por otro lado, el estudio afirma que el derecho de opción lingüística «no se garantiza de forma efectiva» y que «las carencias» de competencia lingüística en la judicatura y en la Administración, junto con «determinadas actitudes», «obstaculizan y desincentivan» su uso oral y escrito.. Asimismo, remarca que la oferta de formación jurídica en catalán disminuye a medida que se avanza en la carrera de abogacía: «Faltan recursos, legislación consolidada y jurisprudencia en catalán, lo que limita la redacción y oralidad», añade.. Una situación «desoladora». Por su parte, Salvador hace hincapié en el bajo uso del catalán en los estudios de Derecho, sobre todo en los másteres y en universidades privadas, cuya situación es «totalmente desoladora», asegura Salvador, por lo que sugiere «garantizar que haya materiales en catalán para los estudiantes», ya que si se utiliza el catalán «desde el inicio», se adoptaría el hábito a lo largo de la vida profesional, destaca.. También apunta que «este problema persiste» cuando los estudiantes se adentran en el ámbito profesional, más aún teniendo en cuenta que en Cataluña hay «poca tradición opositora» y que los funcionarios de la Administración de otras comunidades autónomas que vienen a trabajar en los juzgados catalanes no conocen apenas la lengua o tienen un nivel de catalán «muy bajo».. De hecho, el informe concluye que una parte de ciudadanos y abogados evita el catalán en la Justicia «por miedo y prejuicios», a pesar de que es su lengua habitual fuera del ámbito jurídico: «Las malas experiencias y los incumplimientos cuando se elige el catalán refuerzan la idea de que no es lengua operativa por el mundo del derecho y alimentan su uso marginal», apunta.. Más concienciación. A pesar de que según el Estatuto de Autonomía «el catalán es la lengua propia y oficial de Cataluña y los ciudadanos tienen derecho a utilizarla sin discriminación, retrasos ni costes añadidos», por lo general, la Administración de Justicia no exige, según detalla el estudio, el catalán como requisito a la hora de adjudicar una plaza, sino que el conocimiento de la lengua se considera un mérito, según pone de relieve el estudio.. Además, la ley que regula el tribunal del jurado popular, de 1995, «no incluye ningún requisito de acreditar conocimiento suficiente y adecuado de la lengua propia para formar parte del tribunal del jurado cuando el juicio se lleva a cabo dentro de una comunidad autónoma con lengua propia oficial».. Ahora bien, la Ley Orgánica de Derecho de Defensa, aprobada por las Cortes Generales a finales de 2024, establece, en su Artículo 10.d, el derecho «a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma» en los procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, así como «a recibir en cualquiera de estas lenguas» las comunicaciones producidas.. Sin embargo, Salvador denuncia una situación que, en su opinión, requiere «concienciación» para poder mejorar.
Un informe sitúa «el castellano como lengua por defecto y deja el uso del catalán condicionado, a menudo sometido a criterio del juez»
Las sentencias emitidas en catalán en Cataluña representaron el 6,5 % del total en 2024, mientras que las demandas presentadas en catalán representaron un 5,7 % de las que se tramitaron el mismo año, situación que preocupa al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.. Estos datos del Departamento de Justicia forman parte de un estudio elaborado por Òmnium Cultural por un encargo del ICAB, cuya Comisión de Lengua celebró el pasado 12 de mayo la primera de las cuatro jornadas que componen el ciclo «Diálogos sobre el catalán en el Derecho», iniciativa con la que pretende generar «reflexión y debate» sobre el uso y la situación actual del catalán en el ámbito jurídico.. En este sentido, el informe sostiene que «parte de la legislación estatal contradice el Estatuto, sitúa el castellano como lengua por defecto y deja el uso del catalán condicionado, a menudo sometido a criterio del juez».. En una entrevista con EFE, el abogado y diputado responsable de la Comisión de Lengua Catalana del ICAB, Alexander Salvador, opina que los datos son «muy poco alentadores».. El uso del catalán «no se garantiza» en la Justicia. Precisamente, en el caso de las notificaciones judiciales, el uso del catalán también ha disminuido drásticamente: el 14,7 % de estas se pidieron en catalán en 2021, porcentaje que en 2024 bajó hasta situarse en el 7,4 %, es decir, la mitad.. Por otro lado, el estudio afirma que el derecho de opción lingüística «no se garantiza de forma efectiva» y que «las carencias» de competencia lingüística en la judicatura y en la Administración, junto con «determinadas actitudes», «obstaculizan y desincentivan» su uso oral y escrito.. Asimismo, remarca que la oferta de formación jurídica en catalán disminuye a medida que se avanza en la carrera de abogacía: «Faltan recursos, legislación consolidada y jurisprudencia en catalán, lo que limita la redacción y oralidad», añade.. Una situación «desoladora». Por su parte, Salvador hace hincapié en el bajo uso del catalán en los estudios de Derecho, sobre todo en los másteres y en universidades privadas, cuya situación es «totalmente desoladora», asegura Salvador, por lo que sugiere «garantizar que haya materiales en catalán para los estudiantes», ya que si se utiliza el catalán «desde el inicio», se adoptaría el hábito a lo largo de la vida profesional, destaca.. También apunta que «este problema persiste» cuando los estudiantes se adentran en el ámbito profesional, más aún teniendo en cuenta que en Cataluña hay «poca tradición opositora» y que los funcionarios de la Administración de otras comunidades autónomas que vienen a trabajar en los juzgados catalanes no conocen apenas la lengua o tienen un nivel de catalán «muy bajo».. De hecho, el informe concluye que una parte de ciudadanos y abogados evita el catalán en la Justicia «por miedo y prejuicios», a pesar de que es su lengua habitual fuera del ámbito jurídico: «Las malas experiencias y los incumplimientos cuando se elige el catalán refuerzan la idea de que no es lengua operativa por el mundo del derecho y alimentan su uso marginal», apunta.. Más concienciación. A pesar de que según el Estatuto de Autonomía «el catalán es la lengua propia y oficial de Cataluña y los ciudadanos tienen derecho a utilizarla sin discriminación, retrasos ni costes añadidos», por lo general, la Administración de Justicia no exige, según detalla el estudio, el catalán como requisito a la hora de adjudicar una plaza, sino que el conocimiento de la lengua se considera un mérito, según pone de relieve el estudio.. Además, la ley que regula el tribunal del jurado popular, de 1995, «no incluye ningún requisito de acreditar conocimiento suficiente y adecuado de la lengua propia para formar parte del tribunal del jurado cuando el juicio se lleva a cabo dentro de una comunidad autónoma con lengua propia oficial».. Ahora bien, la Ley Orgánica de Derecho de Defensa, aprobada por las Cortes Generales a finales de 2024, establece, en su Artículo 10.d, el derecho «a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma» en los procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, así como «a recibir en cualquiera de estas lenguas» las comunicaciones producidas.. Sin embargo, Salvador denuncia una situación que, en su opinión, requiere «concienciación» para poder mejorar.
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