El PP ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra diversos preceptos de la Ley de Medidas en Materia de Vivienda y Urbanismo de Catalunya, que señala «vulneración de derechos fundamentales, el exceso competencial y la quiebra de principios constitucionales básicos».. En un comunicado este viernes, el PP ha explicado que han llevado al TC el artículo 2.2 relativo al derecho a la protección de datos por la obligación impuesta a las administraciones de ceder datos y documentos de contratos de alquiler para tareas de inspección, y el relativo a la autonomía local (3.8) por imponer el uso predominante de viviendas en ciertos municipios a residencia habitual.. También los artículos 5.5 y 5.6 por invasión de competencias estatales en legislación civil, y los artículos 5.8, 5.9, 5.15 y 8.1 por vulneración del principio de irretroactividad porque la norma «pretende alargar la calificación de Viviendas de Protección Oficial y modificar sus precios de forma retroactiva».. El PP impugna también el artículo 5.9 por infracción de la reserva de la ley ante la posibilidad de que se fijen precios de venta y alquiler de VPO, y el 5.14 por «usurpación de funciones en ordenación de registros» con la creación de un registro de grandes tenedores.. Con este recurso, el PP solicita al TC «la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos impugnados para preservar el orden constitucional y la seguridad jurídica de los ciudadanos».
Se trata de la limitación de alquileres de temporada impulsada por los comuns, PSC, ERC y la CUP
El PP ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra diversos preceptos de la Ley de Medidas en Materia de Vivienda y Urbanismo de Catalunya, que señala «vulneración de derechos fundamentales, el exceso competencial y la quiebra de principios constitucionales básicos».. En un comunicado este viernes, el PP ha explicado que han llevado al TC el artículo 2.2 relativo al derecho a la protección de datos por la obligación impuesta a las administraciones de ceder datos y documentos de contratos de alquiler para tareas de inspección, y el relativo a la autonomía local (3.8) por imponer el uso predominante de viviendas en ciertos municipios a residencia habitual.. También los artículos 5.5 y 5.6 por invasión de competencias estatales en legislación civil, y los artículos 5.8, 5.9, 5.15 y 8.1 por vulneración del principio de irretroactividad porque la norma «pretende alargar la calificación de Viviendas de Protección Oficial y modificar sus precios de forma retroactiva».. El PP impugna también el artículo 5.9 por infracción de la reserva de la ley ante la posibilidad de que se fijen precios de venta y alquiler de VPO, y el 5.14 por «usurpación de funciones en ordenación de registros» con la creación de un registro de grandes tenedores.. Con este recurso, el PP solicita al TC «la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos impugnados para preservar el orden constitucional y la seguridad jurídica de los ciudadanos».
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